El Gobierno recurrirá «hoy mismo» ante el Tribunal Constitucional el nuevo proceso impulsado por Artur Mas para llevar a cabo la consulta soberanista en Catalunya el próximo 9 de noviembre. Tras repasar los «vicios de inconstitucional» señalados en el informe del Consejo de Estado, la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaría, insistió en que, una vez presenten el recurso, serán inmediatos sobre los efectos de impugnación sobre «cualquier acto que se haya llevado a cabo o se pueda llevar a cabo en un futuro de cara a la preparación de la misma».
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro.EFE
La número dos de Mariano Rajoy en el Ejecutivo esgrimió los motivos por los que el Consejo de Ministros de este viernes ha tomado dicha decisión. Así, recordó los puntos del informe en los que el Consejo de Estado considera que la consulta carece de legitimidad por «elementos de carácter refrendario», porque excede límites competenciales, porque no puede estar avalada por una ley de rango inferior a la Constitución y poruqe la neutralidad de los organizadores del proceso no está garantizada por tratarse de voluntarios, entre otras cuestiones.
«¿Se imaginan que este Gobierno convocara elecciones sin disolver las Cortes, con papeletas y urnas de cartón controladas por voluntarios, en las que alguien puede votar una, dos, tres veces o las que quiera porque no existe un censo? ¿Ese resultado tiene algún tipo de garantías?», ejemplificó la vicepresidenta. «Pues esto es poco más o menos», agregó, dando por hecho una respuesta negativa a su pregunta retórica.
También aseguró que lo hacían en defensa de «los derechos de los ciudadanos catalanes», especialmente, de los funcionarios a los que Mas ha situado, en su opinión, en un situación de «intemperie legal». «Ellos tienen que asumir la responsabilidad del incumplimiento de la ley que el presidente de la Generalitat no quiere asumir con su firma», atacó la vicepresidenta, haciendo referencia al hecho de que, en esta ocasión, no existe un decreto de convocatoria, sino que se trata de un procedimiento organizado por voluntarios. «Queremos que no se vean obligados a incumplir la ley, que tengan la tranquilidad de saber que no tienen por qué violentar la ley», insistió citando como ejemplo a «los directores de colegios a quienes se les ha pedido una obligación extraordinaria para ese día».
Sáenz de Santamaría arremetió directamente contra Artur Mas, a quien acusó de desplazar sus responsabilidades hacia los ciudadanos, a quienes «pone en la tesitura de tener que llevar a cabo actuaciones suspendidas por el Tribunal Constitucional». «Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en la primera convocatoria incumplía la Constitución, en la segunda vulnera los derechos de los ciudadanos a los que representa», sentenció, sin querer avanzar posibles medidas legales directamente contra Mas ni plantear una posible intervención de la autonomía.
Tampoco se baraja en Moncloa la opción de cortar la financiación del Estado a Catalunya como medida de castigo o presión. «No vamos a perjudicar a los ciudadanos con medidas que recortarían su acceso a los servicios básicos porque la Generalitat no cumpla con sus obligaciones», respondió. Y volvió a vender la bandera de presentar un Gobierno defensor de «la libertad, la igualdad y los derechos de los ciudadanos». «Al Gobierno le corresponde dar tranquilidad a los ciudadanos y cumplir con el Estado de derecho y la Constitución», concluyó.
El doble «sí» en el proceso participativo del 9-N se impondría, según la nueva encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat: el 64,2% votaría «sí» en la primera pregunta —si cree que Catalunya debe ser un Estado— y el 76,9% en la segunda —si cree que ese Estado debe ser independiente—. Es decir, un 49,36% de los votantes votaría a favor de una Catalunya independiente.
El Barómetro, presentado este viernes en rueda de prensa por el director del CEO, Jordi Argelaguet, pronostica que la primera pregunta tendría un 64,2% de «sí», un 19,7% de «no», un 1,1% de votos en blanco o nulos, un 7% de indecisos, un 6,9% no votarían y un 1,2% no contesta.
En la segunda cuestión —que sólo contestan quienes han votado afirmativamente a la primera—, el «sí» conseguiría un 76,9% de apoyos, el «no» un 19,6%, los indecisos son el 2,3%, los abstencionistas son un 0,6%, no contestan el 0,5% de los sondeados, y el voto blanco y nulo se sitúa en el 0%.
El estudio del CEO sólo pregunta sobre la intención de voto en el proceso participativo del 9-N, sin inquirir específicamente a los encuestados si tienen intención de ir a votar o no en esa fecha, aunque un 6,9% de las respuestas optan por la abstención o por no ir a votar.
Los datos del último barómetro del CEO presentado hoy indican un ligero aumento del «doble sí» a las preguntas planteadas el 9-N (independencia) respecto al anterior estudio, que se situó en el 47,1% cuando era aún una consulta no refrendaria.
El director del CEO, Jordi Argelaguet, ha explicado que un referendo con efectos jurídicos podría aumentar los noes, pero también ha indicado que, si del conjunto de la muestra se deja a un lado «la abstención estructural del 8-10%» que nunca va a votar, el porcentaje de votantes de independencia podría llegar pasar del 49,4% al 55%.
Al indagar en las razones del auge del separatismo, el estudio del CEO concluye que hay un 42% de los independentistas que se han apuntado a esta opción política en los últimos tiempos por la actitud o los comentarios del Gobierno central con respecto a Catalunya, y mientras que un 13,4% son independentistas al considerar que existe un mal reparto en asuntos económicos y tributarios. Según Argelaguet, en los últimos dos o tres años el aumento de independentistas por la actitud del gobierno central sería de medio millón de personas.