La Fiscalía presenta la querella contra Mas y le acusa de cuatro delitos por el 9N
La Fiscalía General del Estado ha presentado hoy querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9N. La querella, que se ha presentado a mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, también se dirige contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, también por los mismos delitos, han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado.
Ahora se procederá al reparto dentro de la sala civil y penal del TSJC, para que se inicien los trámites habituales, empezando por conformar la sala de admisiones, que integran el presidente del TSJC y dos magistrados -uno de éstos será nombrado ponente-, y esta sala dictará una resolución para admitir o no a trámite la querella. Si se admite, el ponente se convertirá en magistrado instructor de la causa, y entonces se iniciará la instrucción y se realizarán todas las pruebas y trámites que considere el magistrado para investigar. En caso de que se presenten recursos, se creará la sala de recursos, donde estarán los magistrados de la sala civil y penal del TSJC que no han formado parte de la sala de admisiones.
«Arbitrariedad»
En el escrito, la Fiscalía acusa al president Artur Mas de actuar con «arbitrariedad» al incumplir la suspensión del 9N ordenada por el TC y de «sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho». Además, el Ministerio Público reprocha a los miembros del Gobierno catalán querellados la «intrínseca arbitrariedad» de su conducta, por negarse «abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución».
Las acusaciones a Ortega
Entre otras acusaciones, la Fiscalía reprocha al Govern de haber «urgido» a los presos catalanes a confeccionar las urnas y papeletas que sirvieron para el proceso participativo, con jornadas «voluntarias» de doce horas de trabajo, incluso en sábados y domingos, en el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE).
La confección de las urnas y las papeletas fue fruto de un acuerdo firmado entre la Conselleria de Governació, dirigida por la vicepresidenta Joana Ortega, y el CIRE, que permitió, según la Fiscalía, que el ejecutivo catalán dispusiera de seis millones de papeletas y de las urnas necesarias para proveer las mesas electorales previstas para el 9N.
En el escrito, el ministerio público también recrimina a Ortega sus apariciones públicas del 9N, dando cuenta de los datos de participación y resultados de la consulta, junto al escudo y símbolos oficiales de la Generalitat. «La asunción por parte del gobierno de la Generalitat de las tareas propias del proceso de participación suspendido por el Tribunal Constitucional se evidenció de manera manifiesta en la actividad de la querellada, doña Joana Ortega», remarca el escrito.
Según el ministerio público, en sus comparecencias ante la prensa el 9N, en el recinto ferial de Montjuïc de Barcelona, Ortega apareció junto al escudo y los símbolos oficiales de la Generalitat «claramente visibles», con lo que el ejecutivo catalán «oficializaba así como propia la asunción del desarrollo de todo el proceso consultivo».
Recriminación a Rigau
Respecto a la consellera Rigau, la Fiscalía le recrimina que convocara de forma oficiosa a directores de institutos a reuniones para solicitarles verbalmente que colaboraran con el proceso del 9N cediendo los locales de sus centros, donde instalar las mesas electorales. En su escrito, el ministerio público señala que una de las «actuaciones de interés» para la causa son las «convocatorias oficiosas» cursadas vía correo electrónico por las autoridades territoriales de la conselleria de Enseñanza a los directores de institutos de enseñanza media para que acudieran a reuniones sobre el proceso del 9N. En estos encuentros, según la Fiscalía, se solicitó a los directores de instituto la cesión de locales de sus centros los días 8 y 9 de noviembre, para la instalación de las mesas electorales y el desarrollo de la convocatoria.
Se centra en dos delitos
La querella, que se ultimó este jueves para que fuese presentada este mismo viernes, está firmada por el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada después de que un equipo de fiscales trabajara intensamente en el texto, que se centra sobre todo en dos delitos, los de desobediencia y prevaricación.
El motivo de concentrar el peso de la argumentación en estos dos tipos penales reside en que fueron los que obtuvieron mayor consenso en el debate en la Junta de Fiscales de Sala, donde hubo una gran diversidad de opiniones y matices. El apoyo dado al fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, fue prácticamente unánime en cuanto a la procedencia y viabilidad de la querella. Ahora bien, ninguno de los veinticuatro asistentes al cónclave la redactaría igual. De ahí el trabajo de costura, remiendo y plancha que le quedó por delante a la Secretaría Técnica de la Fiscalía, que ayer le dedicó a ello toda la jornada.
