La tragedia de Pozo Emilio cumple un año y la familia minera pide «justicia»

Tan sólo quedaban unos minutos para las dos de la tarde de aquel 28 de octubre de 2013 que supuso para la minería una página más de tragedia. Se encontraban en el macizo siete de la planta séptima de la explotación de Tabliza, en la localidad leonesa de Llombera de Gordón, perteneciente a la Hullera Vasco Leonesa. Era el Pozo Emilio, donde los trabajadores se encontraban realizando labores de picado cuando se toparon de lleno con una bolsa de gas grisú que acabó con su vida.

Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez son los nombres de esos mineros muertos, de entre 35 y 45 años, que perdieron su vida en el interior de una mina, ese sector maltrecho en la provincia de León, que tantos puestos de trabajo ha destruido, y que había sacado, meses antes, a sus trabajadores a las calles para reivindicar su dignidad, incluso recuperando las ‘marchas negras’.

Pero fue la propia mina la que asestó el golpe más duro. El informe de la Comisión Investigadora determinaba que lo ocurrido en el pozo de la Hullera Vasco Leonesa fue una imprevisible fuga de gas grisú que por su intensidad y volumen resultó determinante y fatal para seis de los trabajadores que se encontraban en el macizo séptimo.

Una palabra: «justicia»

Hay una palabra que, durante estos últimos doce meses, no se desprende de las bocas de los familiares de los trabajadores fallecidos: “justicia”. El proceso se encuentra en fase de instrucción y esperan que se celebre cuanto antes el juicio para depurar responsabilidades. El actual presidente del comité de empresa de la Hullera Vasco Leonesa, Miguel Sánchez (USO), recuerda que los trabajadores y sus familias no aceptan la versión de la empresa sobre lo sucedido.

“Pensamos que se podía haber investigado mejor, aunque no somos quienes para decir si había sido una caso o la otra”, señala. Eso sí, el informe de la Comisión Regional de Seguridad Minera satisface mejor las inquietudes de los compañeros de los seis mineros fallecidos y de sus familias, aunque será el juez quien determine las responsabilidades.

“Demasiadas veces hemos visto irse de rositas a los culpables de accidentes parecidos. Por tanto, pedimos a la Justicia que investigue sin demora lo que sucedió en la mina ese día y se lo haga pagar a los culpables. Para que los fallecidos descansen en paz y sus familiares tengan al menos el consuelo de que se ha hecho justicia”, relataba por su parte hace unas semanas un familiar de uno de los mineros fallecidos.

La vida después de la tragedia

Mientras tanto, la rutina sigue en la mina. El macizo afectado por el escape de grisú donde fallecieron los trabajadores se cerró para la posterior investigación y continúa clausurado. Los mineros han continuado con sus labores en otras instalaciones del Pozo Emilio, con una reducción de la actividad por los expedientes de regulación que padece la plantilla. La Hullera, según el comité, tampoco ha implementado mejoras de seguridad, a la espera de que se determine lo sucedido. “no se ha hecho nada porque no sabemos exactamente qué ha sucedido”, señala el presidente del comité.

No obstante, a los trabajadores, durante este tiempo y después de la tragedia que azotó con insolencia a un sector de por sí castigado, les hubiera gustado que la empresa “se hubiera portado un poco mejor”. Los conflictos laborales han marcado los meses posteriores y a los mineros compañeros de los fallecidos se les adeudan varias pagas extras y varios complementos salariales. “Queremos ser para la empresa menos números y más personas”, lamenta Sánchez.