S. T. y L. G., padres de una menor palentina, han presentado una denuncia contra el CEAS del Ayuntamiento de Palencia y tramitan otra contra los Servicios de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León, al considerar que han faltado a su obligación de proteger a su hija contribuyendo a la reunificación familiar y que incluso podrían estar propiciando la prolongación de una situación de violencia de género padecida por la menor.
A pesar de tener dos sentencias a su favor, S.T y L. G. llevan más de una año y nueve meses sin poder ver a su hija, en un absurdo y surrealista calvario administrativo. La menor inició con 14 años una relación sentimental con un hombre 12 años mayor que ella, relación que actualmente está siendo estudiada por el Juzgado de Violencia de Género de Palencia. A causa, según los padres, de una manipulación del novio, la menor presentó en septiembre de 2014, pocos días después de cumplir 16 años, una denuncia falsa por malos tratos contra su padre, quien fue absuelto de tales imputaciones mediante sentencia firme del Juzgado de lo penal nº 1 de Palencia en mayo de 2015.
A raíz de la denuncia de la menor, la Junta de Castilla y León había asumido su tutela, ingresándola en el Centro de Acogida Don Bosco. Sin embargo y sorprendentemente -a pesar de la sentencia absolutoria- no devolvió a los padres la patria potestad de su hija hasta más de medio año después y lo hizo obligada a ello por el juzgado nº 3 de la capital. En su sentencia de diciembre del pasado año la juez puntualizaba, no obstante, que dado el largo tiempo en el que “no se había conseguido reanudar el contacto paterno-filial” la menor ingresase en una residencia escolar como paso previo a la reagrupación ordenando a los servicios sociales municipales trabajar en ello “con carácter prioritario y urgente”.
Es precisamente esta falta de actuaciones tendentes a la reagrupación familiar por parte de la administración lo que denuncian los progenitores palentinos. Critican que no se ha organizado en todo este tiempo ningún encuentro de ellos con su hija que pudiese ayudar al acercamiento, y que no consta en ningún expediente ningún tipo de examen psicológico a la menor. Lamentan asimismo que los servicios de protección tampoco se hayan entrevistado con el novio, ni exista ninguna medida cautelar en relación con él, pese a estar investigado en varios procedimientos judiciales, uno de ellos por violencia de género.
En varias ocasiones los padres habían manifestado su temor, acompañado de documentación importante, como los mensajes de WhatsApp intercambiados por la pareja, de que fuese él el que controlaba y dirigía todas las actuaciones de su hija, hasta el punto de haberla inducido a denunciar a su padre y a abandonar el domicilio familiar. En este momento la menor se niega a tener contacto no sólo con su padre, sino con todos los miembros de su familia, incluidos su madre y sus hermanos pequeños.
En la mencionada sentencia del juzgado nº 3, la juez subrayaba que la única explicación que se había dado por parte del técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta y del director del Centro Don Bosco a “la falta de contacto con la familia de forma progresiva era la negativa rotunda de la menor” considerando por ello que “se había dejado a la elección de la hija, que por más que tenga 17 años y en su apariencia refleje una gran madurez, una decisión tan importante como el negarse a tener cualquier contacto con la familia”.
Con respecto al centro de acogida resaltó también que durante más de un año no se había “conseguido ningún avance en lo relativo a la reagrupación familiar” y que se llegó ”incluso a informarla de todas las opciones que tenía cuando llegase a la mayoría de edad”. La magistrada aludió también a la posibilidad de que el centro hubiera dado demasiado importancia a la “voluntad caprichosa de la menor”.
En todos los estudios sobre violencia de genero entre adolescentes se afirma siempre que una de las primeras muestras de este problema es el control que ejerce el maltratador sobre la víctima y sus pretensiones de alejarla de su entorno, tanto familiar como de amistades. En este sentido la sentencia recalcaba el hecho de que los testimonios del hermano y las amigas de la menor e incluso de la directora del centro educativo en el que ésta había estudiado desde pequeña, coincidían en que ella había cambiado “a partir de que empezó la relación con su novio, un chico que tenía unos 12 años más que ella, alejándose desde ese momento de todas sus amistades y de su propio entorno familiar”.
La juez hacía también referencia al contenido de algunos mensajes del novio de la menor, dirigidos a ésta, en los que decía cosas como “le denuncias tú por malos tratos y ya está”, los cuales, unidos a otras actuaciones, la llevaron a “apreciar una relación asimétrica en la pareja” y a “considerar oportuno que la menor sea valorada por el Equipo de Valoración Integral de Violencia de Genero adscrito a los juzgados de Palencia”.
La fiscal de menores acordó ante ello la apertura de oficio de unas diligencias contra el novio en el juzgado nº6 por un “presunto delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género”.
Como afirman los padres , “los servicios sociales del ayuntamiento de Palencia sostuvieron en un primer momento que la relación entre su hija y su pareja era una relación tóxica y alarmante, en la que había maltrato psicológico, sin embargo esas consideraciones no se ponen por escrito en los informes”. Creen asimismo que “los servicios sociales de la administración municipal y regional no están cumpliendo con su obligación y que pueden, al contrario, estar encubriendo al autor de delitos tan graves como el de violencia de género”.
El padre se lamenta además de que “a él se le impusieron en su día medidas cautelares por una denuncia de la que fue absuelto y que al novio de su hija, a pesar de los indicios de que la pudo inducir a ello y de estar siendo investigado por violencia de género, no se la haya impuesto ninguna medida de alejamiento ni se haya hecho nada por sacar a su hija de ese poder abusivo”.
En estos momentos los padres no conocen la situación ni el lugar concretos en los que se encuentra su hija. En la sentencia se disponía que la menor debía volver en vacaciones al domicilio de los padres, si fuese posible, o si no, al de algún otro familiar. Sin embargo los padres han recibido el 6 de julio una notificación judicial en la que se les comunica que la menor está nuevamente en un centro de acogida.
Ante esta situación, que se prolonga durante casi dos años y la imposibilidad de haber pasado ni siquiera un día con su hija, el padre de la menor ha decidido manifestarse todas las mañanas ante el Ayuntamiento, la Audiencia Provincial y la Delegación Territorial de la Junta hasta “conseguir justicia para su hija, que tiene derecho a que la administración haga todo lo posible para que ella pueda volver a disfrutar del apoyo de su familia”.