El Gobierno ha avisado este martes al ‘president’ Artur Mas de que no puede mantener para su plan b las mismas preguntas fijadas inicialmente para la consulta, puesto que «tienen visos de inconstitucionalidad». Según ha asegurado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, si Mas decide utilizarlas, el Ejecutivo central actuará «de la misma manera» e impugnará la consulta alternativa.
Catalá ha explicado que los servicios jurídicos del Estado estudiarán la nueva consulta ideada por el Govern. «Si es conforme a las competencias de la Generalitat no habrá problema, y si vuelve a incurrir en vicios de inconstitucionalidad, a nuestro juicio, volveremos a impugnalo lógicamente», ha añadido el ministro a su llegada a un acto en la sede del CGPJ.
Horas antes, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que el Gobierno analizará cómo actuar ante «la nueva ocurrencia» de Mas. La vicepresidenta se ha referido con esas palabras al «proceso participativo» que el presidente de la Generalitat ha anunciado como alternativa al 9-N. El Consejo de Estado, ha señalado Santamaría, ya dejó claro en su dictamen que el Govern no puede utilizar los artículos de la ley de consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para «otro tipo de cosas».
La vicepresidenta ha subrayado, durante un acto del XXV aniversario de la agencia de noticias Servimedia, que Mas no puede someter a los catalanes «a las tensiones y los vaivenes a los que les tiene acostumbrados». «Eso no es propio de un dirigente político», ha dicho.
Preguntada sobre si el Gobierno recurrirá el artículo tercero de la ley de consultas catalana si finalmente el ‘president’ pretende ampararse en el mismo para llevar a cabo la consulta alternativa, la vicepresidenta ha subrayado que se estudiará.