Para esa tarea ha quedado cierta incógnita sobre los otros dos delitos contemplados por el fiscal general en su proyecto de querella. Esos dos tipos penales añadidos -los de malversación de caudales públicos y usurpación de funciones- no desaparen de la querella, pero se sostiene su existencia con menos convicción. Ello se debe a que una parte de los fiscales de la citada Junta planteó serias dudas sobre la viabilidad de estas acusaciones y una minoría consideró directamente que no se mantendrían fácilmente en pie.
La acusación que consiguió mayor consenso y que nadie cuestionó fue la del delito de desobediencia. Todos los miembros de la Junta de Fiscales de Sala creen que la querella debe dirigirse contra Artur Mas por este motivo. Es más, hubo alguna intervención a favor de que todo el fuego de la Fiscalía se concentrara en él, y que fuera el único destinatario de la acción penal, y sólo por el delito de desobediencia. Frente a ello, otros fiscales defendieron con intensidad la existencia del delito de prevaricación.
De hecho, un borrador de querella elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía ya apunta a ambos ilícitos penales como los principales, negando que el Tribunal Constitucional (TC) hubiera sido ambiguo al ordenar la suspensión de toda actividad relacionada con el 9N, en contra de la tesis sostenida en este sentido por los fiscales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Sobre el supuesto de desobediencia, el texto argumenta que la orden de suspensión del TC el pasado 4 de noviembre fue «absoluta, tajante e inequívoca», sin «margen alguno a la duda».
El fiscal general argumenta que la suspensión del TC afectó también a actuaciones que no se formalizaron jurídicamente «precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación». En la labor de impulso de estas actuaciones participaron de forma «personal y directa» Mas y su vicepresidenta, afirma el estudio preliminar elaborado para la querella.
«El incumplimiento de dicha orden, consumado en el curso de la jornada de votación del 9 de noviembre -prosigue el informe-, ha lesionado de manera efectiva otro bien jurídico: la integridad de la jurisdicción del TC y la eficacia de su tutela cautelar del orden constitucional». Los hechos -añade el texto- «integran todos los elementos del delito de desobediencia». En el informe se dice también que la consulta celebrada el pasado 9 de noviembre fue «planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña» y que esa labor se articuló principalmente a través de la web www.participa2014.cat.
El fiscal general dijo ayer, por otra parte, que es exagerado hablar de fiscales «rebeldes o amotinados«, refiriéndose a los de Barcelona. Para Torres-Dulce hubo una discrepancia y con ello se ha comprobado que la Fiscalía «no funciona a golpe de orden». Pero el hecho es que el fiscal general ha acabado por darla, en aplicación del «principio de dependencia jerárquica». El malestar del Gobierno con la Fiscalía se debe precisamente a eso, a que este principio se invoca ahora, después de una crisis, y no fue aplicado hace diez días para evitarla.
Torres-Dulce ordenará a los fiscales de Catalunya querellarse contra Mas
José Maria Brunet | Santiago Tarín – Las acciones legales contra Mas, Ortega y Rigau por desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación se interpondrán esta semana ante el TSJC | Se opusieron el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas y el del TS, Pedro Crespo
Los fiscales catalanes decidieron por unanimidad no presentar la querella contra Mas por el 9N.
El PP ve a los fiscales catalanes «contaminados por el ambiente».
Torres-Dulce ordena querellarse por el 9N y la Fiscalía catalana se niega
El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra: «Cuando la metrópoli es débil llega la caída»
Madrid (Agencias).- El jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Jaime Domínguez Buj, ha afirmado este martes, preguntado por la situación en Catalunya, que «cuando la metrópoli se hace débil» es cuando «se produce la caída» y que «procesos» de este tipo se producen «cuando el poder central es débil», como ocurrió, ha recordado, cuando España perdió sus últimas colonias en 1898.
Sin embargo, posteriormente ha matizado sus palabras y ha aclarado que se estaba refiriendo a la Guerra de la Independencia de 1808, que propició la separación de España de los países de Iberoamérica. El JEME aclara que se estaba refiriendo a otras épocas de la historia, como es el caso de los imperios británico, turco, romano o español.
Añade que ha señalado explícitamente que en el caso de España, fue el debilitamiento del poder central que ocasionó la lucha contra los franceses en la Guerra de la Independencia (1808-1814) el que ayudó a la independencia de los Estados iberoamericanos, un proceso que se inició precisamente en 1808.
