El recurso del PP contra la ley 24/2015 ha reactivado los desahucios hipotecarios en Catalunya, según han confirmado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) los doce municipios catalanes más poblados. Todavía no hay cifras, pero las habrá el 1 de julio, cuando estos ayuntamientos y los activistas antidesalojos vuelvan a reunirse.
La 24/2015 nació a raíz de una iniciativa popular y fue aprobada por unanimidad por el Parlament (incluso por el PP catalán, que sólo se abstuvo en dos artículos) para habilitar herramientas eficaces contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. A pesar de la campaña popular desatada en su defensa, el PP presentó un recurso parcial contra la ley, elogiada por la ONU por su apoyo a las familias más vulnerables. El Constitucional anunció precisamente ayer que ha admitido a trámite el recurso.
El Alto Tribunal podría seguir adelante, aunque se produjera un vuelco electoral y el nuevo partido gobernante retirase el recurso, un compromiso que de hecho han suscrito el resto de formaciones políticas. La impugnación del PP ha bloqueado los artículos que obligaban a los bancos a ofrecer alquileres sociales antes de ejecutar los desalojos. Ello obliga a que ahora todo el peso de las ayudas recaiga sobre la Administración y los fondos públicos.
El día después del anuncio del recurso, el 3 de mayo, la Generalitat convocó una reunión con el grupo promotor de la ley: la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A la cita acudieron también alcaldes, concejales y técnicos de los ayuntamientos de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Reus y Sant Cugat del Vallès, además de entidades municipalistas y metropolitanas.
Los reunidos se comprometieron a elaborar otra ley que recogiera el espíritu de la 24/2015 y a aprovechar todas las posibilidades de instrumentos legales que van en la misma línea y contra los que no se ha recurrido, como la 18/2007. Esta norma, la ley catalana de la Vivienda, permite sancionar a los bancos y grandes propietarios con pisos injustificadamente vacíos durante dos años. Las sanciones pueden oscilar entre 500.000 y 900.000 euros.
La PAH recalcó en la reunión impulsada por el Govern que no estaba dispuesta a que los acuerdos fueran titulares de periódicos y nada más. Por ello ayer recordó que ha establecido reuniones regulares con todos los protagonistas de aquel primer encuentro para analizar la evolución de los acuerdos y presentar un frente común. La primera sesión de control se produjo el 25 de mayo y la siguiente será el 1 de julio.
“Nunca más actuaremos de forma aislada ante el Gobierno o ante las empresas suministradoras de servicios básicos”, dicen Carlos Macias y Maria Campuzano, que defienden una actuación coordinada con todos los municipios. Estos representantes de la PAH y de la Alianza contra la Pobreza Energética aseguran que durante casi nueve años la ley 18/2007 ha estado inactiva (“¿para qué se promulgan normas si luego no se cumplen?”), aunque ya ha habido “tímidas sanciones contra bancos” en ciudades como Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Girona y Barcelona.
Pero hacen faltan más medidas. Por eso elogian el calendario de reuniones previstas con los municipios. Entre otras cosas, servirán para el intercambio de información y para actuar conjuntamente. “Es imprescindible penalizar el incumplimiento de la función social de la vivienda y la ley 18/2007 permite hacerlo”, subraya la PAH. Pero de nada sirve que un municipio u otro lo haga, al margen de los demás. Sólo una actuación coordinada ayudará a aunar fuerzas y lograr cosas como el inventario de las viviendas vacías en cada localidad, ya sean de la banca o de grandes propietarios, y por supuesto no segundas residencias ni propiedades de pequeños ahorradores.
El recurso del PP dio una de cal y otra de arena. Anuló lo que anuló, pero mantuvo vigente las medidas contra la pobreza energética. Estas iniciativas obligan a las compañías suministradoras a solicitar informes a los servicios sociales de los municipios antes de cortar la luz, el agua o el gas. Las empresas sostienen que ya lo hacen, pero los consistorios replican que muchas veces no. Tras la reunión del día 1, ayuntamientos y activistas insistirán a la Generalitat para que inspeccione de oficio las empresas suministradoras y vele por el cumplimiento de la parte de la ley que se mantiene en pie. La PAH también pedirá a los distintos grupos políticos que en la valoración y debate de los presupuestos de la Generalitat tengan en cuenta cuál es la partida presupuestaria destinada a las políticas públicas de vivienda y voten en consecuencia.