La Gerencia Regional de Salud ha revocado una resolución que declaraba a Javier Torga Moro, cocinero del hospital Río Hortega, responsable de una «falta grave» con la que fue sancionado un día que estaba de descanso. Esta misma Gerencia es la que revocó el despido «de facto» de Ana García Ricondo, cocinera del mismo hospital y que protagonizó la pasada semana una huelga de hambre «por la dignidad y por la readmisión».
La revocación de la sanción impuesta a Javier Torga, conocida hoy, ha tardado más de dos años en llegar. La sanción fue impuesta el 16 de marzo de 2012 y la resolución de revocación lleva fecha de 8 de mayo de 2014. La revocación se ha conocido hoy en la vista del recurso celebrado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid.
Era la última vista de una batalla judicial que ha durado más de tres años, protagonizada por cuatro trabajadores de la cocina del Río Hortega -Ana García, Alfonso Villa, Carmen Reija y el citado Torga- que denunciaron la no realización de cursos de formación en los años 2009 y 2010, en los que aparecían como asistentes a los mismos.
Los cuatro trabajadores, a raíz de la citada denuncia, fueron sancionados; sanción que han cumplido. En el caso de Ana García Ricondo con 7 meses, por cinco sanciones, tres de un mes y dos de dos meses, lo que interpretó el director gerente de Atención Especializada Valladolid-Oeste, Alfonso J. Montero Moreno, le daba pie para pasarla a «una excedencia voluntaria por interés particular». El recurso presentado por el abogado José Alberto Blanco, en el que argumentaba que la resolución no tenía sustento legal y solicitaba se dejara sin efecto, fue resuelto favorablemente el pasado día 16 y Ana puso fin a la huelga de hambre que había iniciado siete días antes en compañía de su marido, Javier.
Hoy, Ana con Alfonso y Carmen han vuelto al Juzgado para apoyar a su compañero Javier, en el recurso a las cuatro sanciones impuestas, que han quedado en tres al haberse revocado parcialmente la resolución de 16 de marzo de 2012 y eliminarse la infracción que dijeron había cometido el 22 de junio de 2012 «al quedar la cinta de emplatado desabastecida de pechugas de pollo, lo que provocó la interrupción en la distribución (…)».
La resolución de 8 de mayo de 2014 reconoce que la imputación es «errónea» debido a que el citado día [22-6-2012] Javier Torga se encontraba de descanso, «según se desprende la plantilla de turnos de trabajo». Esta resolución está firmada por Eduardo Enrique García Prieto, que era el director gerente del Río Hortega cuando sucedieron los hechos denunciados, y Miguel Ángel Sánchez Asenjo, el director de gestión del citado centro.
Vista
Pero el recurso de Javier a la sanción por las otras tres infracciones se ha visto hoy. La defensa, ejercida por José Alberto Blanco, ha reiterado que el expediente disciplinario carecía de objetividad y que todo se trataba de una represalia, para lo que ha enumerado una serie de circunstancias.
La representación de la Junta lo ha negado y ha intentado justificar el error de imponer una sanción a un trabajador que no estaba en su puesto ese día.
En la prueba testifical han comparecido Trinidad Acosta, José Antonio Lorenzo y Agustín Zamora, gobernantes de cocina en el Río Hortega. Los tres, por decisión de la jueza, María Luaces Díaz de Noriega, han declarado conjuntamente, lo que no ha sido suficiente para que a preguntas del letrado de la parte recurrente se evidenciaran contradicciones. La respuesta más común fue: «No lo recuerdo».
La jueza, ante la no presentación de testigos por el recurrente «por el miedo a las represalias existente en el hospital», reiteró lo dicho en las vistas anteriores: «Yo les cito de oficio. La verdad tiene que prevalecer». Palabras que fueron contestadas por el abogado Blanco: «No siempre se dice la verdad».
En las conclusiones, el abogado de Javier Torga dijo que no había quedado acreditado nada de lo que se acusó al recurrente, mientras que el representante de la Junta afirmó que «la prueba practicada avala la comisión de los hechos».
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