El Régimen del 78, la concreción jurídico-política de la IIª Restauración Borbónica, tal como ocurrió con la Iª, está en fase terminal, fruto de su incompetencia para ejercer una gobernanza mínimamente eficaz, cuestión en la que influye de manera significativa la renuncia plena a tener un proyecto global propio. Aquí se está pendiente, en lo fundamental, de lo que decidan los amos en la UE o en los EEUU. Entran en pánico cuando el liderazgo de Norteamérica se debilita o se reorienta. Similar cuestión les sucede cuando hay una renovación, al menos personal, del liderazgo germano/europeo.
Si de los poderes fácticos españoles hubiera dependido, Angela Merkel se habría presentado de nuevo a las elecciones para seguir siendo la Canciller. Merkel se ha convertido en un personaje de «excelencia»; nada menos que la patrocinadora del «austericidio», de la Troika, que tanto sufrimiento supuso y supone para las clases trabajadoras de nuestros pueblos. Ahí tenemos la situación más que precarizada del Sistema Sanitario Público, la reforma de las pensiones o la propia reforma del Artículo 135 de la Constitución, llevada adelante bajo el último Gobierno de Rodríguez Zapatero, mediante el que se impuso la prioridad de pagar los intereses a la banca internacional antes que sostener los servicios públicos de l@s ciudadan@s del Estado español… cuestión, por cierto, que nadie parece tener interés en recordar desde el «Gobierno de Progreso».
El Régimen del 78 fue desde sus orígenes un constructo esencialmente nefasto y contrario a los intereses de las clases trabajadoras y Pueblos del Estado español, pero su evolución con el paso del tiempo, tal como ocurre con los malos vinos, ha sido desastrosa en todos los planos. Hay una característica esencial en este Régimen de la IIª Restauración Borbónica que le equipara plenamente al de la Iª: la corrupción sistémica que afecta al Régimen y al conjunto de sus instituciones, como un “chapapote” que lo impregna todo. La principal referencialidad de este, según nos contaron durante 35 años, fue Juan Carlos de Borbón, un auténtico ladrón y un golfo sin límites que continúa viviendo de las finanzas públicas como Rey Emérito; Felipe, cuyo mérito es ser su único hijo varón, al menos legalmente reconocido, es el actual Jefe de Estado.
Hace casi un siglo, en 1923, los tremendos escándalos de corrupción -en los que también estaba implicado hasta las cejas el Borbón titular de la Corona en aquel momento, Alfonso XIII- unidos a la total ineficacia gubernamental para la gestión de los asuntos del país, con el trasfondo de la guerra de Marruecos y con unos movimientos sociales y políticos de oposición cada vez más activos, desembocaron en un autogolpe impuesto desde el propio poder: la Dictadura de Primo de Rivera. Esta fue un intento a la desesperada para dar continuidad al Régimen, que sobrevivió durante siete años y cuya caída supuso la antesala de la proclamación de la IIª República. Aquel proceso de militarización/fascistización en el Estado español conectó con procesos similares que se dieron en otros países europeos, como Italia, Hungría o Alemania.
En esta ocasión, la alternativa para el bloque dominante español consiste en mantenerse a flote cueste lo que cueste, buscando la continuidad del chiringuito del que tan maravillosamente viven. El objetivo es única y exclusivamente su supervivencia en el poder. Como es obvio, ese proyecto no solo no genera entusiasmo social alguno, sino que cada vez provoca más desafección popular. Las contradicciones en el seno del entramado institucional no hacen sino ponerse cada día más de manifiesto. El episodio de la detención en Cerdeña de Puigdemont ha puesto sobre la mesa una vez más las tensiones entre el poder judicial, situado en lo que antaño se denominaba el búnker, y la Abogacía del Estado, que por ley tiene que seguir las instrucciones del Gobierno. El Tribunal Supremo, con el juez Llarena a la cabeza, y la Abogacía del Estado defienden posiciones no solo distintas, sino contrapuestas, en relación con la vigencia de la euroorden de detención de Puigdemont. Parece claro que al señor Llarena, hombre intelectualmente sencillo, y desde luego de carácter autoritario y rupestre, le parece inconcebible, tal como ocurre con el portavoz de Vox, que exista una autoridad judicial europea que esté por encima de su “testicular voluntad”.
