Franco apoyaría, sin duda alguna, la guerra de la OTAN contra Rusia que se está desarrollando en Ucrania. La II República, no.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parece estar especialmente orgulloso de ser el responsable del traslado de los restos de Franco desde el Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo (Mingorrubio), en donde reposa junto a los de Carrero Blanco. Se nos escapa dónde está el mérito para ese orgullo. Lo cierto es que el Franquismo, adecuadamente actualizado en el proceso de la II Restauración Borbónica, sigue más que vivo. Consideremos alguna de sus expresiones más significativas en estos momentos.
La participación en la guerra de la OTAN contra Rusia desarrollada en Ucrania es cada vez más intensa y extensa, y tal como se refleja en el título, Franco la compartiría plenamente. La escalada militar a la que estamos asistiendo en la guerra contra Rusia repercute en todos los ámbitos de la vida de las sociedades occidentales. Asistimos a una militarización cada vez mayor de las esferas de la vida civil. Esto es evidente en lo referente a los medios de comunicación y sus líneas informativas-manipuladoras. Ninguno de los grandes medios se han molestado en informar de la huelga general y las manifestaciones del martes 31 de enero en Francia contra el intento de reforma de las pensiones o de las masivas huelgas del profesorado y la enfermería en el Reino Unido del miércoles 1 de febrero (que tienen que ver, entre otras cosas, con el desvío de dinero para las armas y la guerra). Similar reflexión puede hacerse con las movilizaciones que en el Estado español son críticas con la actual línea del Gobierno. La información sobre la propia guerra es tan burda y manipulada que han tenido que matizarla en ocasiones, al menos en algunos medios.
La operación de infiltración policial en Cataluña que ha saltado a los medios estos días, y que por supuesto afecta desde siempre a los territorios del conjunto del Estado (de hecho, según informaciones aparecidas en varios medios, este frecuentaba también el Centro Social La Casika en Móstoles). En esto, como en tantas cosas, hay una plena continuidad entre el Franquismo, la Transición y el actual Régimen Monárquico. El hecho de que utilizase el campo afectivo-sexual para obtener más información de las activistas a las que espiaba, es simplemente una expresión más de la inmoralidad y la violencia ejercida contra las mujeres en cualquiera de sus variantes por parte de las actuales instituciones del Estado español. Saludamos la valentía de las mujeres que han sido víctimas de esos “funcionarios-depredadores” del Régimen del 78 y han presentado denuncia. Tenemos serias dudas sobre el recorrido que estas denuncias tendrán en un Sistema judicial como el español, pero desde luego tienen utilidad para impulsar el debate social sobre el tema, que desde nuestro punto de vista es lo más importante.
Como decimos, asistimos a un proceso de militarización de la sociedad civil. Otro indicador es el trato dado al pensionista presuntamente responsable de la confección de cartas incendiarias y su envío a modo de “agitación armada” a diversas instituciones estrechamente ligadas al impulso de la guerra: lo tratan como si fuera un marciano, cuando seguramente mucha gente lo verá como una persona valiente que lucha con sus recursos contra la guerra genocida impulsada por el imperialismo y el neofascismo. Quizás tengan miedo a que el ejemplo cunda.
La Reforma del Código Penal recientemente aprobada y en la que se incorpora el delito de desórdenes públicos agravados, con penas de hasta cinco años de cárcel, les será de gran utilidad para combatir las movilizaciones en contra de la guerra, además de aquellas que se dirijan contra la precarización social. Precarización, guerra y represión son líneas de trabajo que irán muy unidas por parte del Estado español y de otros Estados europeos en los próximos tiempos.
Apoyar o tener una actitud nihilista ante una guerra como la que se está desarrollando sobre territorio ucraniano, antes o después, tendrá un coste. Y no solo por el deterioro de la calidad de vida y de los servicios públicos debido al desvío de recursos económicos y de otro tipo para financiar el conflicto, sino por una cuestión más directa. Ya empieza a haber “ruido” en esa dirección. Recordemos los hechos del 11 de marzo de 2004 en Madrid; Rusia nada tiene que ver con el islamismo -es un Estado sólido y asentado-, pero llegado el momento, si la escalada militarista avanza y se utilizan de forma descarada infraestructuras como aeródromos, bases navales u otras bases operativas para impulsar la guerra, no hay que descartar que haya una respuesta.
El lunes 30 de enero acabó el plazo que el juzgado había otorgado para desalojar el Centro Social La Molinera, en Valladolid. Tal como la asamblea informó, no ha habido desalojo por su parte; la decisión tomada fue la de resistir todo lo posible al considerar que la resolución del Juzgado de Instrucción N.º 1, sustentada en la sentencia de la Audiencia Provincial, es inmoral e ilegítima al estar viciada por no haber dado respuesta a las cuestiones principales que los abogados de la Defensa plantearon, entre otras cuestiones la falta de legitimación de quienes habían presentado la denuncia. Esa sentencia no se ha podido recurrir porque en el Sistema Judicial español lo impide. Nos imaginamos que la Subdelegación del Gobierno, en combinación con el Juzgado, estará calculando cuál es el momento oportuno para que el desalojo se realice con la menor repercusión social. No lo conseguirán y con su tardanza demuestran la incoherencia de los plazos judiciales de ejecución y del Sistema Judicial en su conjunto.
El sábado 4 de febrero, recordaremos un año más la resistencia de la Revolución comunera en Toledo. Así mismo, se homenajeará a María de Pacheco, jefa de ese proceso revolucionario en el Sur de Castilla y enterrada en la catedral de Oporto, ciudad a la que tuvo que exiliarse. Allí se le rindió un homenaje en el 2015; esperamos poder repetir ese acto no tardando mucho.
Izquierda Castellana, 3 de febrero de 2023