El exministro Rodolfo Martín Villa ha asegurado este lunes que pudo «ser responsable político y penal» de los presuntos homicidios y torturas cometidos en los años 70 -lo que llevó a su procesamiento en Argentina por delitos de lesa humanidad- pero ha descartado que existiera un «plan sistemático, deliberado y generalizado» que consistiera en la eliminación del contrincante político.
Así las cosas, Martín Villa ha insistido en que la querella «es en parte» contra unos crímenes pero también «contra» su biografía. «En el fondo, cuando se dicta la Ley de Amnistía, todos caímos en la ingenuidad de creer que con la Dictadura se acababa el terrorismo», ha apuntado.
«Ojalá me hubiera equivocado y en frente no tuviéramos criminales sino luchadores por la autonomía o por la independencia del País Vasco», ha continuado, al tiempo que ha asegurado que «la realidad, desgraciadamente» le ha terminado por dar la razón.
A su llegada al céntrico hotel madrileño donde ha pronunciado su discurso, Martín Villa ha sido recibido por un grupo personas que han reprochado su papel como ministro de Interior. «Asesino», le han espetado, mostrando una pancarta en la que pedían que se le enjuiciase y que no hubiese «impunidad» contra él.
Entre los manifestantes se encontraban, además, representantes de la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que han criticado duramente un acto que consideran «de adhesión a un presunto responsable de crímenes políticos de lesa humanidad».
«No solo son una ofensa para sus víctimas, sino que representan una vergüenza para esta democracia corroída por la impunidad del franquismo, y retrata fielmente las convicciones democráticas y éticas de sus organizadores y patrocinadores», han denunciado en un comunicado publicado el pasado viernes y que han repartido en mano a los asistentes al evento.
En el mismo, la asociación hace referencia a las personas asesinadas y por las que Martín Villa llegó a estar investigado. «Para las víctimas de aquellos crímenes este acto es una provocación y un escarnio añadido a la negación de acceso a la justicia que han padecido a lo largo de más de 40 años en este país», han lamentado.
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