Si en los años 20 del siglo pasado se recurrió a la Dictadura de Primo de Rivera para dar unos cuantos años más de continuidad al Régimen de la Iª Restauración Borbónica, la estrategia adoptada ahora, al menos de momento, es el intento de embrutecimiento pleno de la opinión pública, así como el intento de liquidación de todas aquellas herramientas que puedan ser útiles para impulsar un auténtico cambio social, político y económico. En síntesis, tratan de llevar a la absoluta desorientación ideológica, cultural y política a la población; las TV’s y buena parte de las redes sociales son sus instrumentos privilegiados. No es de extrañar que el Estado español encabece las tablas de clasificación de fracaso escolar y cuente con la mayor proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan; así es como quiere el Régimen y el Sistema a la población: embrutecida, desorientada, amoral. Consideran que ese es el mejor estado para mantener su dominación/manipulación.
El Estado de Alarma y su militarización, instrumento alrededor del que construyeron su estrategia para luchar contra la pandemia, les fue inicialmente útil para dar pasos en esa dirección, aunque finalmente creemos que les ha salido el tiro por la culata.
A pesar de sus relativos éxitos mediante esa estrategia, el movimiento popular avanza en el conjunto de Castilla, incluyendo Madrid, y por supuesto en otros Pueblos del Estado. Al final, se puede necesitar más o menos tiempo, pero la realidad se acaba imponiendo sobre la mentira sistemática.
Un ejemplo claro de lo que decimos es el desmontaje de las falsedades sobre las perspectivas de crecimiento, que ha sido en el segundo trimestre del año 2021 tres veces inferior a la que el Gobierno publicitaba; o acerca del impacto de la inflación, que desgraciadamente es un fenómeno que ha venido para quedarse, con todas las tremendas repercusiones que supone sobre la carestía de la vida y, por tanto, sobre la precarización de las clases populares.
Vivimos en una coyuntura histórica en la que en poco tiempo suceden muchas cosas relevantes; es lo que se denomina una “coyuntura de trascendencia histórica”. Cosas que, aunque intenten ocultarlas o deformarlas, finalmente se acaban percibiendo. Se acabó el tiempo de «los juegos de tronos» u otras ficciones de los progres. Para bien o para mal estamos en el tiempo de los procesos geológicos y no solo en su sentido literal, tal como está ocurriendo en La Palma, a cuyos habitantes queremos expresar todo nuestro apoyo y solidaridad, así como manifestar el rotundo rechazo a las declaraciones demenciales de la ministra Reyes Maroto pretendiendo hacer un aprovechamiento turístico de esa tragedia. Nos preguntamos qué clase de sustancias consume esta gente. Sería muy conveniente que en el Parlamento español hubiera controles de sustancias tóxicas similares a los que hay en las carreteras. ¡Ay si Ayuso, frente a la que no tenemos más que una posición de confrontación, hubiera hecho unas declaraciones similares!; habría sido portada de toda la «prensa progre» y hubiera sido «trending topic» de las redes sociales de ese ambiente. Pero como decíamos, es tiempo también de “procesos geológicos” en el ámbito social y es fundamental que estos, incluyendo las “explosiones volcánicas” y el “descenso de lava”, se orienten en un sentido favorable a los intereses de las clases populares.
La irracionalidad, la siembra de la incultura y el pensamiento acientífico, la liquidación de los valores éticos y de los proyectos colectivos, son las armas fundamentales que en esta coyuntura utilizan los enemigos del pueblo. Nuestro esfuerzo tiene que ir justamente en sentido opuesto. La información veraz, la metodología científica, el estudio y el conocimiento, la organización popular al servicio del Pueblo. Estas son nuestras tareas, y ahí se encuentra la razón principal por la que pretenden ilegalizarnos.
En el próximo editorial informaremos y reflexionaremos sobre la situación de este proceso de intento de ilegalización. Existimos porque somos útiles y necesarios al movimiento popular y no nos van a parar. Nuestro lema es servir al Pueblo, no tenemos otra razón de ser. Esa es nuestra fuerza y nuestra legitimidad.