Comunicado de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca leído en la concentración del martes 11 de noviembre de 2014 a las puertas del Hospital Virgen de la Luz
Desgraciadamente tenemos que hacernos eco de las reclamaciones y una posible denuncia en relación con la situaciones clínicas graves derivadas de la larga e insoportable lista de espera quirúrgica en el Servicio de Traumatología de este Hospital (cirugías programadas de prótesis).
Dicha lista de espera en el momento actual es de 18 meses, independientemente de las características clínicas y personales de los pacientes, que pueden provocar como en el caso del que tenemos información, unas consecuencias clínicas y sociales graves derivadas de dicha demora. Con el agravante de que para “aliviar” dicha lista de espera, se han hecho sendos convenios con la Clínica Recoletas de esta ciudad y con la Clínica Ruber de Madrid, cuyas características y costes desconocemos, no sólo nosotros, sino también los propios gestores de la misma, pues están siendo derivados y rechazados pacientes cuyas características clínicas son tal, que no entran dentro de los protocolos pactados (tipo de prótesis y complicaciones posibles). Por lo tanto denunciamos, no sólo que no se esté haciendo nada por mejorar la actividad quirúrgica del Servicio de Traumatología (ni de las consultas que también llevan más de 90 días de lista de espera), contratando más personal, rentabilizando los quirófanos, mejorando las condiciones laborales, etc, sino que además se ha conveniado o externalizado la misma en unas condiciones que no tienen en cuenta las circunstancias clínicas y personales de los pacientes, poniendo en riesgo la calidad de la atención, y generando además unos costes que, por supuesto, también desconocemos (traslados y visitas innecesarias).
Desde esta plataforma apoyamos las reclamaciones y denuncias interpuestas hasta ahora y las que puedan surgir, defendiendo para los pacientes y sus familias una atención de calidad y digna.
Porque como en ocasiones anteriores, hacemos la crítica a las situaciones indignas e injustas provocadas en algunos servicios como consecuencia de los recortes en personal, materiales e infraestructuras, y la mala gestión derivada. En ningún momento las quejas se dirigen a los profesionales implicados en dichos servicios, gracias a los cuales en muchas ocasiones, se está salvando la situación y evitando que ésta fuera aún peor. Pero también somos conscientes de que, COMO PROFESIONALES comprometidos con la atención de calidad en una Sanidad Pública, deberíamos entender que la connivencia y el silencio, de alguna forma, nos hace cómplices de este desastre….
Por esta situación y ante la cascada de escándalos con la que nos despertamos diariamente nos vemos casi obligados a advertir y denunciar nuevamente que la privatización de la sanidad (o su externalización, que es lo mismo), al igual que la de otros servicios básicos que ya han sido privatizados, está vinculada directamente con numerosos casos de corrupción, como estamos sabiendo a través de diferentes medios.
Por ejemplo, podemos leer esta semana como UPyD denuncia que el dueño de la clínica “Los Madroños”, la clínica a la que el Hospital de Fuenlabrada filtró los datos de numerosos pacientes, y que directamente lo llamaba para que fueran a hacerse allí las pruebas diagnosticas, es un exconcejal del PP de Brunete, según informa la Ser. La clínica privada de Brunete “Los Madroños” facturó al hospital de Fuenlabrada «más de 11.000 euros sólo en 2014» por realizar ecografías a «unos 580 pacientes» que fueron derivados a este centro de manera irregular, según fuentes de la Consejería de Sanidad.
La operación Púnica esta desvelando también, la relación entre privatizaciones sanitarias y corrupción. El caso de Cofely la empresa adjudicataria de numerosos y jugosos contratos relacionados con la sanidad pública, muestra nuevamente esta vinculación con la corrupción. Concretamente en CLM tiene adjudicados 40 centros de salud en la provincia de Toledo, con varios contratos otorgados a Cofely por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para “el mantenimiento integral de edificios e instalaciones en los centros de salud y consultorios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo”.
No es el único contrato en Castilla-La Mancha, Cofely ganó el concurso para la prestación de servicios de monitorización y mantenimiento del centro de Datos de la Dirección General de Telecomunicaciones, perteneciente a la Consejería de Fomento. La Junta asegura que lo obtuvo por ser la oferta más barata de las diez empresas que se presentaron al concurso. Es recurrente la estimación económica a la baja como la fórmula que utilizaba Cofely para ganar las concesiones en sanidad.
Son numerosísimos los casos que vinculan a estos imputados con la privatización de servicios sanitarios y las irregularidades al adjudicarlos.
El caso también del Hospital de Burgos y el gerente del hospital de Valencia o el propio gerente del SESCAM, Carretero, por la adjudicación de las obras del Hospital Son Espases en Mallorca, a dos de las empresas que junto con Acciona conforman la única oferta presentada para quedarse con el reinicio de las obras del nuevo Hospital de Toledo. En ese momento era director general de Gestión y Planificación del Servicio Balear de Salud. Son Espases fue la mayor obra pública de la legislatura de Matas en Baleares y se adjudicó mediante un modelo de concesión privada similar al que quiere imponer la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. El Parlamento balear ha constituido este miércoles la Comisión de Investigación que debe investigar la adjudicación de las obras a dichas empresas. No tenemos ninguna duda de que tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los servicios públicos y concretamente la sanidad, están siendo objeto de negocios sucios y corrupción.
Los ciudadanos debemos enfrentarnos contundentemente contra esta forma de expoliar las arcas públicas para el beneficio privado y en perjuicio del bien general. Estamos viendo como deterioran lo público para justificar las derivaciones a centros privados, gestionados por personas vinculadas políticamente directa o indirectamente. Todos sabemos cómo está repercutiendo ésto en la calidad de los servicios sanitarios: reducción de salarios para los profesionales, menos contrataciones, sobrecarga laboral, peor calidad asistencial, peores servicios y por lo tanto aumento de la mortalidad como ya lo viene denunciando la FADSP (federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública)
Por eso un vez más tenemos que decir que:
¡NO VAMOS A PERMITIR QUE CONVIERTAN NUESTRA SANIDAD PÚBLICA EN SU NEGOCIO!
¡LOS RECORTES EN SANIDAD MATAN!