Solo hay una cosa que da cohesión al actual Gobierno y las plataformas electorales/partidos políticos que lo sustentan: el apego al poder institucional y sus prebendas. Saben que la ruptura de su coalición y la convocatoria de elecciones anticipadas supondría muy probablemente la pérdida de estas y, por tanto, la pérdida del Gobierno.
Hasta hace no mucho tiempo venían utilizando una amenaza con ciertos resultados: “que viene la derecha y, con ella, la extrema derecha”, tal como en el popular cuento Pedro hacía en relación con el lobo entre los habitantes de su aldea -“¡que viene el lobo, que viene lobo!”-. Pero los auténticos depredadores los tenemos ya entre nosotr@s desde los orígenes del actual Régimen, ocupando cada vez más espacio y poder, desde la Monarquía borbónica corrupta a la policía patriótica encabezada por Villarejo y compañía, pasando por los partidos políticos de la corrupción, los medios de manipulación pública o la conocida como “administración de Justicia”.
El episodio del “conflicto” (más adecuado sería llamarle “esperpento”) entre la Mesa del Congreso de los Diputados y el Presidente de la Sala de lo Penal del autodenominado Tribunal Supremo, el señor Marchena, que dicta sus sentencias o resoluciones en nombre del Rey (ahora Felipe de Borbón y durante décadas Juan Carlos I, ciudadano ejemplar donde los haya), si no fuera por su tremenda gravedad, cuestión que por cierto ningún medio ha destacado, podríamos definirlo como una perfecta bufonada.
El Tribunal Supremo dicta una sentencia en relación con el diputado canario Alberto Rodríguez, como siempre que les interesa, totalmente críptica, es decir, leguleya. Sobre ella hay tantas interpretaciones como intereses alrededor del caso. Ante tal confusión, la máxima autoridad del Congreso de los Diputados, su Presidenta, pide una aclaración al respecto a la alta autoridad judicial española, y esta, como no podía ser menos, teniendo en cuenta su naturaleza, responde ninguneando y comunicando que ellos no están para aclarar esas cuestiones a otras instancias institucionales. “Otras instancias” son, según su propia organización del Estado, nada menos que la más alta representación del poder legislativo, es decir, teóricamente la representación de la soberanía del Pueblo. Eso sí, añade que esa institución (el Congreso) ya está tardando mucho en aplicar la sentencia, que por otro lado sigue sin aclarar en lo concreto. A la señora Batet le falta tiempo entonces para retirar su condición de diputado a Alberto Rodríguez, sin previo aviso ni convocatoria de la Mesa del Congreso, no vaya a ser que el señor Marchena se enfade y la empapele a ella también por desacato a tan alta autoridad judicial.
Por su parte, Podemos, especialmente a través del Sr. Echenique, el que tenía sin asegurar a su asistente (es decir, la persona que cada día le ayudaba a vivir), anuncia que su partido presentará una querella criminal contra la Presidenta del Congreso, posición que no llega a mantenerse ni 24 horas. Antes del anuncio de que no se interpondrá la querella anunciada, otros “cualificados portavoces” de la coalición Unidas Podemos, en este caso de IU, Alberto Garzón (Ministro de Consumo) y Enrique Santiago (Secretario de Estado para la Agenda 2030), informan que la querella es exclusivamente a título personal de Alberto Rodríguez. Entre tanto este, a su llegada a Canarias, introduce los únicos elementos de lucidez que hemos visto durante el proceso: anuncia su salida de Podemos, entre otras cosas porque ha comprobado en su propia experiencia que un partido de ámbito estatal no es eficaz para resolver los problemas de su tierra -Canarias- y transfiere su defensa jurídica al equipo que está llevando los asuntos de Puigdemont, por cierto, con bastante éxito. En pocas horas estos publicaron un comunicado en el que plantean una serie de exigencias tendentes a clarificar el proceder de la Presidenta del Congreso en el asunto, cuestión de sentido común y que ha puesto contra las cuerdas a la señora Batet. Alberto Rodríguez y su nuevo equipo jurídico pasaron de los ejercicios con pólvora mojada -a los que los representantes de UP en el Gobierno de coalición están tan acostumbrados- a apretarle los tornillos de verdad en un procedimiento lleno de confusión, de aparentes irregularidades y de cobardía institucional por parte de la Presidenta del Congreso y de sus señorías. Mientras, las imágenes que diversos miembros destacados de UP se habían ido colocando en sus perfiles de redes sociales en apoyo a Rodríguez iban desapareciendo tan solo unas horas después.
Este episodio se vio entremezclado con otro embrollo de figurantes, en este caso en relación con la derogación de la Reforma Laboral de Mariano Rajoy. Que si es derogación; que si es reforma de la reforma; que si Yolanda Díaz, que se ha postulado como candidata a Presidenta del Gobierno en las próximas elecciones generales, tiene que protagonizar esa “reforma”; que Calviño, la Ministra de Economía, tiene que estar en pie de igualdad con la anterior… Es decir, una auténtica jaula de grillos. Un nuevo episodio de ruido mediático para intentar seguir haciendo creer a la gente que en la Coalición del Gobierno están todas las izquierdas posibles. Finalmente, como en el tema del Salario Mínimo, la montaña parirá un ratón: el aumento se redujo a 50 céntimos de euro diarios, cuando en Alemania están negociando un aumento de un 25% y en Portugal el Partido Comunista exige elevarlo de 635 a 850 euros (casi un 34%) para apoyar los presupuestos generales en ese país, que no de ser aprobados supondrán el adelanto electoral.
Una cosa ha quedado una vez más meridianamente clara. Desde el Régimen del 78, en franca involución y descomposición, es absolutamente imposible impulsar con expectativas de éxito iniciativa alguna favorable a los intereses de los/as trabajadores/as del Estado español. Asumir esta realidad, tan contrastada a lo largo de los años, es esencial para el avance real del movimiento popular. No se trata en absoluto de abandonar las luchas sectoriales, sino todo lo contrario; además de que en esos espacios es posible conseguir algunas victorias concretas, han de servir para la educación ideológica, política y organizativa de las gentes del común. La lucha en defensa del Sistema Sanitario Público; la lucha en defensa de unas pensiones públicas y justas; la lucha por la educación pública; la lucha por lo público en general y, por tanto, contra las privatizaciones que tanto perjudican al pueblo trabajador como benefician a los capitalistas; la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres; de la juventud; contra el fascismo y el racismo; contra el militarismo, la OTAN y la guerra… son todas ellas luchas de primordial importancia, por su capacidad de movilización y de organización. Pero a todo ello hay que añadir la lucha directamente política, es decir, por el cambio de Régimen y de Sistema.