«Me llamo Antonio González Pacheco. No José Antonio, ni Juan Antonio. Y yo no me puse ese mote». Con esta referencia al alias «Billy el Niño» que se convirtió en sinónimo de brutales torturas durante los años 70 en Madrid, el antiguo inspector de la Brigada Político Social cerró la vista de su extradición celebrada ayer en la Audiencia Nacional española. En ningún momento se dio la vuelta, por lo que solo quedará registrada su brillante alopecia y las patillas de las gafas. La decisión de la presidenta de la sala, Concepción Espejel, de impedir que el rostro del agente fuese grabado impidió que, como ocurrió la semana pasada con el antiguo Guardia Civil Jesús Muñecas, que las víctimas y la opinión pública pudiesen ver el rostro del torturador. Una difusión que podría consitutuir la única reparación para los afectados después de que Fiscalía y defensa se opusiesen a la extradición y que el Ministerio Público redujese la opcion de juzgarle a que Argentina presente una querella en un tribunal de Madrid, lugar donde ocurrieron los hechos. Una opción ya planteada con Muñecas y que en este caso el fiscal limitó a los «compromisos diplomáticos». No obstante, fue más allá de los argumentos planteados hace siete días y consideró que, además de que las víctimas pudiesen ser escuchadas, podrían «contar con una resolución en la que se reconociese la ilegalidad de sus detenciones».
Antes de iniciarse la vista, la juez se dio por enterada de una nota escrita por diversos periodistas que cubren la información de tribunales en la que solicitaban poder grabar el rostro de González Pacheco. Tanto el expolicía como su defensa y el Fiscal se opusieron. El antiguo agente argumentó «motivos de seguridad personal y familiar». Un razonamiento que completó su letrado, quien presentó documentación avalada por la propia Policía española en la que se afirmaba que «Billy el Niño» habría sido objeto de seguimientos, insinuando que podría sufrir un atentado. La juez, que ya había anticipado su decisión, no hizo sino ratificarla.
El expolicía, jubilado desde hace dos años, lo que evidencia que continuó su carrera como uniformado sin trabas, apenas tuvo que responder preguntas. Primero, negó tener relación con Argentina, que es quien reclama su extradición. Después fue preguntado acerca de si había sido procesado. «No recuerdo con certeza, hace muchos años. Tenía algo que ver con malos tratos… Pero creo que no fuimos condenados», fue lo único que acertó a responder. Lo cierto es que sí fue sentenciado por falta de lesiones por una denuncia de Enrique Aguilar en los años 70, pagando una multa.
Los mismos argumentos
A partir de entonces se sucedieron los argumentos de Fiscalía y defensa contra la entrega. En primer lugar, el fiscal se apoyó en su nacionalidad española, que invalidaría la extradición por tratarse de un delito cometido en el Estado sobre ciudadanos españoles. Acerca de la calificación penal, hizo la concesión de que podría calificarse como «torturas» o como delito «de lesa humanidad». No obstante, defendió que, en el primero de los casos, ya habría prescrito mientras que, en el segundo, no cabría la retroactividad ya que Madrid no firmó hasta 2010 los convenios internacionales que regulan estas violaciones de los Derechos Humanos.
Poco aportó la defensa a esta argumentación. Aunque sí que hizo referencia a la Ley de Amnistía de 1977 que, a su juicio, también ejercería como dique para evitar que el policía se siente en el banquillo. Ahora, la decisión ya ha quedado en manos de la Audiencia Nacional.
«No se puede mentir. Yo estuve 62 días en la enfermería», explota una víctima
«No se puede mentir. Yo estuve 62 días en la enfermería». Cuando el abogado de Antonio González Pacheco comenzó a argumentar que no se había acreditado una hospitalización de 30 días como señala la ley para tipificar un delito de torturas, una de las víctimas del expolicía no pudo más y alzó la voz para recordar su experiencia. Fue el colmo para la decena de damnificados que asistían a la vista. En el exterior estaban arropados por más compañeros, que habían desplegado una pancarta y exigían la extradición del torturador custodiados por policías españoles que no les permitían acercarse a la Audiencia Nacional. Tras la vista, Carlos Slepoy, abogado de la querella, consideró que «nada nuevo» había sucedido en la vista e instó a la Fiscalía a presentar una querella ante el Juzgado. Una opción poco probable teniendo en cuenta la «presión jerárquica» que se establece en el Ministerio Público, que depende en última instancia del Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno. También lamentó que Argentina no se hubiese personado. A. P.
Protegido por excompañeros
Si la vista sobre la extradición de Jesús Muñecas ya evidenció la incomodidad con la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acogieron que uno de sus miembros se sentase en el banquillo acusado de torturas durante el franquismo, ayer quedó patente que el hecho de que Antonio González Pacheco fuese policía incrementaba los nervios. El hecho de que no se permitiese grabarle la cara es solo un ejemplo. También, las dificultades para el tránsito en los exteriores de la Audiencia Nacional española, donde todos los informadores eran identificados. Nadie vio entrar a «Billy el Niño» en la Audiencia y se marchó rápidamente cubriendo su rostro con un casco, para abandonar el lugar en una moto que le esperaba a la salida. En el interior de la sala también estuvo protegido. Según señalaron posteriormente algunas de las víctimas, junto a él se encontraban antiguos miembros de la Brigada Político Social franquista que él mismo comandaba. Fueron las propias víctimas de sus golpes quienes les reconocieron. A.P.