Ante la decisión del Gobierno de declarar obligatorio el uso de las mascarillas (Orden SND/422/2020) desde hoy jueves 21, también en los espacios públicos abiertos. Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid queremos expresar las siguientes consideraciones:
En primer lugar nos alegramos de que después de tantas vacilaciones y posiciones contradictorias sobre el tema, que según Fernando Simón se han debido a la falta de existencias de éstas y no a que hubiera dudas sobre su utilidad real, lo cual por cierto nos parece una auténtica irresponsabilidad como política informativa, que finalmente se tome la decisión sobre su uso obligatorio en lugares públicos, abiertos o cerrados. Esa es la posición que venimos defendiendo desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid desde el momento cero de la pandemia Covid-19.
Esta decisión según han informado los medios de comunicación irá acompañada de medidas punitivas para aquellas personas que no cumplan la norma. Según se ha trasladado a través de los medios de comunicación, después de unos primeros días en los que se informará a la gente, se procederá a abrir expedientes sancionadores de 600 euros a aquell@s que la incumplan. Este aspecto de la cuestión nos parece inadmisible. No se puede transferir a las personas individualmente lo que afecta al conjunto de la sociedad y por tanto cuya responsabilidad tiene que recaer en las instituciones que gestionan ésta. Si las instituciones han tenido serias dificultades para conseguir mascarillas de las diferentes características, imaginémonos las que tendrán las personas a nivel individual.
La pandemia de la Covid-19 está enmarcada en una crisis socio-económica absolutamente brutal, que ha llevado ya a millones de personas a perder su trabajo en diversas modalidades; y que por tanto viven con unos ingresos mínimos o incluso, en no pocas ocasiones, inexistentes. La aparición de las llamadas «colas del hambre» para conseguir alimentos para la supervivencia de cada día, es una expresión dramática de lo que estamos diciendo .
Si las autoridades consideran que el uso de mascarillas en espacios públicos abiertos o cerrados es una medida muy importante para limitar la transmisión de la Covid-19 (cosa que compartimos). Tal como se hace con otros recursos terapéuticos o preventivos, por ejemplo las vacunas que pertenecen al calendario obligatorio, éstas, las mascarillas, deberían de ser incorporadas a las prestaciones del Sistema Sanitario Público, en la categoría de medicamentos o productos de primera necesidad, mediante la posibilidad de su prescripción o distribución gratuita en farmacias u otros locales apropiados. Esto permitiría que las familias con muy limitados recursos puedan acceder al uso de ese recurso de prevención en la transmisión de la Covid-19; y por tanto que nadie quede excluido por sus circunstancias socio-económicas.
Para una economía familiar precarizada el gastos de 30 o 50 euros mensuales a mayores en mascarillas es objetivamente inasumible.
La alternativa descrita anteriormente es la única que permitirá que la medida tomada en el Decreto (Orden SND/422/2020) por el Gobierno sea eficaz y que no suponga un quebranto más para las familias de las clases trabajadora, bastante perjudicadas ya por la pandemia del Covid-19 y por la pandemia socio-económica tan dramática como la anterior y que perdurará desgraciadamente en el tiempo por varios años.