El JEME explica que esa respuesta fue «al hilo» de la pregunta que se le ha hecho sobre el papel de las Fuerzas Armadas de Turquía como garantes del Estado y argumenta que ha planteado «cómo es habitual que en las situaciones de crisis haya más riesgos de que se produzcan efectos centrífugos».
No obstante, ha dejado claro que no cree que el problema se resuelva con «el empleo de la fuerza». En un desayuno en Madrid organizado por el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, el general ha subrayado que le «duele España» por la situación que atraviesa en los últimos años, y concretamente ha hecho referencia a la abundante cantidad de casos de corrupción que se están descubriendo y al proceso soberanista iniciado en Catalunya.
Sobre este asunto, Domínguez Buj ha señalado ante un auditorio entre los que se encontraban el exministro de Defensa Julián García Vargas así como militares en la reserva y en activo y periodistas, que España «asiste a un proceso que históricamente se produce siempre que el poder central es débil». Sin referirse directamente en ningún momento al Gobierno de Mariano Rajoy, el general ha comparado la situación actual con la pérdida de las últimas colonias españolas en el desastre del 98: «Cuando la metrópoli se hace débil, se produce la caída».
«Herramienta» para hacer cumplir la Constitución
Domínguez Buj ha remarcado que las Fuerzas Armadas «no son garantes de nada», sino que son la «herramienta que tiene el Gobierno para hacer cumplir la ley y la Constitución» y que por eso están «a las órdenes» de lo que mande el Ejecutivo. De este modo, ha dicho que los Ejércitos deben «estar preparados para intervenir en la forma en que el Gobierno decida«, ya sea tanto «en el interior» como «en el exterior».
Eso sí, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ha dejado claro que no considera que el problema que plantea el desafío soberanista pueda «arreglarse con el empleo de la fuerza» o mediante la actuación de los tribunales, sino a través de los mensajes que desde el Gobierno se envían a los ciudadanos.
A su juicio, para atajar desafíos como el soberanismo catalán el Estado debe «ganarse las mentes y los corazones de todos los españoles» para que éstos sean conscientes de que «es mejor seguir siendo español» que buscar la independencia.
El Parlament pide un grupo de trabajo para diseñar el «proceso constituyente»
El Parlament ha acordado este jueves con el voto de CiU, ERC y la CUP, la abstención de ICV-EUiA y la oposición de PP, PSC y C’s pedir al Govern que constituya un grupo de trabajo para empezar a diseñar el «proceso constituyente» catalán.
La moción, impulsada por la CUP, asegura que el grupo de trabajo debe contar con representación de los agentes socioeconómicos, para asegurar que estos trabajos reflejen la «pluralidad del tejido existente», y deben hacerse teniendo en cuenta los informes que hizo el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN). Los trabajos deben servir para poner sobre la mesa «unas nuevas bases constituyentes de la futura República —catalana—, si esta fuese la voluntad mayoritaria» de la ciudadanía catalana.
La moción «felicita» al pueblo de Catalunya por el civismo, pacifismo y talante democrático que tuvo el 9-N, reivindica el derecho a decidir, agradece el trabajo de los voluntarios y lamenta el posicionamiento del Estado. Así, se rechaza la actitud que ha tenido ante la votación la delegada del Gobierno central en Catalunya, Llanos de Luna, porque «se ha extralimitado en sus funciones y ha amenazado a ayuntamientos y directores de institutos», y se insta al Govern a estudiar los mecanismos legales que sean necesarios.
El debate ha estado muy marcado sobre la valoración del 9-N: Carina Mejías (C’s) y Sergio Santamaría (PP) han coincidido en destacar que la votación de este domingo fue un fracaso y también han lamentado el «populismo» que, en su opinión, desprende el debate soberanista catalán.
Ferran Pedret, en nombre del PSC, ha destacado que el 9-N, pese a contar con una movilización que ha calificado de extraordinaria, no ha tenido la legitimidad suficiente, y lo contrario ha afirmado el diputado de la CUP Quim Arrufat, que ha calificado la votación como un «tsunami democrático».
Marta Rovira (ERC) ha asegurado que este domingo los catalanes hicieron un acto de soberanía y que es importante empezar a determinar el escenario posterior al 9-N, mientras que Albert Batalla (CiU) ha asegurado que, pese a todos los impedimentos, los catalanes pudieron manifestar «políticamente» qué desean que sea Catalunya en un futuro.
