En torno a las 11 de la  mañana, agentes de la Policía Nacional ejecutaban el desahucio ante la negativa de los funcionarios judiciales a suspender su lanzamiento, pese a que deja a Ángeles y su hijo sin alternativa habitacional. Después de negociar la retirada de los muebles de la vivienda, los congregados se dirigieron a la sede de Servicios Sociales, tras concertar una cita con el técnico correspondiente a través de la Policía Nacional.

Una vez llegados al hospitalillo de San Jose —sede de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getafe—, la policía local intentó evitar el acceso a las personas que acompañaban a Ángeles. Habiéndose superado unos momentos de tensión, las vecinas y vecinos lograron acceder a la sede de Servicios Sociales coreando que «esta casa es del pueblo». En el interior del edificio, los técnicos se negaron a recibir a la mujer desahuciada, a pesar de tener concertada una cita. En estos instantes de desasosiego fue fundamental el papel de los congregados para forzar una reunión con la concejal de Servicios Sociales, Teresa Rodríguez, quien afirmó no disponer de viviendas de emergencia y se limitó a ofrecer el pago de una habitación durante una semana.

Empieza para Ángeles y su hijo una etapa oscura, sin lugar habitacional y sin asistencia garantizada de los Servicios Sociales de su localidad. La movilización vecinal no ha conseguido en esta ocasión detener un desahucio en el que la Alcaldía se ha lavado las manos y no ha luchado por mejorar la situación de los dos vecinos. Ahora, los dos, a quienes debía amparar y proteger su consistorio, quedan en la calle. Para esto, no hay partida presupuestaria. Y sin embargo, tenemos que recordar que el Ayuntamiento de Getafe contrató los servicios, durante las fiestas patronales entre 2012 y 2014, de la empresa Waiter Music, por un total de 412.471 euros, empresa que está en el ojo del huracán de la Operación Púnica y que se sospecha que no tuvo en Getafe un modus operandi distinto al de otras localidades. Para esto, sí.

Fotos: Alberto Astudillo