
¿Hacia dónde camina el Estado español?
El Estado español es una realidad compleja. Por un lado, cada día es más débil como instrumento para dar solución a las necesidades de la sociedad en todos los ámbitos sobre la que tiene jurisdicción. No pasa una semana sin que se descubran más elementos de corrupción y, por tanto, progrese la deslegitimación ante amplios sectores de la opinión pública; pero, sobre todo, cada día es más evidente su dependencia del exterior, fundamentalmente de la Unión Europea, para su supervivencia.
No es casualidad que, a pesar de haber contado en su momento con uno de los mejores sistemas sanitarios públicos, fuera aquí en el lugar de Europa Occidental en que mayor morbimortalidad hubo en la primera ola de la pandemia Covid19, muy especialmente entre el personal del Sistema Sanitario Público y la gente que vivía en residencias de ancianos; en la segunda ola parece que las cosas no serán muy diferentes. Influye sin duda en ello el proceso de privatización del Sistema Sanitario Público puesto en marcha a partir de 1997 -con el primer Gobierno de Aznar-, y al que se le dio la puntilla de forma brutal en los Gobiernos de Mariano Rajoy. Pero hay un aspecto clave en relación a la gestión de la pandemia tal cual es la falta de comprensión sobre el problema al que nos estamos enfrentando, que se expresa de forma muy explícita en las declaraciones de los portavoces del Gobierno durante los primeros meses del presente año y ahora mismo sobre el asunto de la vacunación.
El Procés puso sobre la mesa, de nuevo, una realidad estructural del Estado español: su total incapacidad para resolver política y democráticamente los conflictos internos. La administración de Justicia española quedó totalmente en evidencia en todas las resoluciones orientadas a exigir la entrega de los exiliados catalanes a la Policía y tribunales españoles, cuando una tras otra fueron rechazadas por no reunir los más elementales criterios democráticos, pero también por sus graves deficiencias técnicas. Son evidentes los déficits democráticos y técnicos asimismo en todo lo relacionado con la gestión interna de los procesos judiciales derivados del Procés y de otros, pero ello no les importa demasiado.
El Estado español, el bloque dominante español en general, no tiene problema alguno en renunciar a su soberanía -cosa que ya han hecho- en todo aquello relacionado con la economía, la cultura, las relaciones internacionales, etc., pero a lo que no está dispuesto es a renunciar en lo más mínimo y bajo ningún concepto a la ‘Soberanía Represiva’, y la Unión Europea, aunque haga algún amago de protesta, no se va a implicar de forma significativa en este asunto; van a respetar de facto esa soberanía represiva del Estado español hacia los pueblos bajo su jurisdicción. A la UE le preocupa que en la Península Ibérica, y más en concreto en el Estado español, haya procesos de desestabilización (según sus propios conceptos) que puedan ser el marco para el avance medianamente serio de un proyecto democrático y con una orientación pro-socialista. Esta actitud quedó de manifiesto ante los quebraderos de cabeza que les trajo la II República, en especial bajo el Gobierno del Frente Popular. Hoy prácticamente sería inconcebible una intervención militar como la que tuvieron los ejércitos nazi-fascistas de Alemania e Italia, o la propia Royal Navy británica impidiendo que la Flota Republicana pudiera neutralizar el puente aéreo organizado por los países anteriormente citados para trasportar las tropas del Ejército de África a Andalucía, una vez derrotado en lo fundamental el ejército faccioso peninsular. La línea del capitalismo europeo es apostar por todos los medios a su alcance por el mantenimiento del actual Régimen de la II Restauración Borbónica, porque ello, desde el punto de vista económico y de la construcción de su proyecto imperial europeo, les resulta muy beneficioso. Esta es una de las fortalezas del Régimen monárquico, tal como expresó claramente Felipe VI en su discurso de Navidad.
En este contexto se puede comprender que el núcleo duro del Estado, el que se encarga de las tareas represivas en todos sus ámbitos, goce de una cierta solidez que no hay que despreciar en absoluto. A ello hay que añadir que el ‘Aparato Mediático’ tiene una gran experiencia en la manipulación permanente, en bastantes casos adquirida directamente durante el Franquismo. No es que digan falsedades de vez en cuando, sino que su relato está basado en la mentira estructural y sostenida. El ejemplo del Emérito es muy significativo. A Juan Carlos se le presentaba hasta hace muy poco tiempo como el artífice de la Transición y de todas las maravillas que esta había traído consigo, cuando todo el mundo informado sabía que era un golfo y un corrupto, incluso antes de ser coronado. Hubo que esperar a que los escándalos fueran ya indisimulables y los tribunales extranjeros empezaran a investigarlo para que aquí el asunto trascendiera a los medios de comunicación de masas.
Ahora la línea de defensa en relación con el Régimen monárquico del Bloque dominante español es que “una cosa es la persona y otra la institución”; y que Felipe es de verdad —tal como nos contaban que era su padre— honrado y patriota. Ya no se acuerdan, o no quieren acordarse, de cuando nos decían que aquí no había monárquicos, había “juancarlistas”.
En relación con el discurso de Felipe VI, el hijo y heredero de Juan Carlos I, no ha hecho más que reafirmar lo que planteamos en este editorial. De todo lo dicho, en su mayoría hojarasca, hay algo que expresa claramente la voluntad de la Corona, y también plenamente la del Régimen del 78. Hacemos una cita textual extraída del discurso:
“El otro gran problema y reto es la crisis económica y evitar, sobre todo, que derive en una crisis social”.
Esta es la auténtica gran preocupación del Régimen y del bloque dominante español. Por el contrario, nuestra mayor ambición y la del conjunto del movimiento popular en Castilla –esperamos que así sea en el resto de pueblos del Estado español- es justo lo contrario; es decir, que la crisis económica derive en una crisis social y política; y que esta catalice el cambio de Régimen.
Su objetivo es sobrevivir, y para ello, aunque cada vez tengan menos apoyo y legitimidad social, conservan un potente aparato represivo y mediático, y unos partidos y otras estructuras que viven “a cuerpo de rey” de ese Régimen corrupto e incapaz que es el Régimen del 78, al que por supuesto van a defender con uñas y dientes, porque de su sostenimiento depende el sostenimiento de sus propios privilegios y no merecidos estatus de vida. El caso Bateragune, con la decisión sobre la repetición del juicio, o los indultos a los presos políticos catalanes rechazados por parte de la Fiscalía, son un par de ejemplos de lo que decimos.
Es necesario trabajar duro y bien para conseguir lo antes posible la correlación de fuerzas que permita derrotar al “Régimen-basura” que nos machaca la vida, individual y colectivamente como pueblo; y para conseguir que la crisis económica se convierta en una crisis social y política que conduzca al cambio de Régimen.
El año 2021 en el que entramos se celebrará de pleno el V Centenario de la Revolución Comunera; ha de ser un momento de gran significación para avanzar en una mejoría sustancial de la correlación de fuerzas, en la lucha, organización y elaboración teórica. En síntesis, ha de ser un año para la construcción de Poder Popular, que nos permita alcanzar la victoria.
Izquierda Castellana, 25 de diciembre de 2020