Hablamos con empleadas del hogar sobre su situación tras el subsidio aprobado por el Gobierno para este colectivo. En España hay cerca de 700.000 empleadas del hogar, 400.000 están dadas de alta en la seguridad social y el resto trabajan en la economía sumergida, una situación que sitúa a 1 de cada 3 en el umbral de la pobreza
El Gobierno ha aprobado esta semana el subsidio extraordinario para las empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social que hayan perdido sus trabajos durante la crisis del coronavirus. En España hay cerca de 700.000 empleadas del hogar, 400.000 están dadas de alta en la seguridad social y el resto trabajan en la economía sumergida, una situación que sitúa a 1 de cada 3 en el umbral de la pobreza.
“Es muy preocupante porque están siendo despedidas y no pueden buscar otro trabajo debido al estado de alarma. A otras se les reduce la jornada y por tanto el salario, pero siguen trabajando lo mismo e incluso más. Se precariza su situación”, nos explica Carolina Elías, presidenta de Servicio Doméstico Activo. Esta abogada de origen salvadoreño se ha dedicado durante cinco años a esta profesión, la de empleada de hogar. Asegura que a muchas de sus compañeras les obligan a cogerse vacaciones y que las internas no pueden salir ni estar con sus familias, “las han obligado a quedarse en las casas donde trabajan y las amenazan con que serán despedidas”.
El 99 por ciento de las personas que forman parte del servicio doméstico son mujeres y migrantes. “Tenemos más miedo a no llegar a fin de mes que el coronavirus. La situación de inseguridad en la que muchas compañeras trabajan es terrible, cuidando de ancianos y niños, sin mascarillas, guantes o geles. El colectivo sufre una desigualdad de derechos y de desprotección social”, dice Carolina. “Celebramos que haya habido un gobierno que fije medidas especiales, pero creemos que no llegan a tiempo porque tenían que haberse fijado en el primer paquete de ayudas económicas aprobado. Hasta el 2 de mayo no se podrá optar a este subsidio. Exigimos al Estado que fije un procedimiento sencillo y rápido para que las que hayan sido despedidas puedan solicitarlo cuanto antes.También consideran que esta ayuda se debería de ampliar a una renta mínima para aquellas que trabajan en la economía sumergida.
“La Ley de Extranjería nos condena a trabajar de manera casi clandestina y sin derechos. El Gobierno ha querido enmendar los errores cometidos con nuestro colectivo, pero no es suficiente”, dice Constanza. “Una crisis sanitaria y social como esta ha servido para que se den cuenta de que somos esenciales. Esta ayuda es un logro, pero nos falta mucho y seguiremos luchando para que todas tengamos nuestros derechos laborales reconocidos”.