El afán del Partido Popular por limitar los derechos ciudadanos ha llegado a Móstoles en la forma de un borrador de ordenanza municipal “de convivencia” en el que se recogen polémicas medidas manifiestamente inconstitucionales.

El Titulo II establece una serie de limitaciones para obtener autorización a la hora de realizar actos públicos en la vía pública promovidos tanto por particulares como por entidades sin ánimo de lucro, movimientos sociales o partidos políticos. En concreto establece la obligación de estar al corriente de pago de todos los tributos para poder obtener autorización para ejercer el derecho fundamental de reunión o manifestación. Daniel Ortiz y su gobierno parecen desconocer un principio jurídico básico: que ninguna norma de rango inferior prevalece sobre una norma de superior rango por lo que ninguna ordenanza puede ponerse por encima de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión y de la propia Constitución.

En el mismo Título del borrador de ordenanza el Partido Popular de Móstoles establece un plazo mínimo para solicitar el uso de un espacio público para ejercer derechos fundamentales en 30 días, un plazo muy superior al establecido por la Delegación de Gobierno para comunicar la realización de, por ejemplo, una manifestación, que es de 10 días e incluso de tan sólo 48 horas si el trámite se hace por vía de urgencia motivada.

Cuesta creer que el Alcalde de Móstoles, que se jacta de impartir clases de Derecho en la Universidad Juan Carlos I, desconozca principios legales tan elementales y constitutivos de la esencia del Estado de Derecho, ya que no es constitucional la privación de ningún derecho fundamental por tener deudas con la Administración.

Sanciones desproporcionadas e impedimentos burocráticos contra los vecinos.

El plazo demesurado para solicitar, por ejemplo, una mesa informativa, se acompaña de un trámite confuso que sumerge al solicitante en una maraña burocrática. Para reforzar su particular ley mordaza acompaña las restricciones expuestas de un amplio catálogo de sanciones administrativas que van desde los 600 hasta los 3.000 euros si algún vecino decide hacer valer sus derechos constitucionales sin autorización.

Limitaciones para ejercer el derecho de información, reunión y manifestación y multas inasumibles para la mayoría de vecinos y vecinas componen el cóctel con el que Daniel Ortiz y sus compañeros del Partido Popular pretenden silenciar cualquier voz crítica en la ciudad. Una ordenanza que muestra el verdadero rostro del Alcalde hereditario de Móstoles y sus acólitos, pese a que ultimamente se vistan de “verdes” y “transparentes”.