Un Estado autoritario, corrupto y manipulador.

Rechazamos absolutamente el encarcelamiento de Pablo Hasél y exigimos su libertad en la misma medida que exigimos la libertad de otros muchos presos políticos. Parece ser que hay iniciativas legislativas desde los partidos que forman el Gobierno de coalición para afrontar algunos cambios en el Código Penal que supongan la exclusión del delito de injurias a la Corona. También parece que están tramitando el indulto para Pablo Hasél. Pero la pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿ambas cuestiones van a suponer cambios significativos reales para las condiciones de vida de las clases populares o para la calidad democrática del Régimen del 78?, ¿o más bien serán útiles, inteligentemente instrumentalizadas, para reforzar tácticamente al Régimen? Analicemos algunos aspectos de la actual coyuntura. No recordamos detención o encarcelamiento alguno anterior, así como las movilizaciones de apoyo posteriores, que tuvieran una proyección mediática,  ni tan siquiera parecida, a la que se está dando en el caso de Pablo Hasél. Ni por los medios públicos, ni por los privados. Desde luego es evidente que el Sistema no quiere que el asunto pase desapercibido. El porqué de esa actitud es lo que vamos a intentar analizar. Esa profusa y poco habitual cobertura mediática vino asociada inicialmente a la comunicación de que los dos partidos socios del Gobierno (PSOE y UP) presentaban una iniciativa para reformar el Código Penal, por cierto, a codazos entre ellos,  para retirar el delito de injurias a la Corona y acotar el de apología del terrorismo, cuya redacción actual lleva a situaciones tan demenciales como la detención y encarcelamiento de los titiriteros que actuaron en el barrio de Tetúan en 2016 (Archivada la investigación a los titiriteros por incitación al odio) por cierto, proceso favorecido por el Ayuntamiento de Madrid, en aquel momento presidido por «la progresista» Manuela Carmena.

Algunos sectores en el 15M estaban interesados en que el debate sobre la orientación de aquel movimiento se limitara a la cuestión de reformar la Ley Electoral, justamente los mismos sectores que finalmente constituyeron Podemos. El problema para ellos no era el Régimen del 78, sino la Ley Electoral, que creían dificultaba su potencial acceso a los cargos institucionales. Ahora la filosofía que pretenden propagar es similar, haciendo creer que el problema no reside en la existencia de la Corona misma y por tanto del Régimen monárquico, sino en el delito de injurias contra esta. Pues va a ser que no.

Hay otra derivada política del asunto que estamos viviendo y es en lo referente a sus repercusiones en Cataluña.

En Madrid, las movilizaciones por el tema concreto de Pablo Hasél, salvo que surjan novedades, parece que están en su fase de finalización. Parece que los de siempre ya no tienen más provecho que sacar en este caso. Pero en Cataluña la cosa se está estirando, y los medios catalanes y también los estatales le siguen dando una cobertura estelar. Pero, ¿cuál es el mensaje que están deslizando cada vez más descaradamente? Que la Policía Autonómica catalana es incapaz de mantener el orden público y la integridad de la propiedad privada en su territorio. Además de la derecha formal y del PSC, la patronal catalana ya se ha pronunciado: ¡hasta aquí hemos llegado!

Las elecciones del 14F, impuestas en esa fecha por la administración de la Justicia catalana/española, es decir, por el Estado Español, han sido un paso -inteligente- en la imposición fáctica de un nuevo 155. El Gobierno de Rajoy lo hizo de forma abrupta, las circunstancias le obligaban, pero el actual lo está haciendo de forma más hábil, sutilmente. El PDeCat no ha conseguido representación parlamentaria alguna, pero ha conseguido algo mucho más importante en la actual estrategia de La Moncloa (el poder español) hacia Cataluña: que Junts no ganara las elecciones. Si sumamos los votos obtenidos por el PDeCat a los de Junts, estos serían muy similares a los del PSC y la distribución de escaños hubiera supuesto que Junts alcanzase al menos tres más que el PSC. Es bueno recordar que la Junta Electoral Central, estructura controlada por el Gobierno español, decidió transferir al PdCat todos los espacios electorales que le correspondía a Junts por los resultados de las anteriores elecciones autonómicas.

Una vez establecida entre sectores amplios de la sociedad catalana la idea de que la actual Policía Autonómica no es capaz de garantizar el orden, se establece una nueva razón para argumentar la presencia del PSC, a través de mecanismos formales o  informales, en el Gobierno de la Generalitat. Esto es a lo que realmente están. Veremos cómo el compromiso de cinturón sanitario hacia el PSC se viene abajo con los primeros soplos. Estos procesos requieren su tiempo, no se materializarán de un día para otro, pero el camino lo han empezado a andar.

Es interesante analizar también (ya comenzamos hacerlo en el anterior editorial) cómo aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid se reactiva la línea criminalizadora contra Izquierda Castellana y en general contra el conjunto de colectivos rupturistas con presencia en Madrid. Para ello muchos «medios de comunicación», incluyendo El País, se han hecho eco de una información cuyas fuentes, reconocen, son las Brigadas de Información de la Policía Nacional. Esos artículos responsabilizan de los incidentes ocurridos en la movilización de Madrid y otras ciudades castellanas a las referidas organizaciones políticas, especialmente a IzCa.

Queremos decir que nuestra percepción es que los incidentes han estado inducidos en muchas ocasiones por las propias fuerzas policiales. En segundo lugar, aclarar que esta maniobra intoxicadora contra nuestra organización se produce en los mismos días en los que Audiencia Provincial de Madrid publica su sentencia sobre los hechos ocurridos en octubre de 2014 en una manifestación contra la monarquía corrupta en la Puerta del Sol, en la que algunas personas de Izquierda Castellana y/o de la Coordinadora 25S fueron brutalmente agredidas y aun por encima acusadas por la propia Policía de atentado a la autoridad, con una petición fiscal de año y medio de cárcel. La sentencia ha sido plenamente absolutoria. Quizás los «medios de manipulación», para no quedar en evidencia de forma reiterada, deberían de contrastar algo más sus informaciones, aunque esto sería como pedirle peras al olmo. Por supuesto ninguno de esos medios que han participado en la maniobra de intoxicación contra Izquierda Castellana se han hecho el menor eco de la noticia de la sentencia. Tampoco han otorgado prácticamente ninguna cobertura a la movilización «Nos están matando», convocada por unos 130 colectivos y que fue prohibida hasta en dos ocasiones por el Delegado del Gobierno en Madrid alegando motivos sanitarios, mientras permitían manifestaciones de negacionistas y neonazis. No nos extraña lo más mínimo ese sesgo informativo, esparte de su línea de trabajo.

En Madrid se está fraguando (a pesar de la Delegación del Gobierno en esta Comunidad y, por tanto, del Gobierno de Coalición) un proceso de articulación del movimiento popular que avanza semana a semana con bastante solidez. La filosofía con la que se hace la construcción de ese proceso es la del trabajo coral; aquí no hay solistas principales, hay un proyecto grupal que pretende recoger todas las voces en lucha de todos los barrios, pueblos y sectores, por supuesto de forma asamblearia y democrática. Ni nos van a detener ni nos van a distraer de nuestros objetivos.

Izquierda Castellana, a 23 de febrero de 2021.