23 de enero de 1977. COMIENZA LA SEMANA NEGRA.
Un comando fascista asesina en Madrid a Arturo Ruiz García, estudiante, albañil y militante de izquierdas de 19 años, durante una manifestación pro-amnistía en apoyo a los presos políticos antifranquistas.
Ni olvido ni perdón🌹✊ pic.twitter.com/yyshEm03UL— MEMORIA HISTÓRICA 🏴🚩 (@MemoriaHis) January 23, 2023
El 23 de enero de 1977, Arturo Ruiz García, un estudiante español de 19 años, recibió dos disparos que le causaron la muerte durante una manifestación en Madrid para exigir una amnistía política total a los presos contrarios a la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
José Ignacio Fernández Guaza, un ultraderechista que tenía vínculos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fue autor del disparo y nunca llegó a ser detenido. Se fugó al extranjero y no se supo nada de él, hasta ahora, 46 años después, cuando un equipo de investigación del diario El País lo ha localizado en Ingeniero Maschwitz, un municipio residencial a 45 kilómetros de Buenos Aires.
El asesinato de Ruiz dio inicio a lo que se conoce en España como «la semana trágica de la Transición», en alusión a la Transición Española, que se sitúa entre 1975, con la muerte de Franco, y 1978, cuando el país pasó a regirse por una Constitución.
Un día después del asesinato de Ruiz, en una manifestación en protesta por su crimen, la joven estudiante Mari Luz Nájera falleció por el impacto de un bote de humo lanzado por la Policía.
Otra tragedia sucedió el 24 de enero, cuando un comando de ultraderecha entró en un despacho de abogados laboristas, en el número 55 de la calle Atocha de la capital española, y asesinó a los letrados Francisco Javier Sauquillo, Javier Benavides y Enrique Valdevira; al estudiante de Derecho Serafín Holgado y al trabajador administrativo Ángel Elías Rodríguez.
En 2018, la Policía de Brasil detuvo a Carlos García Juliá, unos de los autores de aquella matanza.
Sin arrepentimiento
Fernández Guaza, que ahora tiene 76 años, confesó con su crimen y reveló sus vínculos con «ejércitos, servicios de inteligencia y las autoridades españolas de los estertores del franquismo».
«[Ruiz] me tiró una piedra. Agarré la pistola y le pegué al corazón. De mala leche (…) ¿Arrepentimiento? Está usted hablando con una persona que nunca se ha arrepentido de nada», contestó a los reporteros.
El Código Penal español impide juzgar en ausencia, y en el año 2000, la Audiencia Nacional certificó la prescripción del asesinato.
La Justicia solo condenó en 1978 al argentino Jorge Cesarsky –a quien Guaza arrebató el arma para matar a Ruiz– a seis años de cárcel por terrorismo y tenencia ilícita de armas. Cumpliría tan solo un año y medio de prisión.
La huida
Fernández Guaza contó que en 1977 huyó a Francia. «Elegí París porque allí tenía amigos de la CRS [fuerza de la Policía Nacional Francesa]. Eran personas que pertenecían a los servicios [de inteligencia]. La policía de todo el mundo arregla las cosas por detrás», aseguró.
Un año después viajó a Buenos Aires donde, con una identidad falsa elaborada por los «servicios de seguridad españoles», inició una nueva vida en la que tuvo tres hijos.
Tras una investigación, se identificó a José Ignacio Fernández Guaza como autor del crimen. En ese momento, este asesino tenía 29 años, pertenecía a un comando ultraderechista y tenía contactos en la policía. José Ignacio Fernández Guaza: pic.twitter.com/RzJqNNBfqC
— Mario (@MarioDocComun) January 29, 2021
«He tenido contacto con gente [de los servicios de información] de España. Ellos sabían que estaba en Argentina con un nombre falso», aseveró.
También pudo moverse a sus anchas por América Latina, en especial, durante la dictadura argentina de Jorge Videla (1976-1981) y del paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989).
Hace 30 años incluso mantuvo una reunión con agentes de Interpol. «Interpol me detectó en la frontera de Paraguay cuando mi orden de búsqueda y captura todavía estaba activa. Me expliqué y llegué a un acuerdo», relató.
La Audiencia Nacional archivó en septiembre el recurso presentado por los familiares de Ruiz para reabrir el caso, amparándose en la Ley de Memoria Democrática. Los magistrados consideraron que no consta que el asesino estuviese vinculado a la dictadura franquista.