El Tribunal de Cuentas cifra en 122.122 millones las ayudas públicas totales inyectadas al sector financiero, de los que 60.700 millones se habrían perdido a 31 de diciembre de 2015
El volumen de dinero público inyectado a las entidades financieras rescatadas —principalmente, cajas de ahorros— asciende a un total de 122.122 millones de euros, según un informe del Tribunal de Cuentas. De este dinero, se habían perdido 60.718 millones al cierre del ejercicio 2015, puesto que las participaciones que mantiene el FROB en entidades nacionalizadas no permitían recuperar un importe mayor a esa fecha. Según sus cálculos, Bankia no es la entidad que ha recibido las mayores ayudas, sino la CAM; y las pérdidas más importantes para el Estado tampoco corresponden a la entidad que presidía Rodrigo Rato en el momento del rescate, sino a Catalunya Banc.
Hasta ahora, la cifra oficial de ayudas públicas a la banca era de 61.495 millones, ofrecida por el Banco de España. Pero en los cálculos del supervisor solo aparecen las inyecciones de capital y no se incluyen las garantías contra pérdidas (esquemas de protección de activos, EPA) concedidas a varias entidades para poder colocarlas; fue una especie de subasta inversa: quien menos garantías pedía, se la quedaba. El importe total por este concepto es de 28.666 millones, a los que se suman otras garantías por 7.711 millones. Asimismo, el Tribunal de Cuentas (TC) incluye en su contabilidad «líneas de crédito para liquidez» por importe de otros 16.700 millones.
La diferencia entre lo inyectado y el ‘coste’ (la pérdida) responde a lo que ya ha recuperado y lo que puede recuperar el Estado: principalmente, su participación en Bankia y BMN, valorada en 11.187 millones, y la parte de las garantías que no se utilice (de momento, el saldo vivo es de 17.211). A este importe hay que añadir que el Estado otorgó avales a las entidades de crédito, para que pudieran pedir dinero prestado en el mercado en lo más duro de la crisis, por un importe de 85.965 millones de euros. Pero ese dinero ha sido ya devuelto por el sector, salvo una única emisión que queda viva por importe de 1.059 millones. Asimismo, Sareb (el banco malo) tiene emitidos 43.476 millones en deuda avalada por el Estado.
Las mayores ayudas, para la CAM
El TC ha fiscalizado todas las operaciones de ayudas a la banca desde la intervención de CCM (Caja Castilla-La Mancha) en 2009 hasta 2015. Según sus cálculos, la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo ha recibido ayudas por valor de 26.302 millones, el grueso de los cuales (21.859 millones) corresponde al EPA otorgado al Banco Sabadell para que se quedara con la entidad alicantina por un euro.
En segunda posición se sitúa Bankia, con una inyección total de 22.426 millones. Ahora bien, el TC solo considera ‘coste’ 12.346 millones, por el importe que el Estado puede recuperar todavía con la venta del 62% que posee en la entidad que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri. El quebranto para la CAM se cifra en 11.065 millones.
Si hablamos de pérdidas, las más importantes no son las de ninguna de estas dos entidades, sino las de Catalunya Banc (las antiguas cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona, vendida a BBVA), donde los españoles vamos a perder 12.676 millones; el dinero total inyectado en esta entidad ha sido de 15.510 millones. Por encima de esa cifra, se sitúa Banco de Valencia, la entidad que ostenta el récord de mayor volumen de ayudas públicas en relación a su tamaño. La antigua filial de Bankia vendida a CaixaBank ha recibido 19.019 millones, de los que 6.142 millones se dan por perdidos.
El ‘ranking’ de las entidades con mayores ayudas públicas se completa con los 12.279 millones de Abanca (NCG Banco —las antiguas cajas gallegas—, con una pérdida de 9.159 millones), los 7.382 millones de CCM (vendida a Liberbank con pérdidas de 3.701 millones), los 6.421 de Unnim (hoy en BBVA, coste de 2.496 millones), los 2.693 de CajaSur (en manos de KutxaBank, con 390 millones perdidos) y los 2.194 millonres invertidos por el FROB en Sareb, de los que el TC solo considera perdidos 542; a cierre de 2015, aún no se había consumido todo su capital ni se había convertido la deuda subordinada en acciones.