¿Por qué la “progresía española” odia al mundo rural?
El “Gobierno de Progreso” y sus medios afines están utilizando con el movimiento de agricultores/as -auténtico movimiento de defensa del mundo rural- la ya clásica estrategia que los gobiernos del bloque capitalista usan contra los movimientos sociales y políticos que no se pliegan a sus intereses y discursos: criminalizar, aislar socialmente y reprimir. En ocasiones lo hacen de forma escalonada, y en otras, simultaneando todas esas tácticas. A menudo con estas maniobras tienen éxito, pero a veces cosechan un rotundo fracaso, y en esta ocasión parece que será así.
Contra el movimiento de los agricultores/as se encuentran en la primera fase: “El movimiento de los agricultores responde a los intereses políticos de la extrema derecha”. Para demostrarlo, nos cuentan la hipotética vinculación de ciertos líderes de Vox con algunas de las plataformas impulsoras de la movilización. “Son fascistas”, ese es el mensaje. Obvian todos los datos objetivos que dan absoluta y plena legitimidad al movimiento de agricultores/as. Explicar mágicamente -y con criminalización incluida- aquello que no comprenden o no tenían previsto es la línea habitual frente a la aparición de fenómenos sociales significativos que no estaban en su rádar. Los/as comuneros/as tenemos unas cuantas experiencias en ese sentido, como por ejemplo el movimiento levantado contra el narcotráfico en el barrio de Pajarillos en Valladolid.
Los problemas que afectan al mundo rural, en especial a la agricultura y a la ganadería, podrían estructurarse de la siguiente manera.
Por un lado, está todo aquello condicionado por las desigualdades que genera la reglamentación puesta en marcha por la Unión Europea, que se aplica de forma estricta a los productores de la Unión, pero no a las importaciones agrícolas de países extracomunitarios, especialmente en todo lo referido al uso de abonos, pesticidas, etc. Es de gran importancia destacar el caso de Ucrania, país al que no solamente no afectan esas exigencias para la producción en el campo, sino que sus productos no tienen que pagar ningún tipo de tasa para incorporarse al mercado de la UE, lo que ha sido uno de los detonantes del malestar y de las movilizaciones de agricultores/as en el continente, sobre todo en los países limítrofes. Una reflexión similar se podría hacer con respecto a Marruecos. También cabe mencionar el aumento de la carga burocrática, característica generalizada que se va imponiendo en la vida cotidiana al conjunto de la sociedad.
Otro de los problemas que afecta a la agricultura, y por tanto al medio rural, es la llamada “protección del medio natural”. En base a argumentos carentes de rigor, se considera a los agricultores/as como los principales responsables del deterioro ecológico, cuando obviamente son quienes, junto a los ganaderos/as, sostienen la vida en el mundo rural.
Otra cuestión es todo lo derivado de la denominada Agenda 2030, que sintéticamente pretende cargarse la agricultura y ganadería tal como se conocía en las últimas décadas: se pretende completar la sustitución de la agricultura y ganadería de explotación familiar tradicional por una industrial en manos de multinacionales. Una de las expresiones de tal proceso es la invasión de tierras productivas por huertos solares y molinos para generar energía eólica. La Agenda 2030, con sus 17 puntos que reproducimos a continuación, esconde en lo relativo al medio rural una agenda al servicio de las multinacionales del negocio agroganadero.
Los 17 puntos de la Agenda 2030
1) Eliminación de la pobreza extrema; 2) Terminar con el hambre; 3) Asegurar vidas saludables; 4) Educación de calidad; 5) Igualdad de género; 6) Agua potable y saneamiento; 7) Energía sostenible; buenos trabajos y crecimiento económico; 8) Innovación e infraestructuras; 9) Reducir la inequidad; 10) Ciudades y comunidades sostenibles; 11) Consumo responsable; 12) Combatir el cambio climático; 13) Conservar los océanos; 14) Proteger los ecosistemas terrestres; 16) Paz y justicia; 17) Alianzas globales para las metas.
Por señalar simplemente la falta de aplicación práctica de estos compromisos, podríamos referirnos al brindis al sol de “terminar con el hambre”, cuando en Gaza hay cientos de miles de personas en proceso de muerte por inanición; similar cuestión podríamos decir de “la eliminación de la pobreza extrema”, mientras en el mundo bajo hegemonía capitalista la diferencia de ingresos y rentas entre las clases poseedoras y las trabajadoras es cada vez mayor; lo mismo en cuanto a la reivindicación de “paz y justicia”, teniendo en cuenta que Occidente alimenta la guerra que se desarrolla en Ucrania y no hace nada eficaz para detener la guerra del Estado sionista contra el pueblo palestino.
También se encuentra entre los problemas lo concerniente a la distribución de los alimentos: la parte mayoritaria del beneficio se está quedando en manos de los intermediarios, y no de los productores/as. Según un estudio de FACUA, los alimentos se encarecen hasta un 875% del campo al supermercado: según ese informe, de enero de 2024, el precio de los limones en origen se pagaba a 0’20 euros y la media de venta en los supermercados es de 1,79 euros, esto es, un 875% más. En el caso de la lenteja pardina, mientras el agricultor cobra a 0,76 euros el kilo, la venta en los establecimientos comerciales se realiza a 2,81 euros/kilo, lo que supone un 369% de incremento. La manzana fuji se encarece un 248%, desde los 0,73 €/kg en origen a los 2,54 €/kg en el super; la cebolla, un 326%, de los 0,46 euros a los 1,96; los garbanzos, del 0,79 al 2,43, un 207%. El estudio de FACUA se amplía a otros productos, pero estos datos son suficientemente elocuentes del problema existente con el beneficio de las distribuidoras, generalmente multinacionales.
