
Desde hace años el Régimen del 78 se revela tal y como realmente es. La IIª Restauración Borbónica, impuesta por el franquismo, incorporó todo el entramado represivo de aquel Régimen, incluyendo la administración de Justicia y las fuerzas policiales, pero también una cultura de la corrupción que alcanza los más altos niveles de las instituciones.
Es evidente que un Régimen con estas características es absolutamente irreformable. Desde el punto de vista del análisis teórico, el mínimo rigor conduce a tal conclusión. Pero es que empíricamente tal cosa se ha puesto de manifiesto en tantas ocasiones como veces se ha intentado algún proceso de reforma democratizadora. Podríamos citar docenas de ejemplos, pero vamos a destacar dos que nos parecen muy significativos: el rechazo permanente a que se realice una consulta a la población sobre la forma de Estado (monarquía o república) y el rechazo a abordar fórmulas a través de las que se pueda articular el derecho de Cataluña y otros pueblos del Estado para decidir sobre su futuro. Dicen que sobre esto último tendría que pronunciarse toda España; y en relación con la consulta sobre monarquía o república, ¿cuál es el problema entonces?
Estamos viviendo momentos de gran trascendencia, de aceleración histórica. Ya nada volverá a ser como antes. En esta coyuntura, tener un Estado mínimamente honesto, democrático y que desarrolle su política con unos mínimos criterios de defensa de los intereses propios y de soberanía, es una cuestión vital. Pero este Estado/Régimen/Gobierno no los tiene en la menor medida. Lo que sí tiene sobradamente es una afinidad cada vez más intensa por la mentira, llevando la manipulación de la realidad a extremos grotescos. Está constatado que se está produciendo un incremento de las enfermedades mentales, no solo en relación con la pandemia, sino con la crisis social y económica que la acompaña. Nos preguntamos si la alta jerarquía de las instituciones no está padeciendo también un trastorno mental colectivo, en su caso uno no generado por las mismas razones que afectan a la mayoría de la población, sino por la necesidad de disociarse de una realidad sobre la que teóricamente tendrían que aportar soluciones, todo ello para continuar en su burbuja llena de privilegios.
El viaje de Pedro Sánchez a Estados Unidos ya ha tenido unos grandes resultados para los fondos buitre. El pasado 29 de julio, apenas una semana después del viaje, El País informaba de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón desimputaba a varios ejecutivos de multinacionales de matriz española en el llamado “Caso Villarejo: el señor Brufau, presidente de Repsol, y el señor Fainé, ex-presidente de CaixaBank. Simultáneamente notificaba que tampoco la exministra de Rajoy, Dolores de Cospedal, ni su marido, serían imputados en el Caso Kitchen. Al final quienes se comen el marrón en exclusiva son el ex-ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su equipo. Por supuesto se la tiene más que merecida, pero es obvio que otros con iguales méritos se quedan fuera del procedimiento. Ese procesamiento, el de Jorge Fernández Díaz, resultará muy grato para determinados sectores de la opinión pública en Cataluña y en el conjunto del Estado, a los que subliminalmente se les trasladará el mensaje de que el responsable último de la represión al movimiento soberanista catalán durante el 1-Octubre de 2017 -aunque por vías torcidas e indirectas- tendrá su castigo penal.
Pedro Sánchez tuvo con Larry Fink, presidente de BlackRock, el encuentro estelar en su ruta estadounidense. Este señor, el mayor inversor en el IBEX-35, le hizo saber a Pedro Sánchez que no era sostenible que diversos ejecutivos de varias empresas del IBEX-35 estuvieran procesados y pendientes de juicio por graves delitos. Dicho y hecho: el 29 de julio la información de El País daba cuenta de la solución del problema.
Esta cuestión pone de manifiesto en primer lugar la absoluta subordinación, gobierne quien gobierne en el Régimen del 78, al capitalismo internacional yanqui y europeo. Asimismo, queda clara la maleabilidad y adaptabilidad de la administración de Justicia a esos mismos intereses.
En las últimas horas Pedro Sánchez, en una de esas declaraciones que ya no impresionan a nadie salvo a sus aduladores, ha hecho un “balance fantástico” de la actividad de su Gobierno hasta ahora. La realidad es que el paro afecta a más de tres millones y medio de personas, a pesar de la contabilidad creativa cada vez más descarada; si sumamos los trabajadores que están en ERTE pasarían de los 4 millones. La subida de los precios de productos de primera necesidad, entre ellos la energía eléctrica, el butano o el gas, continúa disparada. Similar cuestión ocurre con la alimentación y los productos de consumo más popular. El aumento de las colas del hambre en las grandes ciudades, en especial en Madrid, es absolutamente dramático y, aun por encima, los servicios sociales están cerrando por vacaciones o saturación, con lo que las tarjetas que se le facilitan a las familias que no tienen capacidad para adquirir los alimentos quedan bloqueadas. ¡Y después se regodeaban de las cartillas de racionamiento en Cuba! ¡Ya les gustaría a decenas de miles de familias en Madrid y otras ciudades del Estado español contar con esas cartillas!
Por otro lado, cada vez se dan más pasos en la preparación de la guerra, en especial por parte del Presidente Biden. Las últimas declaraciones dejan lugar a pocas dudas. La intromisión de la administración yanqui en los asuntos internos de los países que no aceptan su yugo es cada vez más agresiva y descarada. Queremos expresar en este sentido nuestra plena solidaridad con la Cuba socialista, el socialismo que habla en castellano.
Izquierda Castellana, 30 de julio de 2021