A lo largo del tiempo ha habido numerosos exilios políticos en el Estado español, además del republicano (de la II República), que por sus características cualitativas y cuantitativas fue de una singularidad histórica difícilmente comparable con otros exilios. Pero como decíamos, el exilio ha sido una constante histórica en el Estado español al menos desde el siglo XVI. En el caso de Castilla, el primero de alta significación fue el exilio comunero que se dirigió fundamentalmente a Portugal y a las Américas, pero en el siglo XIX hubo episodios recurrentes de exilio, condicionados especialmente por la imposición del absolutismo borbónico de Fernando VII, que entre otras cosas recuperó a la Santa Inquisición, además de cerrar todas las universidades. También ocurrieron posteriormente, con la caída de la I República y la consiguiente Restauración Borbónica. Los exilios son por tanto una constante en la historia de este Estado y suponen una de sus anomalías características y permanentes.
La visita de Josep Borrell a Moscú iba a ser un proceso triunfal, fantasía que solo pudo generarse en base a la ignorancia y a la baja calidad de la diplomacia española. En este terreno nuestros vecinos portugueses, teniendo por su tamaño y potencia económica aparentemente menos posibilidades, han conseguido y siguen consiguiendo resultados significativamente mejores, tal como demostraron resolviendo la cuestión de Timor Oriental, conflicto con bastantes similitudes al del Sahara Occidental, en el que el Estado español no ha sido capaz -o no ha querido- aportar avance alguno en su solución. Finalmente, la excursión a Moscú acabó siendo un puro fiasco, y no solo para el alto representante de la UE sino para el conjunto de esta. La sesión del Parlamento Europeo en la que un numeroso grupo de eurodiputados de varios países solicitó la dimisión de Borrell es todo un indicativo de ello.
La capacidad de encaje de las consideraciones del Ministro Ruso de Exteriores entre las diversas fracciones políticas del Régimen fue patética. El nivel de los argumentos que están utilizando se demuestra en la necesidad de recurrir al ranking elaborado por el periódico The Economist, ranking en el que España, por cierto, ha bajado significativamente de puesto en los últimos años, con una clara tendencia al deterioro de los indicadores democráticos.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno, a su vez, en el contexto de las elecciones autonómicas en Cataluña, hizo unas declaraciones en el sentido de que «España es una democracia con insuficiencias», sin plantear medida alguna para resolver esa cuestión, excepto la presentación de un proyecto de ley, a codazos con sus compañeros de Gobierno, para despenalizar el delito de injurias a la Corona, una de las causas por las que pretenden encarcelar a Pablo Hasél, una reforma que exige la jurisprudencia europea. Como decíamos, a codazos con el PSOE para ver quiénes eran los primeros en publicitar tales medidas, también pretenden cambiar el tratamiento que da el Código Penal al delito de «enaltecimiento del terrorismo», cuyas víctimas principales de la redacción actual fueron los Titiriteros por el espectáculo de guiñoles que realizaron en Madrid en los carnavales de Tetuán el 5 de febrero de 2016, espectáculo por el que acabaron con sus huesos en la cárcel durante cinco días (precisamente por el delito de «enaltecimiento del terrorismo»). Estos hechos ocurrieron cuando era alcaldesa de Madrid la progresista Manuela Carmena, que por cierto fue parte de la acusación que llevó a los titiriteros a la cárcel. Que sepamos, aún no se ha disculpado por aquellos hechos.
España no es una democracia imperfecta, es simplemente un Estado autoritario con algunos espacios de libertad que se limitan o se amplían en función de la coyuntura sociopolítica. Estos espacios de libertad se utilizan además de forma claramente sectaria y discriminatoria. Lo estamos comprobando estas semanas en Madrid: mientras autorizan manifestaciones como la de los negacionistas del 23 de enero , prohíben la convocada por la asamblea de colectivos, barrios y pueblos de Madrid para el 30 de enero. Y mientras autorizan la convocada en defensa del Espacio Vecinal de Arganzuela (cosa que nos parece muy bien y allí estuvimos apoyando) porque esta manifestación se centraba exclusivamente en la crítica al Ayuntamiento de Madrid, de ahí la participación de significativos líderes del PSOE, simultáneamente vuelven a prohibir la comunicada para el 14F convocada por el mismo espacio que la del 30 de enero, porque en ella se pretenden denunciar y combatir la política del Trifachito en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, pero se denuncian y se combaten también a las políticas del Gobierno central, en lo esencial al servicio de similares intereses que los que defiende el Trifachito, eso sí, con más disimulo y mejor publicidad.
