Alcalá de Henares, ¿una actuación policial negligente o un ejercicio práctico de control social?
La madrugada del domingo 28 de agosto tuvieron lugar unas brutales cargas policiales en Alcalá de Henares, un suceso que ha copado estos días los medios de comunicación y las redes sociales.
La excusa para la intervención policial fue una pelea dentro del Recinto Ferial a las 03:30h, en el que estuvieron involucradas unas 30 personas. La existencia de estas peleas es una realidad durante las fiestas de Alcalá de Henares, como también lo es la actividad continuada de determinadas bandas, pero en el caso que nos ocupa este aspecto es plenamente accesorio. Lo fundamental de la actuación policial no consistió en atajar ese foco aislado de violencia, sino en desalojar con el uso de la fuerza el Recinto Ferial, en el que había unas 10.000 personas ajenas a esa pelea, provocando el desplazamiento de toda esa masa de gente hacia una zona muy concurrida en aquellos momentos: la Plaza de la Juventud, donde estaba teniendo lugar un botellón masivo, existiendo mejores alternativas para realizar esa operación si de lo que realmente se trataba era de evacuar el espacio y garantizar la seguridad de la población. Con esta actuación, provocaron el caos y empujaron a miles de jóvenes en un contexto de ocio a una situación de porrazos, pelotazos y carreras. Las cargas policiales indiscriminadas se extendieron por una parte significativa de la localidad, en dirección a la Estación de Renfe, a un par de kilómetros del Recinto Ferial. Y muchos jóvenes, de diferente extracción social y origen, respondieron a esa violencia que les fue impuesta en un acto de legítima defensa.
Diferenciar las apariencias de la esencia de las cosas
Si nos quedamos en la excusa -que la intervención policial estuvo justificada por una pelea-, difícilmente podremos atender a los motivos que explican de manera más plausible los acontecimientos de la noche del 27 al 28 de agosto. Las cargas policiales responden a decisiones políticas de la propia Delegación del Gobierno, y, como es sabido, las decisiones políticas se toman por criterios políticos. Los incidentes de Alcalá de Henares hay que enmarcarlos con esa perspectiva.
La metodología tradicional en el manejo de información sensible por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid y de los medios afines ha pasado por silenciar y censurar cualquier acontecimiento susceptible de erosionar la imagen de los aparatos del Estado; en la actualidad, el volcado masivo e instantáneo de información en las redes sociales se escapa a buena parte del control; las imágenes y los vídeos de la pelea y las posteriores cargas policiales comenzaron a correr como la pólvora. Casi tan pronto como en las redes sociales, comenzó a circular en la prensa una versión distorsionada de los hechos, que ha tratado de enfangar y alejar el foco de atención de la responsabilidad de las cargas policiales para situarlo sobre la problemática de las bandas, los hurtos, la presencia de una reyerta con machetes, la existencia de un tiroteo y uno -o varios- muertos, la criminalización de la juventud, etc.
La primera cuestión a señalar es que la pelea se había controlado totalmente cuando se produjo el desalojo del Recinto Ferial. En otras ocasiones anteriores, este recinto fue desalojado, pero de una forma respetuosa con las personas asistentes a la fiesta. La actuación policial de la noche del 27 al 28 de agosto se produce de forma coordinada entre los antidisturbios de la Policía Municipal y la Policía Nacional de Alcalá, así como la UPR, unidad que tiene entre sus objetivos el «restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana en situaciones y dispositivos especiales». El operativo estuvo compuesto por un ejército de 200 policías provistos de todo su equipamiento*. Se da la «curiosa circunstancia» de que durante la mañana del sábado se desarrolló en Alcalá de Henares una exhibición de diferentes técnicas, materiales y unidades de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y Protección Civil, incluyendo el uso de drones. La jornada terminó bien entrada la noche, con un «ejercicio práctico» que fue más allá del simulacro, con las consabidas consecuencias.
Como venimos comentando en otros editoriales, la Comunidad de Madrid es una auténtica olla a presión debido a la existencia de una enorme masa de trabajadores precarizados que se está ampliando cuantitativa y cualitativamente. En Madrid, y en el conjunto de Castilla, se da la circunstancia de que no existe ninguna fuerza política asociada al Régimen que tenga a su vez una incidencia real sobre las dinámicas del movimiento popular existente y sobre el que potencialmente podría desarrollarse en el corto y medio plazo. Sin ese elemento indispensable para amortiguar el descontento, y con las condiciones objetivas madurando a buen ritmo, no existen válvulas de escape; la olla sigue calentándose peligrosamente. El problema de fondo, por tanto, es que existe un desajuste de los mecanismos de control político e ideológico sobre el movimiento popular en Madrid y la potencialidad incipiente de ese movimiento.
Los aparatos del Estado se manejan con una actitud preventiva a fin de evitar que el movimiento popular se desarrolle, usando todas las herramientas a su disposición sin ningún tipo de límite legal ni ético. Mantener a punto a aquellos destacamentos de la policía que se encargan de la represión directa del movimiento popular en la calle es una necesidad ante la certeza de que entramos en una etapa de convulsiones socioeconómicas, políticas y militares sin precedentes en la historia reciente. Ejemplos de esta preocupación subjetiva que manifiestan los aparatos de Estado en los últimos tiempos pueden encontrarse en abundancia, baste señalar un par de ellos:
– La masiva desinformación y criminalización puesta en marcha contra las convocatorias de rechazo a la Cumbre de la OTAN el pasado junio en Madrid, la prohibición de algunas de ellas, así como la monitorización de las actividades de militantes y colectivos de izquierdas o el enorme dispositivo policial desplegado en la ciudad.
– La incorporación del Ejército a entrenamientos con técnicas antidisturbios, cuya misión es «proporcionar apoyo en actividades específicas de Policía Militar», esto es, reforzar a los operativos antidisturbios de la Policía Nacional si fuera necesario*.
La hipótesis de que las cargas fueron premeditadas y constituyeron un ejercicio práctico puede parecerle perversa a quien no haya reflexionado lo suficiente sobre los niveles de vileza que puede llegar a alcanzar el capitalismo en su fase decadente. A este respecto, siempre es conveniente recordar el amplio historial de ilegalidades de las FCSE al servicio y bajo supervisión del Régimen del 78: terrorismo de Estado, torturas, control de redes de narcotráfico y prostitución, infiltraciones y espionajes, montajes y uso de la policía patriótica, etc.
Antes de terminar, una última reflexión. Las condiciones materiales de la clase trabajadora en el Corredor del Henares se han visto enormemente erosionadas en las últimas dos décadas, pasando de ser un dinámico polo industrial a una gran área de plantas logísticas, con muchos menos empleados, peor remunerados y en condiciones laborales infinitamente más precarias. Con sus particularidades, esta involución en los derechos y en los salarios puede observarse en todos los barrios obreros. La confluencia de todas las crisis imaginables en la «tormenta perfecta» para el capitalismo occidental generará sin dudas una mayor precarización de las condiciones de vida. El malestar, la pobreza y la injusticia pueden conducir hacia un aumento de la delincuencia y de la degradación social, afectando a la vida cotidiana y a la seguridad en los barrios trabajadores; una importante tarea del movimiento popular organizado será canalizar toda esa energía y rabia hacia la confrontación social, política y laboral contra un sistema de miseria.
Izquierda Castellana, 5 de septiembre de 2022