Las mujeres han sido desde hace décadas un arma de guerra en Colombia, se cuentan por miles las mujeres que han sufrido abusos sexuales y violaciones por los actores armados (incluidos miembros de la Fuerza Pública y paramilitares afines al Estado) de un conflicto que se prolonga desde hace más de 50 años.
En 2016, año en el que se firmó la paz con las FARC, el Registro Único de Víctimas del Gobierno de entonces registró 22.915 casos de violencia sexual en el marco del conflicto, mientras que el Centro Nacional de Memoria Histórica, ese mismo año, hablaba de 15.076 y agregaba un dato muy revelador: el 45,7% ocurrió entre 2000 y 2005, durante la arremetida paramilitar.
El pasado miércoles 12 de mayo fue un día álgido, con manifestaciones de masas en todo el país. El Comité Nacional del Paro había llamado a la huelga, pero los ciudadanos de Popayán, capital del departamento del Cauca, en el convulso suroeste de Colombia, salieron a la calle, como en otras zonas de Colombia.
Esa noche, la adolescente Alison Liseth S. iba camino a casa de un amigo y se encontró con una protesta. Grabar con su teléfono móvil el choque entre los manifestantes y la policía fue su castigo, pues fue capturada por cuatro policías del escuadrón antidisturbios ESMAD. En Colombia está expresamente permitido grabar un procedimiento policial.
Los policías quisieron arrebatarle el teléfono y Alison trató de impedirlo. Un uniformado le dio un golpe en el estómago y la adolescente pareció perder aliento. A continuación, los cuatro cargaron su frágil cuerpo, cada uno agarrando una extremidad, y se la llevaron a rastras.
Ella forcejeaba. Un defensor de derechos humanos grababa la escena. Desesperado ante la detención arbitraria y el abuso de autoridad flagrante, el defensor le preguntó su nombre, pero si Alison respondió, no se le oyó. De un agente quedó grabado el número de su chaleco: 05523.
«Suéltame que me estás desnudando, imbécil! ¡Suéltame», exclama Alison. En el vídeo se ve la lucha de la niña contra los cuatro jayanes antimotines con uniforme de robocop mientras éstos avanzan con dirección a la URI. En un momento, ella logra quedarse sentada en el suelo, se acomoda la ropa y se niega a cooperar: «¡Si yo no estoy haciendo nada!», protesta, «¡Yo iba pasando!».
La vuelven a levantar de sus cuatro extremidades, el pantalón amarillo y la camiseta blanca han vuelto, más a o menos, a su sitio una segunda vez, y resulta eterno el camino en cámara subjetiva hasta un centro de servicios de la fiscalía general (URI, Unidad de Reacción Inmediata). Ella lucha sin pausa.
La cámara y quien la lleva no la abandonan, pero guardan distancia cuando los robocop la hacen entrar a la URI. La llevaban a rastras, ella se resistía. Otros policías militarizados entran detrás. Eran las 9:12 de la noche del 12 de mayo. ¿Qué estaría pensando del mundo esta niña?
Menos de dos horas después, a Alison S. la dejaron libre como quien hace un favor –sin explicaciones–, nueve minutos antes de las 11 de la noche.
Estaba «en óptimas condiciones», declaró después el jefe policial de Popayán, general Ricardo Alarcón Campos. La entregaron a su abuela materna, quien la llevó a casa. La chica no quiso cenar.
En algún momento esa noche o quizás al día siguiente después de desayunar, el jueves 13, se miró al espejo y descubrió moretones en el cuerpo: «Frente a esto la abuela le pregunta a su nieta si la habían golpeado, la joven le dice que sí, que le dolía el estómago y que la habían manoseado», se lee en un recuento de los hechos de una agrupación de organizaciones de derechos humanos y de los indígenas y campesinos del Cauca.
Hacia las 10:30 de la mañana del jueves, Alison metió la cabeza en una bolsa plástica y se suicidó, aspirando el gas propano que alimenta la estufa de su hogar.
Antes de conocerse su deceso la indignación ya estaba hirviendo en las redes sociales porque ella escribió en su cuenta de Facebook, a nombre de Alison Ugus: «No iba con ellos»… «me bajaron el pantalón», «me manosearon hasta el alma».