
Ana María G.R., la cocinera del Hospital del Río Hortega que ha sido despedida después de haber denunciado corrupción en los cursos de formación, no pudo hoy contener las lágrimas cuando vio que a las puertas del que hasta ahora era su centro de trabajo le estaba esperando casi un centenar de personas reclamando justicia para que fuera readmitida.
Ella, después de haber soportado siete meses de suspensión de empleo y sueldo por los 5 expedientes disciplinarios que se le abrieron por haber osado denunciar estas corruptelas, debía incorporarse hoy a su puesto de trabajo de no ser porque, mediante un burofax, la dirección del centro hospitalario le había comunicado su despido. Pese a todo, ella, acompañada por su abogado y miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública, entró en el hospital, recorrió los interminables pasillos que conducen hasta su zona de trabajo y llegó a entrar en la cocina donde ha prestado servicio desde 1983 sin tacha alguna.
“He hablado con los dos gobernantes y me han dicho que, por orden de la dirección, no podía incorporarme a mi puesto. Les he pedido que me lo dijeran por escrito, pero su respuesta es que ellos no iban a pringarse y que eso lo debía hacer la dirección”, explicó Ana al centenar de personas que, convocados por la Plataforma por la Sanidad Pública, le esperaban a las puertas del hospital.
Al no tener constancia escrita de su intención de volver a incorporarse y de cara a futuras acciones judiciales, Ana volvió a entrar al Hospital para reclamarle el escrito al Jefe de la Guardia, máximo responsable de la gestión del centro en un día de fiesta como hoy. Tampoco él, después de realizar distintas consultas, le dio papel alguno. Se limitó a reflejarlo en el Libro de la Guardia. Ana se tuvo que conformar con poner, como si de una enferma más se tratara, una reclamación en Atención al Paciente, en la que hizo constar su ir y venir por los pasillos del hospital.
Ana y otros compañeros comprobaron como en la web del SACyL, aparecían varios cursos, tres exactamente, para el personal de cocina y en los que ella aparecía además como inscrita en el otoño de 2010. Su sorpresa fue mayúscula porque ni los cursos estaban comunicados, ni ella por supuesto se había apuntado. Puso en conocimiento del Juzgado de lo Penal tal irregularidad y, a partir de ese momento, comenzó un auténtico calvario que ha vivido hoy sólo su penúltimo capítulo.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Valladolid lo tiene claro: “Creemos que estamos ante un caso claro de represalias hacia una trabajadora, en la forma más cruel que se puede hacer en la actual situación social en la que vivimos, el despido. El compañero de Ana María está en paro, su salario es el único ingreso de la familia. La pérdida de su puesto de trabajo es arrojarles a la miseria y por una única razón, que esta trabajadora actuó con dignidad y con responsabilidad social, denunciando indicios claros de corruptelas en su hospital. No podemos permitir que los corruptos estén gozando de libertad y privilegios y las personas que denuncian este cáncer que sufre nuestra sociedad sean represaliadas”.
Luis Ocampo, portavoz de la Plataforma, a las puertas del hospital y megáfono en mano, fue aún más contundente: “Esto que ha ocurrido es inadmisible desde todos los puntos de vista. Los juzgados no se han molestado en investigar a fondo este caso y este despido es absolutamente cruel. Van a acabar teniendo que pedir perdón al readmitirla. Van tener vergüenza por lo que han hecho. Hoy sólo acaba de empezar esta lucha”, advirtió.