Zelensky ha sido el impulsor principal en Europa de una etapa en la que los cómicos de profesión accedieron a la política, pasando de interpretar comedia a generar tragedias. Ese modelo impregna no solamente a una buena parte de Europa, sino en general al mundo occidental, siendo el caso de Pedro Sánchez en el Estado español una expresión genuina de ese comportamiento. Sánchez es un “artista” en cambiar sus posiciones, y donde ayer decía digo, hoy dice Diego. No es solamente el caso de la alianza con Podemos, es el asunto de los indultos durante la pasada legislatura y ahora la cuestión de la “amnistía”, entre otras cosas. Él y su ámbito mediático justifican estos cambios en función de la adaptación a las nuevas circunstancias, aunque en nuestra opinión esencialmente se debe a la ausencia total de principios y coherencia. Pedro Sánchez ha recuperado el marxismo para el PSOE, pero el de Groucho Marx, cuya máxima filosofía se sintetizaba en “estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”. Nos ratificamos en la idea expresada en algún editorial anterior, en el que hablábamos de Pedro Sánchez como un Zelensky a la española.
Estamos plenamente de acuerdo con el derecho a decidir de Cataluña y de otros pueblos del Estado español, cosa que hemos demostrado reiteradamente en la práctica. En relación con esta primera afirmación, también estamos de acuerdo con que no sean penalmente perseguidas aquellas personas que se implicaron en el intento fallido de decidir sobre el futuro de Cataluña en 2017. Efectivamente el Estado español no es una democracia en su sentido estricto, sino una mixtura entre lo que era el Régimen franquista y elementos de las democracias parlamentarias de la Europa occidental, es decir, estamos hablando del Régimen de la IIª Restauración borbónica. Pero la Ley de Amnistía, o como finalmente se llame, no va a suponer ninguna ruptura con el Régimen, tal como afirman sus opositores para conseguir nuevos apoyos más allá de su parroquia natural. Ya nos gustaría que así fuera, en cuyo caso defenderíamos decididamente esas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. No estamos de acuerdo en el alcance que la derecha del Régimen pretende darle a la hipotética amnistía, pues lo que precisamente pretenden con ella es reforzar y relegitimar al Régimen del 78 para darle continuidad durante un periodo; tal cosa ya ocurrió con la amnistía a los inicios de la Transición.
Lo que sí afirmamos es que rechazamos de pleno que la continuidad de Cataluña en el Estado español se compre, es decir, se subvencione con recursos públicos. Derecho de autodeterminación, por supuesto que sí, como elemental derecho democrático, y defendiendo tal cuestión estaremos en primera línea. Pero ni hablar de comprar el apoyo de la burguesía catalana a su permanencia en el Régimen del 78. Esa fue una maniobra clave en la articulación del proceso de Transición en aquel momento a través de Jordi Pujol, que con tanta habilidad llevaron adelante algunos de los que hoy se crispan por las posiciones de Pedro Sánchez y compañía.
La historia del Régimen del 78 y de la Transición hacia éste se encuentra salpicada de importantísimas crisis, asesinatos por parte del Estado -legales e ilegales-, torturas y encarcelamientos en el conjunto del Estado español, muy especialmente en Euskal Herria, aunque la “nueva izquierda” asentada en Euskadi intente pasar página con la construcción de un relato que poco tiene que ver con la verdad histórica, y cuyo último capítulo, por el momento, el documental-entrevista entre Évole y Ternera, ha resultado un auténtico fiasco, como era previsible. La nueva política y las nuevas organizaciones políticas pretenden obviar toda esa historia de lucha y represión empleando un adanismo ideológico-político que momentáneamente puede confundir a sectores de la sociedad, pero que tiene un recorrido limitado.
