El Presidente del Gobierno proyectaba aparecer y pasar a la historia política como el “Pacificador de Cataluña”. La herramienta clave para tal cuestión era la “Ley de Amnistía”. Junts aceptó el envite. Las cosas parecían ir medianamente encarriladas, pero en esto apareció la Audiencia Nacional, ese Tribunal de Excepción creado en la Transición para sustituir y dar continuidad bajo ese nombre al TOP (Tribunal de Orden Público del Franquismo). En ninguna democracia parlamentaria europea existe una institución similar, pero aquí sí, y por supuesto, son hiperactivos. El juez de esa estructura inquisitorial disfrazado de Tribunal de Justicia, el señor García-Castellón, puso en marcha el juego del gato y el ratón con el “Gobierno de Progreso”; y por supuesto, el “Gobierno de Progreso” tiene todas las de perder. Son Gobierno, pero su poder es limitado.
Si la comisión parlamentaria correspondiente daba un paso para intentar ajustar el proyecto de Ley de Amnistía a las exigencias de Junts para que esta tuviera un mínimo de eficacia, la Audiencia Nacional daba otro mucho más allá para neutralizar tal avance. Con esa dinámica se llegó al pleno de ayer, en el que el proyecto de Ley no obtuvo mayoría, por lo que tendrá que volver a comisión, donde las posibilidades de una nueva negociación seria son francamente limitadas.
Junts no puede ceder porque traicionaría su compromiso con la sociedad catalana sobre la amnistía, y Pedro Sánchez en esta ocasión lo tiene francamente difícil. Ya veremos lo que ocurre, pero no hay que descartar que el actual Presidente del Gobierno afirme que “hasta aquí hemos llegado” y, en cuanto el calendario legal se lo permita, convoque Elecciones generales anticipadas con ese halo de que lo ha intentado todo, incluso a costa de un alto coste político y electoral, y con el discurso de que Puigdemont es un irresponsable que ha echado a perder una oportunidad histórica para Cataluña y el conjunto del Estado. Es un discurso que, “bien trasladado” a la opinión pública, tiene ciertas posibilidades.
Lo que no se le ocurrirá a Pedro Sánchez ni al PSOE en su conjunto, ni a los otros miembros del Gobierno, y ojalá nos equivocásemos, es que en el marco legal del Régimen del 78, el de la Monarquía Borbónica con liturgia parlamentaria, no cabe una solución mínimamente real para el conflicto de Cataluña ni para ningún otro conflicto importante en el Estado, ya sea desde el punto de vista nacional o de clase.
Nos provocan una sonrisa las denuncias individualizadas de que algunos jueces practican el “lawfare”. No son algunos jueces, es el conjunto de los Tribunales, de los aparatos policiales, de los medios de comunicación, etc. Cualquiera que haya luchado con un mínimo de coherencia en las últimas décadas lo sabe muy bien por experiencia propia. Algunos/as parece que lo han descubierto muy recientemente, se ve que tenían los ojos cerrados a las experiencias ajenas.
Cataluña y el conjunto de pueblos del Estado español ejercerán su soberanía y, por tanto, el derecho de autodeterminación, pero no será bajo este Régimen. Como durante tantos años las fuerzas de izquierdas decían con corrección, y como ahora se demuestra nuevamente, no hay otro camino hacia el cambio democrático que la ruptura. Parece que algunos se han olvidado incluso de sus propias experiencias.
Izquierda Castellana, 31 de enero de 2024