El Ministerio del Interior que comanda Marlaska ha enviado a las calles al menos a 23.598 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para «garantizar el abastecimiento de productos esenciales y el derecho al trabajo de los transportistas que no secundan la huelga».
Para la socialdemócrata ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, este paro «minoritario» que comenzó el pasado lunes responde a «un grupo de ultras que están intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por palos, clavos y piedras». «No podemos permitir que sometan a ese país a un pulso que no vamos a tolerar, estamos trabajando con el Ministerio de Interior y hemos movilizado más de 15.000 agentes para reprimir estas actuaciones violentas que no representan al sector. Somos sensibles pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot».
Y en el mismo sentido se manifestó CC.OO, sindicato aliado del gobierno, a través de su secretario general Unai Sordo al decir que al conflicto del transporte por carretera «no hay que otorgar representatividad a quien no la tiene» y que «no hay ninguna huelga», sino un paro patronal de la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional.
La gran patronal del transporte se ha posicionado en similares términos contra la huelga.