Según los medios de comunicación occidentales, centenares de manifestantes en algunas ciudades de la China continental salieron a la calle en los pasados días para expresar su hartazgo y rechazo hacia la política del Gobierno chino de “Covid Cero”. China es un país con más de 1.400 millones de personas, de las que han fallecido por Covid-19 un total de 5.233. En EEUU, con 330 millones de habitantes, han muerto por esa causa casi 1.100.000 ciudadan@s. Si la tasa de mortalidad en China por Covid-19 fuera similar a la de EEUU o la UE, el número de fallecidos superaría ya ampliamente los cuatro millones de personas. Ese es el número de vidas que la política sanitaria del Gobierno chino ha salvado.

La inmensa mayoría de la población china lo sabe perfectamente, pero al capitalismo occidental le interesa magnificar de forma extrema cualquier expresión de “descontento social” en la China continental. Cientos de personas en ese país suponen menos que decenas de personas aquí. Saben, los que saben algo, que lo que está ocurriendo en China continental no tiene nada que ver con un cuestionamiento global de la política allí practicada, incluyendo la línea general de la política aplicada contra el Covid-19. Por supuesto, la china es una sociedad viva, con problemas aun no resueltos, donde hay conflictos sociales; no podría ser de otra manera. Pero estos, al menos hasta ahora, no tienen una orientación de cuestionamiento ni del Régimen socialista ni de sus políticas generales, sobre los que hay un amplísimo consenso y apoyo de la población. La semana pasada, en la factoría de la empresa taiwanesa Foxconn en Zhengzhou, en donde se producen tres cuartas partes de los iPhones del mundo, estalló un conflicto relacionado esencialmente con las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, que se saldó con significativas mejoras para estos. En esa movilización no se reflejó ningún planteamiento sobre el cuestionamiento de la política del régimen socialista chino.
El capitalismo occidental, especialmente el angloamericano, que controla y manipula al conjunto de los medios de comunicación occidentales, confunde sus deseos con la realidad, interpretando -así lo cuentan- cualquier movilización social como el inicio de una escalada de cuestionamiento del Régimen. No soportan que el socialismo vaya para adelante. Pero tales deseos no van a suponer ningún cambio en la realidad-real. Eso sí, durante un tiempo esto le podrá servir al bloque capitalista occidental para alimentar sus fantasías y delirios políticos. En algún relato literario y cinematográfico se ponen de relieve los delirios de Hitler cuando ya el III Reich estaba derrotado por los ejércitos soviéticos; en estos relatos se pone de manifiesto cómo aquel personaje se negaba a reconocer la situación. Vivimos en circunstancias históricas con ciertos paralelismos con aquella época. Esencialmente en lo referente a que el Sistema capitalista -como en aquellos momentos el Régimen nazi- está en un proceso irreversible de decadencia.
Curiosamente casi ningún medio de los que están bombardeando a la opinión pública sobre la “insurrección popular en China” contra la política del Covid Cero -bajo el lema “¡No queremos PCR, queremos libertad!”- ha hecho la menor referencia a las elecciones municipales y sus consecuencias en Taiwán.

