Un Gobierno trilero, por ser suaves en el adjetivo
Estamos sufriendo, sin lugar a dudas, a un Gobierno de trileros, cuya acción gubernamental tiene como principal finalidad dañar al conjunto de los intereses de las clases populares para mantenerse en el actual estatus, a través del que acceden a una auténtica vida de privilegios. Es el pago que reciben por servir al imperialismo y al capitalismo español. No solo en cuanto al disfrute de viviendas a cargo del erario público, tal como es el caso de la Ministra de Trabajo con derecho a uso de un piso en el centro de Madrid de más de 400 metros cuadrados a gastos pagados, cosa de la que también gozan otros ministros, sino en lo referente a viajes sin justificación alguna (ni previa ni posterior), a gastos de representación, así como al acomodo de toda una cohorte de personas a su servicio y de su entorno que igualmente se paga con fondos públicos.
Pero esto, siendo grave, no es lo peor de la cuestión. Lo peor es que a través de todo un entramado normativo y legislativo, hecho de forma exprés y hurtando a las cámaras parlamentarias y a la opinión pública la posibilidad de debatir sobre las leyes que se están aprobando últimamente, nos conducen hacia una reestructuración nefasta de la organización social. Ejemplos de ello son la Ley del Solo Sí es Sí, que ya ha beneficiado a 122 agresores sexuales, o la aprobación prácticamente a escondidas de la Ley Trans, durante cuyo proceso se impidió explícita y conscientemente la intervención de cualquier colectivo de expertos/as en el tema cuyas posiciones no estuvieran en sintonía con la línea gubernamental. Seguramente son muy conscientes que la argumentación para sacar adelante la ley es puramente metafísica, exenta de cualquier planteamiento racional. El impulso de la irracionalidad en la filosofía y en el método de pensamiento que se hace específicamente a través de la ley aludida, y al que hemos hecho referencia en diversos editoriales, constituye el primer paso para la imposición del fascismo en la práctica política; y ahí andan.
La Ley referida, que se vende con argumentos de buenismo, introduce también la irracionalidad en los comportamientos sociales. En ella se incluye todo un conjunto de medidas coercitivas previstas para aplicar contra quienes no compartan los conceptos y líneas de acción que se plantean en ella. Por primera vez desde los momentos iniciales del Régimen franquista, es el acusado/a quien tiene que demostrar que no ha incurrido en ningún ilícito, al contrario de lo que marcan los Códigos Penales habitualmente, donde es el acusador quien tiene que demostrar la culpabilidad del acusado. Esta cuestión es una aberración jurídica que recuerda a las prácticas de la Santa Inquisición. No creemos que la llamada Ley Trans -que perjudica en primer lugar a las propias personas trans- tenga demasiado recorrido, excepto en el plano represivo. El calentamiento social que desde ciertas terminales y redes se dirige a criminalizar a las organizaciones y colectivos que rechazamos la ley actual, por ser la expresión jurídica de la filosofía queer (y no de los derechos de la población trans), ya está en marcha y es un indicador significativo de lo que vendrá después.
Otra cuestión en la que se expresa “el espíritu de progreso” del Gobierno es en la vergonzosa reforma del Código Penal. En ella se excluye a los corruptos de procesos sancionadores y a los “líderes de oro” del Procés, rebajando de forma muy sustancial el delito de malversación y anulando el delito de sedición. Se incorpora, sin embargo, el delito de desórdenes públicos agravados, que obviamente va dirigido al “común de la infantería” del activismo social. Con la reforma del Código Penal, que se ha aprobado definitivamente el 22 de diciembre en el Senado, nos ha tocado la lotería a tod@s l@s activistas, pero al revés. El pequeño retoque que han hecho a última hora en el artículo dedicado al delito de desórdenes públicos agravados no cambia absolutamente nada, ya que son los agentes de la UIP o similares los que aprecian tales circunstancias, al menos inicialmente. Y sabemos muy bien por experiencia propia cuáles son sus criterios.
Dar una respuesta lo más amplia posible a este conjunto de medidas nítidamente reaccionarias del Gobierno del Estado (a la que se añade el incumplimiento de la promesa, como en tantas otras cosas, de derogar de la Ley Mordaza) es imprescindible para el desarrollo del movimiento popular.
Son tiempos complicados. El Gobierno y los medios de manipulación a su servicio se encargan de sembrar la desinformación y la confusión. Han conseguido crear cierto desconcierto entre sectores significativos de las clases populares, pero cada vez hay una mayor clarificación sobre el momento en que vivimos. Apoyar al Gobierno y sus medidas significa apoyar al imperialismo, la OTAN y su guerra. Una buena parte del conjunto de medidas que están tomando tiene como objetivo estratégico precisamente la preparación social para la incorporación a esa guerra global que ya han puesto en marcha. Por nuestra parte, haremos todo lo que esté en nuestras manos -y más- para impedir ese proceso.
Izquierda Castellana, 23 de diciembre de 2022