Si a usted le dicen “unidad de gestión clínica” es probable que ni siquiera le suene. Y sin embargo, las UGC llevan implantándose en nuestro sistema sanitario desde hace más de una década, de manera progresiva… y sin hacer demasiado ruido. Si ha oído hablar de ellas por vía oficial, probablemente recordará palabras como “democratización”, “profesionalización”, “gestión de los servicios sanitarios por parte de los propios profesionales”. Pero hace años que los colectivos que luchan contra la privatización sanitaria denuncian que las UGC, implantadas en hospitales y centros de salud de varias comunidades y en vías de implantación acelerada en otras, son el caballo de Troya de la mercantilización del sistema sanitario, perfecto porque no levanta sospechas.
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“Están introduciendo y preparando las UGC para el futuro porque mete menos ruido que pasarle un hospital a Florentino Pérez y se puede vender como una democratización de la gestión en la que participan los profesionales, pero realmente se introducen elementos que van a distorsionar la práctica clínica”, dice Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid).
Los últimos movimientos en la implantación de las UGC se producían este verano. El 7 de julio, el Consejo de Estado emitía un dictamen sobre el proyecto de Real Decreto por el que se fijan las bases para la implantación de las UGC en los servicios de salud de las distintas comunidades, que el Gobierno preparó en 2015. El organismo, que da su visto bueno al proyecto, dictamina que la normativa debe tener rango de ley, por lo que emplaza a que lo retome el próximo Gobierno.
Paralelamente, el 29 de julio, la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que ya en diciembre de 2014 aprobó un polémico decreto para regularlas que se ha encontrado con diversos escollos en el camino, anunciaba la implantación de las 15 primeras unidades de gestión clínica –de más de cien en proyecto– en la comunidad a partir de octubre. Finalmente, debido a la oposición generada en distintos sindicatos y colectivos, ha retrasado su implantación a enero de 2017.
También este verano, el 28 de junio, Osakidetza, la Consejería de Sanidad del País Vasco, presentaba en la Mesa Sectorial de Sanidad un borrador de decreto que regulará dos estructuras paralelas, las Organizaciones Sanitarias Integradas y las UGC. Aunque ambas existen desde hace años en el País Vasco, carecen de regulación.
“Creemos que son una puerta abierta a la privatización, primero porque es una atomización de la sanidad pública, y cuando se atomiza una cosa, se crean un montón de desigualdades que van en contra del propio sistema; es una bomba de relojería contra el sistema sanitario”, dice a Diagonal Piedad Manjón, delegada de la sección sindical de Sanidad de CGT en Castilla y León. En esta comunidad se lanzaron dos pruebas piloto en Valladolid y Zamora en 2012, que fueron posteriormente tumbadas por el TSJ. “Los trabajadores que han estado inmersos en estas pruebas también cuentan que disminuye el personal y las cargas de trabajo aumentan, y con ello baja la calidad asistencial. Eso es algo que veremos a largo plazo”, añade.
Además, las normativas a menudo establecen la libre designación de los directores de unidad, es decir, que la consejería de turno pueda colocar a dedo a las personas de su confianza, y “los jefes de servicio en estas formas de gestión tienen una autoridad que no es compartida ni democrática, y en sus manos quedan muchas cosas, desde el empleo hasta la organización del servicio y los objetivos”.
Gladys Martínez López