El Presidente del TRIBUNAL SUPREMO y EL CONSEJO GENERAL del PODER JUDICIAL es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Pese a ello Carlos Lesmes ha declarado hoy que los magistrados “no admiten injerencias ni presiones de ningún tipo” y que se rigen por su único “señor”, que es “la propia ley, expresión de la voluntad de la mayoría”.
En cualquier caso, el presidente del Alto Tribunal recordó que la corrupción es “el síntoma y no la enfermedad” de la “pérdida de valores, de la relativización de principios y de la apatía” de la sociedad española. Por ello, Lesmes recordó que para luchar contra la corrupción “la acción de la Justicia no basta” y reclamó “estrategias de buen gobierno, de prevención y de regeneración de la gestión pública”.
Desde su posición como rector del máximo órgano de representación de los jueces, el magistrado subrayó que le duele “escuchar que la Justicia no es independiente y que está politizada, que son los partidos políticos los que dirigen la acción de los jueces”.
“Estas afirmaciones no se ajustan a la verdad y se desmienten una y otra vez por cada uno de esos jueces y juezas que cada día se esfuerzan en sacar adelante procesos de toda clase tramitados en sus juzgados y tribunales”, criticó.
Para mejorar la imagen de la Justicia, Lesmes llamó a hacer “autocrítica”, porque el juez “no siempre ha sabido transmitir a la ciudadanía la esencia de su función” y que por ello hay que trabajar para que la Justicia, que es “poco fotogénica”, pueda hacer llegar “información veraz y responsable” al ciudadano.
Poco antes la fiscal general del Estado ha advertido hoy de que la Fiscalía está preparada para defender por la vía “penal” el respeto a la Constitución frente al “desafío” del independentismo. Consuelo Madrigal ha enviado este mensaje al Rey, que ha presidido este martes la apertura del año judicial.
“En una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y ante los tribunales penales si fuera el caso”, ha sostenido Madrigal, que ha hecho repetidas referencias a la sentencia del TC que cerraba el paso a la desconexión aprobada por el Parlament de Cataluña. Dentro de ese procedimiento ante el TC, la Fiscalía respaldó hace unas semanas la apertura de una investigación penal a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobediencia al tribunal.
“Señor”, ha señalado Madrigal dirigiéndose al Rey para cerrar su discurso, “en un escenario político y social incierto, como el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas , conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal y como ha hecho el TC en la sentencia [sobre la desconexión]”.
La fiscal general se ha remitido a esa resolución que declaraba inconstitucional el proceso iniciado en el Parlament como respuesta a “las vías de hecho o las pretensiones demagógicas que contraponen legitimidad democrática y legalidad constitucional.