Los magistrados concluyen que los hechos denunciados no revisten los caracteres de infracción penal, por lo que resultan innecesarias las diligencias que solicita el recurrrente. De este modo, ratifican que la actuación de la Policía no incurrió en prevaricación.
El juez decretó en un auto no admitir la querella presentada por varias asociaciones de las Marchas de la Dignidad, siguiendo el criterio expuesto por la Fiscalía, al no apreciar indicios de delito.
La querella iba dirigida también contra los jefes policiales responsables del operativo del 22 de marzo de 2014, que acabó con disturbios y decenas de heridos entre manifestantes y agentes. A todos ellos se les acusaba de delitos lesiones, coacciones, amenazas, atentado contra el derecho de manifestación, falsedad documental y prevaricación.
Los disturbios dejaron en el centro de la capital un centenar de heridos, la mayoría leves, entre los que se encontraban 67 de ellos policías (47 nacionales y 20 municipales) y 34 manifestantes. Hubo una treintena de detenciones, tres de ellos menores de edad.