La UPC, la organización castellanista revolucionaria denunció desde su constitución en 1985 lo que suponía el “Felipismo” para la progresiva liquidación de la izquierda social y política en el Estado español y su recurso a medidas represivas, como las torturas o los asesinatos inspirados desde el propio Gobierno de Felipe González a través de los GAL. Hay personas que, seguramente con la mejor intención del mundo, ahora se dan cuenta de lo que era evidente hace ya 40 años, y critican amargamente a Felipe González o Alfonso Guerra porque han expresado su disconformidad con las últimas propuestas políticas de Pedro Sánchez. Este mismo tipo de personas dentro de 20 años, o cuando la coyuntura aflore de una forma clara, criticarán lo que hoy está haciendo Pedro Sánchez como una traición a los intereses de las clases trabajadoras y los derechos democráticos de los pueblos del Estado español. Hay un importante sector de comunicadores y de intelectuales orgánicos del poder, además de los sectores de la opinión pública “informados” por estos, que tienden a enterarse de lo que ocurre 10 o 20 años después de que haya sucedido, y cuando la denunca de esos hechos ya no tienen utilidad política alguna, pero que ya puede hacerse desde el “pleno confort”, comodidad y a sabiendas de que no va a suponer ningún coste social, político ni penal.
La UPC y otras organizaciones amigas denunciamos a pesar de los riesgos cada una de estas cuestiones en nuestros medios de expresión de la época, especialmente la revista “Castilla Libre”, así como a través de nuestra práctica en la calle. Fuimos procesados/as y en ocasiones llevados a juicio por ello. En Valladolid en el año 1988 editamos un cartel con el lema “La policía tortura y asesina con la complicidad del Gobierno”, siendo juzgados y finalmente absueltos ante la evidencia de que lo que aquellos carteles decían era cierto. Denunciamos la complicidad de la Monarquía borbónica en los crímenes del franquismo, siendo procesados/as por ello por la Audiencia Nacional en 1996, específicamente por el juez Baltasar Garzón, magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5, quien finalmente archivó las diligencias porque en el primer interrogatorio que se hizo para aclarar la autoría de los carteles, las personas que ocupaban la dirección de la UPC -Doris Benegas entre otros/as- reafirmaron su responsabilidad y manifestaron que en el juicio tendrían oportunidad de demostrar la realidad de sus afirmaciones. Finalmente, la Audiencia Nacional prefirió no llevar adelante el juicio porque éste iba a dejar muy mal parados a la familia borbónica y al Régimen del 78. A principios de los 90 convocamos en Madrid una manifestación contra el terrorismo de Estado con los/as compañeros/as de Solidaridad Obrera, a la que asistieron, a pesar del ambiente asfixiante, más de 400 personas, y un número mayor de las fuerzas antidisturbios que iban “curiosamente” acompañadas de numerosas ambulancias. En la manifestación no hubo incidencias significativas.
La UPC, la primera organización política castellanista revolucionaria que se forma para la defensa de los intereses de nuestro pueblo, tuvo siempre una especial preocupación por la construcción teórica y la formación militante del conjunto de activistas que apoyaban al proyecto político. Le dimos entonces prioridad, como uno de los elementos principales de nuestra política, a la comprensión del papel de Castilla como una colonia interior del capitalismo español e internacional, reflexión que seguimos considerando del mayor interés. Iremos desbrozando y argumentando con datos concretos este análisis, pero por avanzar un par de indicadores irrebatibles y de dominio público que ayudan a construir un perfil de lo que sucede en Castilla: la despoblación de la mayoría de las 17 provincias (Ávila, Soria, Cuenca, Zamora, etc. están al borde de la claudicación demográfica) y la liquidación de los recursos industriales, o en buena medida de la agricultura y la ganadería. La emigración que afectó a las provincias castellanas se dirigió especialmente a Cataluña, Euskadi y Madrid. Obviamente la gente no se iba por aventurerismo, sino porque nuestra tierra se vaciaba de forma planificada de los recursos que podían garantizar su supervivencia. Castilla sí que fue expoliada por el capitalismo español, muy especialmente en la época franquista.
Desde hace muchos años también venimos reflexionando sobre el doble papel de Madrid; por un lado, como capital imperial reforzada en los últimos años por el capitalismo latinoamericano e internacional; y por otro, el Madrid popular realmente existente, comunero, que se levantó contra la invasión napoleónica francesa y la acabó derrotando, o heroicamente en 1936 contra el alzamiento fascista, convirtiéndose en símbolo internacional de la lucha contra esa auténtica peste ideológica y política. Ese Madrid es el que política y socialmente nos interesa al movimiento comunero, y que en alianza con las luchas del conjunto de los sectores populares de las provincias castellanas será el elemento clave para la derrota del Régimen del 78.
Izquierda Castellana, 26 de septiembre de 2023