Vergonzosa absolución al grupo nazi más importante del Estado.

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Entre los acusados hay militares, concejales y un director de un centro de menores subvencionado por el gobierno de Fabra.

La Guardia Civil destruyó meses antes del juicio todas las armas requisadas, entre las que había pistolas semiautomáticas, revólveres, municiones y un bazoka, procedentes del Ejército de Tierra

 

 

En Septiembre de 2005, en la llamada Operación Panzer, eran detenidas 25 personas, acusadas por la Guardia Civil de pertenecer al Frente Antisistema, una organización neonazi que se dedicaba a atacar a personas por motivos raciales o ideológicos en el área de Valencia.

En la operación, realizada tras numerosas horas de escuchas telefónicas y un importante trabajo de investigación, fue incautado un gran arsenal de armas: escopetas, pistolas semiautomáticas, revólveres, máquinas para recargar municiones, y hasta un bazoka. Que dos de los detenidos fueran militares explica la procedencia del armamento, el Ejército de Tierra del Estado Español.

Entre los detenidos, además de los dos miembros del Ejército, había concejales de España 2000 condenados por extorsión, el asesino confeso del joven Guillem Agulló y un deportista paralímpico. También el neonazi Pedro Costa, conocido como Lofer, había sido director de un centro de menores que atiende a jóvenes de entre 9 y 17 años en riesgo de exclusión subvencionado por la Generalitat Valenciana de Alberto Fabra, lo que para muchos constituye una muestra más de la permisividad de los Gobiernos del PP en esa comunidad con la extrema derecha.

La Fiscalía y la acusación popular, formada por la plataforma Acción popular contra la impunidad —formada por Movimiento Contra la Intolerancia, EUPV, Bloc-Compromís, ERPV-ERC, Acció Cultural del País Valencià, SOS Racisme, Jarit y CR Just Ramírez, el Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comunidad Israelita de Valencia, Gitanos por la Diversidad, el Colectivo Lambda y la Intersindical Valenciana— pedía hasta 50 años de cárcel.

Sin embargo, tras nueve años de misteriosas incidencias, paralizaciones del juicio, tres fiscales diferentes, ordenes de busca y captura que no se ejecutan, etc., la sorpresa vino cuando la Audiencia de Valencia pidió una muestra de las armas para exponerlas en la vista: todas las armas, sin excepción, habían sido destruidas por la Guardia Civil con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, lo que suscitó airadas protestas por parte de la acusación particular.

El remate a este caso ha venido dado el pasado 29 de Julio cuando por fin salió la sentencia del juicio realizado hace dos semanas. El resultado es la absolución para todos los acusados aduciendo la nulidad de las escuchas realizadas.

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