Según Jaume Bosch (ICV-EUiA), una prueba más de que la votación ha sido un éxito es que el PP se está «peleando» y hay controversia sobre la actitud que tuvo el Gobierno central ante la votación.
- El president lanzará el día 24 su hoja de ruta ante la sociedad civil, publicado en La Vanguardia.
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#MarcaPP: El Consejo de Informativos de TVE denuncia ‘manipulación’ el 9N, publicado en Kaos en la Red.
- Los fiscales discrepan sobre qué delitos atribuir a Mas, publicado en Público.es
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Los fiscales catalanes se plantaron ante la querella propuesta desde Madrid, publicado en La Vanguardia:
Los fiscales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) discreparon del proyecto de querella contra Artur Mas planteada por la Fiscalía General del Estado, debido a los errores que contenía, a las dificultades jurídicas que presentaba y a algunas expresiones contenidas en ella, como «Gobierno sedicente», en referencia al Ejecutivo catalán. A estas discrepancias obedeció la reunión celebrada ayer en Madrid entre los máximos representantes de los dos estamentos y que finalizó con la decisión de que la Fiscalía del TSJC adopte la decisión final en torno a la querella y que se dé informe a la Fiscalía General del Estado.
La intención de la Fiscalía General del Estado es que la querella contra Artur Mas y otros miembros del Consell Executiu se formalizara el lunes, 10; es decir, al día siguiente de que se celebrara el proceso de participación, pero por ahora esta opción se ha ido demorando día tras día por diversos motivos.
El principal es el desacuerdo con el proyecto de querella remitida desde Madrid. El documento fue objeto de estudio en una reunión celebrada el martes por la mañana en la sede de la Fiscalía del TSJC, en la que participaron los fiscales adscritos a este departamento, y que mayoritariamente mostraron su desacuerdo con el texto.
Una de las objeciones fundamentales fueron los errores que se contenían en el texto. Por ejemplo, se pretendía dirigir contra Ramon Espadaler, al que se definía como conseller de Governació i Interior y al que se atribuía la responsabilidad de la confección de las papeletas para la consulta. Espadaler es sólo titular de Interior, y las papeletas fueron confeccionadas por el CIRE, un organismo que dirige el trabajo que hacen los presos en las cárceles catalanas. En Catalunya, las penitenciarías dependen de la Conselleria de Justícia y el convenio para la elaboración de las papeletas fue suscrito por el CIRE y Governació, departamentos con los que nada tiene que ver Espadaler. Además, en la querella de Madrid se aludía al Consell Executiu como «Gobierno sedicente», expresión que los fiscales de Catalunya consideraron que no era de recibo en una querella de la Fiscalía del TSJC.
Por otra parte, estaban las cuestiones técnicas. Por ejemplo, el proyecto establecía tres posibles delitos: prevaricación, desobediencia, por no hacer caso de la suspensión que ordenó el Constitucional, y usurpación de funciones, cometida por las autoridades que impidieron ejecutar una resolución judicial, de nuevo por la prohibición de llevar el proceso de participación.
La tesis de la Fiscalía de Catalunya es que es posible proceder contra Artur Mas, contra la vicepresidenta Joana Ortega y posiblemente contra la consellera de Educació, Irene Rigau, por los correos electrónicos pidiendo a los centros de enseñanza públicos que cedieran sus locales. Pero no será fácil, porque para los fiscales catalanes lo más claro sería la desobediencia. La prevaricación, en cambio, es complicada al tratarse de una decisión política y no administrativa.
Ante todas estas dificultades, el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, solicitó entrevistarse con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para llegar a una conclusión sobre qué hacer. La reunión se celebró ayer por la tarde en la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid. También estuvieron presentes el fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General, Jaime Moreno, y el teniente fiscal de la Fiscalía del TSJC, Francisco Bañeres. Según un escueto comunicado de la Fiscalía general, la sesión duró una hora y media y en ella se estudió «la valoración jurídico-penal» del proceso. El texto que fue difundido añade que la Fiscalía de Catalunya dará cuenta a la Fiscalía General del Estado «de la decisión que adopte», lo que equivale a decir que la decisión final se deberá adoptar en Barcelona. En todo caso, en medios del propio Ministerio Público se subraya que la redacción final deberá ser visada por la Fiscalía General del Estado antes de su presentación.