El caso de la “trama empresarial” vinculada al ex Jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid no ha hecho más que empezar y no para de deparar sorpresas. El representante legal del ya ex funcionario Luis Ángel Samaniego, Luis Lavín, ha puesto en marcha el ventilador y ha comenzado a salpicar no sólo a los más altos funcionarios municipales (el secretario general, Valentín Merino y el interventor Rafael Salgado), sino también al alcalde, Javier León de la Riva y a una de sus concejalas de confianza, Mercedes Cantalapiedra.
Ayer, cuando el principal implicado en esta presunta “trama de corrupción” acababa de prestar declaración ante la Juez de Instrucción 4 que entiende del caso, guardó silencio. En ese momento, la Fiscalía solicitaba el ingreso en prisión de su representado. Pero hoy, cuando se ha sabido que la juez del caso ha fijado una fianza de 30.000 euros y ha descartado el encarcelamiento de su cliente, no ha podido contenerse y en los pasillos de los juzgados ha dicho alto y claro que Luis Alberto Samaniego “no va a ser el chivo expiatorio” de este escándalo que, traducido a euros, alcanza la nada desdeñable cifra de 11,2 millones de euros en 14 años (sólo referida a los 1.314 contratos menores suscritos por las 13 empresas vinculadas al ex Jefe de Mantenimiento).
Lavín ha sido contundente. Trabajos que acababan siendo encargados a las empresas de su cliente o sus familiares “eran aprobados por decreto y los hay del alcalde y otros concejales”. Ha llegado a citar expresamente uno de escasa cuantía que lleva la firma de la teniente de alcalde y concejala de confianza del alcalde, Mercedes Cantalapiedra.
El abogado del principal imputado de esta trama reservaba otra carga de profundidad para los máximos funcionarios municipales: el secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino (uno de los imputados en el caso PGOU) y el interventor municipal, Rafael Salgado. El letrado ha cuestionado sus declaraciones ante la policía judicial que se encargó días a tras de registrar el despacho de Samaniego en el Ayuntamiento, así como distintas sedes de las empresas de la trama. Afirma que “no responden a la realidad”.
Por si esto fuera poco, hoy se ha conocido que la Fiscalía ha solicitado, entre otras pruebas periciales, que en este caso tome cartas en el asunto la Intervención General del Estado para que revise las facturas desde el año 2000.
Hoy también ha sido el día en que ha acudido a declarar, también como imputado, el primo del ex Jefe de Mantenimiento, Antonio Bernardo Samaniego, administrador de varias empresas de la trama y ex presidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (AVECO). Poco más de media hora ha durado su interrogatorio en el despacho de la juez. Según ha declarado su abogado a los medios, ha negado que su relación con el Ayuntamiento le haya reportado grandes beneficios y ha llegado a asegurar que algunas de sus empresas arrojan pérdidas en su cuenta de resultados.
“Si se han adjudicado tantas obras quizás exista trato de favor por parte de su primo, pero mi representado no ha presionado ni dado nada a cambio de ello”, ha sentenciado.
Para mañana está prevista la declaración del hijo del principal acusado y el contable del grupo de empresas familiares, Miguel Ángel Rodríguez Patín.
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