El 15M Valladolid ha vuelto a ganar dos batallas legales a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Otras dos sanciones administrativas impuestas a uno de los integrantes de este movimiento que participó en movilizaciones de la Plataforma 25S Rodea el Congreso han sido anuladas “por no ajustarse a Derecho”.
En este caso se trata de sendas sanciones de 300 euros impuestas a Luis Miguel Durán los días 4 y 23 de octubre de 2012. La primera de ellas fue resultado de una identificación cuando el denunciado, que había acudido a Madrid en apoyo de los denunciados por participar en una asamblea del 25S en el Retiro, se dirigía a la sede de la Audiencia Nacional. La segunda, similar a la anterior, también es producto de una identificación, en esta ocasión, al término de una protesta pacífica convocada para protestar contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Según se explica en la sentencia 206/14 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Valladolid, “en el expediente administrativo, consta al folio 13 denuncia de los agentes intervinientes, en la cual se expresa como hecho denunciado la participación en concentración no comunicada, siendo portador de megáfono, mostrando en todo momento actitud dirigente entre concentrados”. Se apunta que “al ser informado de dicho extremo se niega a abandonar la zona, manteniendo una actitud dirigente hacia el resto de los concentrados, a los que impartía consignas por medio de megáfono”.
El juez en su fallo entiende que “no consta un mandato concreto y claro en los términos exigidos por la jurisprudencia expuesta anteriormente, dado por el agente y desobedecido por la recurrente, ni en el acta de denuncia ni en el informe de ratificación de la misma, requisitos necesarios para constituir el tipo administrativo infractor, en cuanto menoscabo al principio de autoridad y al respeto y consideración que merecen los agentes de la autoridad que se encuentran en el legítimo ejercicio de sus funciones, puesto que no es lo mismo informar a los asistentes o concentrados en el lugar que la concentración no había sido comunicada a la autoridad gubernativa, que es lo que se indica en el informe que emite el inspector Jefe, que expresar una orden o mandato claro y directo al recurrente de que abandone la zona o se ausente o aleje del lugar, mandato que no se expresa o se manifiesta que fuera dado en tales términos por los agentes denunciantes al recurrente, ni en la denuncia, ni en la ratificación de la misma ni siquiera en el informe del Inspector Jefe, folio 2 y ss del expediente administrativo”.
“Del propio contenido de la denuncia, no resulta acreditado que se causasen desórdenes, no constando incidentes resaltables por los Agentes de la Policía Nacional, con lo cual ha de entenderse que el tipo infractor se basa en la causación de desórdenes en las vías públicas o alteración de la seguridad colectiva, y tales circunstancias no constan acreditadas que se produjeran en el presente caso, por lo que ha de revocarse la resolución recurrida, al no ser los hechos denunciados constitutivos de la infracción por la que ha sido sancionado el recurrente”, hace constar el juez en su fallo.
En similares términos se resume la sentencia referida a la anulación de la otra sanción: “La resolución recurrida (la multa de 300 euros) no es ajustada a derecho, anulando la misma”.
En ambos casos, el juez condena al pago de costas a la Administración, que además deberá devolver los importes de las multas que ya han sido pagadas.
Para Luis Miguel Durán estas dos sentencias significan que “por fin, después de dos años, y gracias al trabajo de las abogadas de Valladolid, se ha hecho justicia” convirtiendo en papel mojado “el intento de criminalización de la protesta social por parte de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes”.
“Tienen que darse cuenta que este tipo de maniobras no van a conseguir hacernos callar, que no sirven de nada frente a las protestas democráticas, pacíficas y justas”, declara Luis Miguel antes de insistir en que gracias a la labor de las abogadas vallisoletanas otros dos casos similares al suyo han corrido la misma suerte: las sanciones han acabado siendo anuladas.