Aguirre espió a sus enemigos del PP. Este titular no reaparece en primera plana por ser novedoso, puesto que las pruebas aportadas por ‘El País’ ya dejaron en evidencia a la expresidenta de la Comunidad de Madrid hace tiempo, sino que lo hace porque el propio Gobierno de Cristina Cifuentes ha confirmado la existencia del citado departamento secreto de ‘asuntos internos’ al estilo ‘gestapillo’, como bautizaron los afectados.
El problema para Aguirre, ahora portavoz del PP en la oposición a Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, es que las vigilancias a sus enemigos internos se hicieron utilizando fondos de la Administración. Así lo ha desvelado la Ser al sacar a la luz el escrito que el letrado que representa a la Comunidad de Madrid remitió el pasado 28 de junio al juzgado número cinco de Madrid que instruye el caso.
Para comprender los hechos hay que retroceder varios años. Al 2008 cuando en el PP se vivía una guerra por la sucesión tras la segunda derrota de Mariano Rajoy contra el entonces candidato socialista a la presidencia del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Con los socialistas cuatro años más en Moncloa, el sector del partido más escorado a la derecha -capitaneado por Aguirre- se propuso descabalgar a Rajoy de la presidencia del PP.
El operativo dependía de la Consejería de Interior, por aquel entonces presidida por Francisco Granados -ahora en prisión por la trama Púnica- y, aunque abordaba una misión extraoficial fue financiada con dinero público. El objetivo era seguir los pasos de adversarios directos de Esperanza Aguirre en aquel entonces. Hablamos del exvicealcalde Manuel Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón que compitió con Aguirre por la presidencia del PP de Madrid en 2004), el exconsejero Alfredo Prada y el extesorero del PP Álvaro Lapuerta.
Las siete páginas de documentación aportadas por los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid vienen a confirmar que entre marzo y mayo de 2008 “se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Adminstración Regional que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les competía con ocasión de sus cargos”. “Esas personas”, continúa el escrito del Letrado de la Comunidad de Madrid, “desarrollaron la actividad anómala en el marco de la entonces Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid”.
El reconocimiento de los hechos por parte del equipo de Cifuentes se produce después de dos años negando la mayor. Pero el cambio de postura va más allá de un mero gesto de limpieza ya que la actual presidenta regional ha bendecido la publicación de los hechos como el reconocimiento del delito. Concretamente el de malversación de caudales públicos tipificado en el artículo 433 del Código Penal por lo que tendrán que sentarse en el banquillo los seis funcionarios que presuntamente realizaron los citados seguimientos. Entre ellos Sergio Gamón, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, entonces, y Miguel Castaño Grande, subdirector general.
Sin embargo, Cifuentes ha establecido un cordón sanitario para tratar de exculpar a su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid elude cualquier directriz política y se centra en los responsables directos de las vigilancias.
Aguirre, por lo tanto, queda de momento al margen del proceso judicial y desde su entorno insisten en que “no necesita defensa porque ella no sabía nada”. Así explican sus últimas declaraciones al respecto realizadas este sábado en el programa televisivo Lasexta noche donde calificó la trama de espionaje como “una falsedad como un pino. Si ha sucedido, ni yo lo he conocido ni yo lo he aprobado y el que dice lo contrario miente. Nadie ha dicho que hayan existido esos espías”, alegó Aguirre en dicho espacio televisivo.
Utilización partidista de la publicidad institucional
Con esta decisión Cifuentes sale al paso de las acusaciones vertidas por su socio de investidura -Ciudadanos- por las que se le acusa de utilizar de forma partidista los canales de publicidad institucional. Ignacio Aguado (C’s) sostiene que el Gobierno regional ha politizado “todo hasta el infinito, sobre todo los medios de comunicación”.
Aguado ha citado los casos de Radio Televisión Española (RTVE), con el cambio de Ley que en 2011 permitió al Gobierno de Mariano Rajoy nombrar un presidente y “seguir controlando” el ente, o el caso de Telemadrid, un canal “arruinado por el PP, por haberlo utilizado (la expresidenta de la Comunidad Esperanza) Aguirre como herramienta de autobombo político”.
La presidenta Cifuentes ha replicado a Aguado que “confunde publicidad con comunicación”, y que en el caso de la publicidad Madrid sigue “principios de racionalidad y austeridad, reduciendo presupuesto y haciendo campañas exclusivamente institucionales, como información contra el acoso escolar, promoción turística, igualdad de género o programación cultural”.
“Las redes son un canal imprescindible para comunicarnos con los ciudadanos para resolverles dudas, darles información de lo que hace el Gobierno regional, recordarles los servicios de que disponen e informarles de lo que yo hago como presidenta”, pero no para propaganda política”, ha dicho Cifuentes.