La democracia española -mejor sería llamarla «democracia a la española»- tiene muy poco de democracia: ni por su origen, ni por su proceso de construcción, ni por su evolución a través de los años.
Fue el resultado de una segunda Restauración monárquico-borbónica impuesta por la dictadura franquista (que no era solo Franco). Su Constitución no es fruto de un proceso constituyente democrático, sino de un proceso condicionado en sus elementos esenciales por el bloque dominante español hegemónico en el franquismo, y que lo siguen siendo ahora, por supuesto, con el pleno apoyo del imperialismo europeo y yanqui. Sus aparatos de Estado no solo no fueron disueltos, sino que no tuvieron depuración democrática alguna.
Algunos sectores se echan las manos a la cabeza por el espectáculo sistémico de la corrupción policial y su implicación en operaciones políticas y económicas de tipo especulativo. Lo mismo podríamos decir del aparato judicial. De aquellos polvos estos lodos. El espectáculo del Emérito cubierto de mierda e indignidad, que ya casi nadie pretende disimular, es el símbolo preciso de la auténtica naturaleza del Régimen que Juan Carlos encabezó durante cuarenta años, y que ahora encabeza su hijo, que es simplemente un auténtico imbécil.
Un Régimen en el que a lo largo de sus más de cuatro décadas de existencia ha practicado el terrorismo de Estado cuando le ha parecido oportuno; que ha torturado y maltratado a miles y miles de personas; que ha detenido a decenas de miles por motivos políticos; que ha ilegalizado partidos y coaliciones políticas, como ocurrió con Iniciativa Internacionalista en el 2009; que ha cerrado medios de comunicación cuando le ha parecido oportuno; que ingresa de nuevo a gente en las cárceles exclusivamente por sus opiniones políticas; que no atiende de forma reiterada a las demandas internacionales para que los responsables de crímenes contra la humanidad ocurridos en España declaren en sede judicial neutral.
El Régimen del 78 es la antítesis de la democracia, pero esto no es por casualidad, es porque con un Régimen medianamente democrático el bloque dominante español, tal como hoy lo conocemos, difícilmente podría sobrevivir. Esa es la cuestión de fondo. España, especialmente desde el siglo XIX, no es un país normal. Es un país totalmente subordinado en lo económico, en lo social y en lo cultural a intereses externos. Sin soberanía significativa en ninguno de esos terrenos. Solo mantienen soberanía plena en la capacidad represiva sobre la propia población.
Decía Churchill al inicio de la II Guerra Mundial que Europa estaba ocupada por los ejércitos nazi/alemanes, excepto España, que estaba ocupada por su propio ejército. Las clases dominantes españolas tienen una concepción totalmente apátrida, lo único que les importa es mantener sus rentas y sus privilegios. La cultura, la ciencia, el desarrollo global y el futuro como pueblo no les preocupa lo más mínimo. Exprimir lo más posible a los de dentro sin injerencias externas, aunque ello sea en base a una subordinación mayor día a día a intereses ajenos -los de las diversas potencias imperialistas- es su auténtica finalidad. No tienen proyecto de país, más que el de mantener su estatus socio-económico de privilegios.
Este Régimen no es solo que no sea democrático, es que es incapaz de ofrecer un mínimo futuro a la población: la emigración de nuestra juventud, especialmente de la más cualificada, de la llamada «España vaciada», que es fundamentalmente la Castilla y el Aragón vaciados; la pérdida continua de prestigio internacional; el funcionamiento cada vez más incompetente de las administraciones públicas…
No hay solución en el marco de este Régimen degenerado, por mucho que los medios de comunicación a su servicio manipulen día a día, situándose en un similar plano de degeneración. Sin embargo, Castilla y el resto de pueblos hoy bajo jurisdicción del Estado español tenemos todas las potencialidades para labrarnos un futuro digno y próspero, en base por supuesto a la recuperación de la soberanía y la República. Castilla tiene un espacio lingüístico y cultural de cientos de millones de personas, lo que por sí mismo tiene un inmenso potencial si se trabaja en ello sobre la base de posiciones de respeto mutuo, de internacionalismo y de intercambio equitativo.
Izquierda Castellana, 12 de febrero de 2021