Yo Sí Sanidad Universal y la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyC) han registrado 319 casos de exclusión sanitaria entre diciembre de 2013 y julio de 2014. Son los datos que se desprenden del informe Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES), que se han presentado hoy, y con los que las dos organizaciones afirman que “queda constatada la pérdida de universalidad del sistema sanitario” como consecuencia de la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012. Sin embargo, para los autores del informe lo significativo no es el volumen del caso, “una gota en el océano de exclusión que vivimos”, apunta Pablo Meseguer, de Yo Sí Sanidad Universal, sino las situaciones que documenta.
Una paradoja que resalta Meseguer es que el 47% de los casos de exclusión se ha producido en situaciones en las que, según el propio RDL, la atención debería estar garantizada, algo que achaca a que por parte de las administraciones sanitarias no se ha transmitido una información correcta a los centros sanitarios y a que los centros ponen más trabas de las que el propio ordenamiento permite. En concreto, se refiere a los casos de atención a mujeres embarazadas y menores, a la obtenida en urgencias, y a los casos que habían sido incluidos en las excepcionalidades que definió la Comunidad de Madrid (protección internacional, víctimas de trata, enfermedades de declaración obligatoria o mentales graves y pacientes diagnosticados antes del 31 de agosto de 2012).
Además, el informe destaca que el 3,1% de los registros corresponde a personas con tarjeta sanitaria en vigor, “consecuencia de los obstáculos administrativos que se han puesto en marcha para su renovación o de las barreras económicas que estas personas están encontrando en el acceso a la medicación como consecuencia del repago farmacéutico o su instauración entre las y los pensionistas”. Asimismo, un 7,8% se refiere a personas con permiso de residencia a las que también se les ha negado el derecho a la atención, como “es el caso de ascendientes que obtuvieron su permiso por reagrupamiento familiar tras el 24 de abril de 2012, a quienes ni tan siquiera se les mantiene el derecho a la atención en urgencias”, apunta el texto.
Miedo a ser atendido
Meseguer apunta como especialmente significativo el hecho de que el principal problema es “el miedo a no ser atendido”. Esto se produce porque “se está denegando sistemáticamente la atención en urgencias (que está amparada por el RDL)” y a que “en muchas ocasiones, cuando se atiende a estas personas, se hace con la condición de la firma de un compromiso de pago o con la emisión directa de una factura”, explica el informe. Así, tal como relata Meseguer, “como las urgencias están cobrando, esto se ha extendido entre la población excluida”, relata Meseguer.
Por su parte, José Luis Quintana, vicepresidente de la SoMaMFyC, apunta que “se ha roto una cosa muy importante: la línea del proceso asistencial”. Además, resalta que muchas veces se confunde la gravedad con la urgencia: “Pensamos que los pacientes graves se pueden solucionar en las urgencias y esto no siempre es así”. También ha recordado que debido a esto “ha habido incluso fallecimientos” y que “la salud de todos repercute en la globalidad de la población”.
Los datos recopilados por las dos organizaciones revelan información coherente con otros registros que se están haciendo a nivel estatal, en concreto en la Comunitat Valenciana, Cantabria y Catalunya. El 85% de la información proviene de la Comunidad de Madrid –dato que se explica por la mayor presencia de grupos de acompañamiento de Yo Sí Sanidad Universal en la región– mientras que un 7% de los registros se refiere a la Comunitat Valenciana. Además de en estas dos autonomías hay registros de otras nueve comunidades.
La parte positiva del informe REDES que resaltan desde Yo Sí Sanidad Universal y la SoMaMFyC es que en cerca de un 70% de los casos –228– el problema se ha resulto de una forma total o parcial gracias a la acción de los grupos de acompañamiento de Yo Sí, y a la desobediencia civil al RDL 16/2012 que están realizando los profesionales sanitarios.
El manifiesto se ha expresado en forma contundente denunciando la situación de desigualdad y abandono del estado en cuanto a las garantías del acceso a la salud de manera universal. Los firman entidades tan variadas como Amnistía Internacional, Cáritas Española o Médicos del Mundo, y sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFyC) o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
Cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del RDL 16/2012, sesenta y una organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, han firmado un manifiesto denunciado los impactos de esta reforma sanitaria y el incumplimiento por parte del gobierno español de la legislación internacional de derechos humanos.
En abril de 2012 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Con este RDL, señalan estas organizaciones, la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Además con esta reforma sanitaria se restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para las personas.
Dos años después el balance no puede ser más negativo, aseguran, y manifiestan lo siguiente:
– Tras la aplicación del RDL, al menos 873000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos.
-La diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.
-Incluso en aquellos supuestos en los que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de urgencias…) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
-El desplazar la atención a las urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor del que costaría con una atención inclusiva.
-La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.
– A pesar de que algunas CCAA emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta las bases para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos (vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva.
– En un contexto de incremento de la desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de la crisis, la desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las personas más vulnerables, provocados por la promulgación del RDL, ha generado un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a demostrarse en algunas CCAA. Está demostrado que el incremento en la desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento.
– Resulta preocupante el posible impacto de género del RDL, dados los crecientes obstáculos que están encontrando las mujeres migrantes a quienes se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera, conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado por la desigualdad económica.
-Varios organismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas recomendaciones.
-Por su parte, el Tribunal Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas…, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analizó ni comunicó con claridad el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha publicado ningún cálculo al respecto. Ante esta situación instamos al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012, y elaborar una nueva Ley de Sanidad:
– Que nazca de un amplio consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y sociedades científicas
– Que establezca las condiciones para un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base de una gestión eficiente, eficaz y transparente.
– Que garantice el derecho a la protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del modelo integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por España.