Mapa de las elecciones en Taiwán. En azul, las regiones donde vence el KMT (13 municipios); en verde, aquellas en las que el DPP obtiene la victoria (5 municipios)
Como se ve en estos resultados, el pasado domingo la China insular expresó de forma muy mayoritaria que está en contra del partido proyanqui y de la guerra. El DPP ha sufrido una derrota histórica que ha llevado a su lideresa a la dimisión. El Kuomintang, que defiende la unidad territorial de China, ha obtenido una clara victoria, incluyendo en la capital, Taipéi. Los que juegan con fuego se acaban quemando.
La consigna con la que un exiguo número de manifestantes salió a la calle -“no queremos PCRs, queremos libertad”- es muy ilustrativa del espíritu de esas ultraminoritarias movilizaciones. Ya nos hubiera gustado que aquí se hubieran hecho PCRs tal como se hacen en China. Si aquí no se hicieron fue debido a su elevado precio, y quienes necesitaban o querían hacerse estas pruebas tuvieron que recurrir a la Sanidad privada, pagando como mínimo 30 euros y de media unos 100; por contra, se hacían test de antígenos, un test menos eficaz pero mucho más barato. Los escasos manifestantes de la China continental reivindican su derecho a morir por Covid-19, y el término “libertad” no tiene otra explicación que esa: «queremos libertad para contagiarnos por el virus». Estamos segur@s de que al menos el 99% de la población china no está de acuerdo con tal planteamiento, entre otras cosas por su absoluta irracionalidad.
La reforma del Código Penal que se nos viene encima.
El 11 de noviembre se presentó en la mesa del Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de Unidos Podemos una Proposición de Ley Orgánica titulada: «Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso».
El referido Proyecto de Ley tiene dos aspectos de mucha importancia. El primero es la derogación del delito de sedición, delito que no aparece recogido como tal en el ordenamiento jurídico de los países de la Unión Europea. Esa derogación facilitará sin duda la extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En cualquier caso, no tenemos nada que decir al respecto de la derogación de ese delito del Código Penal español. Pero esa derogación supone
un auténtico «cambio de cromos», que se compensa holgadamente desde el punto de vista represivo con la inclusión del delito de desórdenes públicos agravados, que puede llevar consigo hasta una condena de cinco años. Esta cuestión va a afectar, no nos cabe duda, a cientos de activistas de los diversos frentes de lucha social, desde las plataformas antidesahucios, pasando por las plataformas en defensa del Sistema Sanitario Público, el movimiento feminista, los pensionistas, etc.

El actual «Gobierno de Progreso» no sólo no deroga la llamada Ley Mordaza, sino que refuerza los recursos represivos del Estado ante el más que posible incremento de la lucha social en la calle en los próximos meses y años.
Al margen de los datos sobre la evolución de la inflación, del coste de las hipotecas, etc., obtenidos en buena medida a través de la ingeniería contable, lo que es evidente es que cada día la vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas es más precaria, y no hay expectativa alguna de que esto vaya a cambiar. El dato de que cada dos horas se suicida una persona en el Estado español y que el suicidio constituye ya la causa de mortalidad más importante entre la juventud, es toda una expresión de la falta de expectativas que sufre ese sector de la población, clave para construir el futuro. Pero de eso no habla nadie, o al menos no aparece de forma significativa en los medios de comunicación.
En las próximas semanas y meses, desgraciadamente, parece que las cosas van a empeorar y que además lo harán significativamente; no solo en cuanto a las condiciones de vida del pueblo trabajador, sino en el progresivo deterioro de los servicios públicos, muy especialmente de la sanidad (y no solo en la Comunidad de Madrid). El capitalismo occidental, de la mano de la Unión Europea y de los grupos económicos que potencian la privatización de la sanidad, con la aquiescencia de los partidos políticos más importantes tanto a izquierda como a derecha del Régimen, trabajan de forma coordinada en esa dirección. El Sistema Sanitario Público y muy especialmente la Atención Primaria está en gravísimo riesgo de liquidación por parte de las fuerzas económicas y políticas antes señaladas.
Obviamente, a esto hay que añadirle no solo la guerra en Ucrania, sus consecuencias y su posible extensión, sino también aquellas leyes que deterioran especialmente los derechos de las mujeres, tal como son algunas consecuencias penales de la ley solo sí es sí, o de la ley trans, cuestión que hemos comentado con cierta extensión en nuestras editoriales. Se configura un panorama social francamente dramático que, como parece previsible, generará amplios y contundentes movimientos sociales; y es ahí donde se encuadra la reforma del Código Penal. Se hace una concesión para que unos pocos dirigentes de ERC se puedan reintegrar a la vida política institucional, pero se pone la espada de Damocles sobre el movimiento popular que funcionará de forma brutal (la trayectoria del Ministerio del Interior no deja lugar a muchas dudas en este terreno).
Desde el movimiento comunero del siglo XXI venimos impulsando y colaborando con otros muchos agentes sociales y políticos para organizar una respuesta a este proceso de precarización social y también contra la guerra y por la paz. A ello tenemos que añadir -es imprescindible- la lucha contra esta reforma del Código Penal en marcha, que va a suponer la puesta en pie de una nueva herramienta de represión contra el movimiento popular.
Izquierda Castellana, 30 de noviembre de 2022