¿Qué reivindican los agricultores/as en las tractoradas?
- Rebajar las exigencias de la nueva PAC agroambiental impuesta, «la cual nos reduce, drásticamente, las producciones y en algunos casos imposibles de llevar a cabo».
- Rebaja de la carga burocrática tras perder muchas jornadas de trabajo y más implicación del funcionariado.
- Derogación de la Agenda 2030.
- Compromiso de no reducir la rebaja de impuestos sobre el gasóleo agrícola. «Incluso implementación de alguna mejora, por los altos precios que tenemos».
- Derogación de la ley de bienestar animal.
- Derogación de las leyes ambientales y protección de especies, que atentan contra la agricultura, ganadería y zonas rurales.
- Cumplimiento de la ley de precios, donde el agricultor no sea obligado a vender a pérdidas.
- Exigencia de cumplimiento de control fitosanitario de la normativa Europea para todos los productos que entran de países extracomunitarios.
- Compromiso de una política de gestión del agua consecuente con las necesidades de cada territorio.
- Claridad en el etiquetado con los países de procedencia de los productos, y precio en origen y final.
- Imposición de aranceles a la entrada de productos extracomunitarios.
- Compromiso de investigación y desarrollo contra las prácticas de Geoingeniería Climática, que tanto perjudica al sector.
Entre este conjunto de reivindicaciones obviamente hay algunas que podrían formularse de mejor manera, pero para ser comprendidas deben contextualizarse en la situación de deterioro y asfixia, así como en la cerrazón absoluta de la “progresía urbanita” a negociar ninguna medida con el mundo rural en los últimos tiempos. La agricultura y la ganadería tienen legitimidad para impulsar un movimiento que demuestra una grandísima capacidad de lucha y organización, dejando atrás a las organizaciones profesionales tradicionales, que no están dando la talla ante las circunstancias actuales. Las movilizaciones que han comenzado la semana pasada en el Estado español están teniendo una gran repercusión en nuestra tierra, particularmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha, aunque también en Cantabria, La Rioja e incluso Madrid. No es casual, dada la importancia del sector agrario en Castilla.
Señalemos algunos datos para documentar algunas de estas reflexiones:
– España pierde más de medio millón de hectáreas de cultivo en diez años.
– España pierde 170.000 granjas en una década, pero produce 2 y 5 veces más cerdos y pollos (esto es una clara muestra de cómo se viene liquidando la ganadería familiar mientras se impulsa la industrial, habitualmente en manos de multinacionales).
Titulábamos este editorial “¿Por qué la progresía española odia al mundo rural?” Este fenómeno ocurre con particular fuerza en el Estado español, donde curiosamente -o quizás precisamente por ello- la urbanización fue especialmente tardía y los grandes movimientos migratorios del campo a la ciudad se dieron sobre todo a partir de la década de los 60 y 70 del pasado siglo. No hay más que ver algunos de los grandes éxitos del cine de aquella época, a menudo protagonizados por Paco Martínez Soria, en los que se presenta una nefasta imagen del mundo rural: sus habitantes son ignorantes, paletos, culturalmente atrasados y no modernizados, etc. Se trata de un fenómeno psicológico bien conocido, el del autoodio a las raíces, consecuencia de un profundo complejo de inferioridad. Estas circunstancias no se dan en Francia, donde el mundo rural está en una alta consideración, o en Inglaterra y Escocia, donde el trabajo agrícola y ganadero también tiene una gran reputación. Para “moderno”, el espectáculo seleccionado para representar al Estado español en Eurovisión, ejemplo de lo que quiere para el futuro ese sector de la “progresía” que ampara al actual Gobierno.
La política que estamos viviendo con respecto al medio rural puede ponerse en relación con la política impulsada contra la lucha feminista mediante la Ley Trans. A través de la “agenda oculta de la Agenda 2030” y del conjunto de políticas que llevan adelante en paralelo pretenden acabar con el medio rural. No es cierto que pretendan modernizarlo, lo que pretenden es liquidarlo para poner la agricultura y la ganadería, una vez desmanteladas, al servicio de las multinacionales representadas en la llamada “agroindustria”. Ambas líneas responden a esa agenda del imperialismo en su fase de mayor decadencia histórica, agenda (económica, cultural, ética, etc.) ciertamente cada vez más evidente.
El movimiento de los agricultores/as es la primera gran movilización de confrontación con la política de la UE. Su importancia cuantitativa es muy grande, pero la cualitativa es aún mayor. Ursula von der Leyen va a suprimir la exigencia de reducción del 50% del uso de insecticidas en la agricultura para poder acceder a la PAC. Con ello pretende frenar las movilizaciones y perjudicar la imagen de los agricultores/as y ganaderos/as. Es seguro que los insecticidas y fertilizantes deberán ser reducidos o cambiados por otros que tengan un efecto contaminante menor, pero para ello se necesita un estudio riguroso y que esa medida no recaiga en exclusiva sobre los trabajadores del mundo rural. En todo caso, sería oportuno recordar que una buena parte de las plagas que afectan a la agricultura fueron artificialmente introducidas por las empresas capitalistas productoras de los insecticidas para abrir espacio a sus mercados.
Apoyamos plenamente, con todo nuestro corazón e inteligencia, al movimiento en defensa del medio rural que se está poniendo en pie, y recordamos una vez más que el vaciamiento poblacional de la mayoría de nuestra tierra viene fundamentalmente condicionado por la liquidación de las actividades tradicionales en la agricultura y la ganadería y por la liquidación de los servicios públicos, especialmente sanidad y educación.
Izquierda Castellana, 7 de febrero de 2024