Interior fabrica una escena que legitime sus reformas

“Los antisistema buscan extender el efecto Gamonal” o “Así es la conexión ‘abertzale’ de los grupos radicales en Madrid” eran algunos de los titulares de las últimas semanas en los diarios ABC o El Mundo. Por las mismas fechas, la agencia EFE difundía un teletipo encabezado con un “¿Qué grupos ‘revientan’ las manifestaciones en España?”. La nota, reproducida por varios medios de comunicación, hablaba en unos términos de resonancia militar que recordaban al tratamiento informativo que se hace de las noticias sobre ETA y la izquierda abertzale al señalar que existe un “brazo político” y un “brazo ejecutor” de las supuestas acciones violentas.

Estos documentos establecen supuestamente la conexión entre lo que en términos policiales es el “mundo abertzale” y la izquierda social madrileña Los artículos se basaban sólo en informes de la Brigada de Informa­ción que no se han hecho públicos en ningún momento. Estos documentos establecen supuestamente la conexión entre lo que en térmi­nos po­li­ciales es el “mundo abertzale” y la izquierda social madrileña, especialmente señalando las organizaciones  Izquierda Caste­llana o Coordinadora 25S. Estos grupos, sus locales y algunos militantes con nombres y apellidos quedan señalados como cabezas organizativas.

Gamonal connection

Estas informaciones proliferaron tras los conflictos en el barrio burgalés de Gamonal, la huelga de basuras de Alcorcón o la protesta ante el congreso del Partido Popular en Valladolid, y pocas semanas antes de la llegada de las Marchas de la Dignidad a Madrid el próximo 22 de marzo. Varias personas que participan en movimientos sociales madrileños analizan con DIAGONAL lo casual o no de esta coincidencia temporal.

Sara López, de la Comisión Legal Sol, un grupo jurídico originado en las acampadas de 2011 que suele cubrir las manifestaciones y actos de protesta de los colectivos sociales madrileños, comenta a DIAGONAL que “Interior está sentando las bases para legitimar las reformas legislativas que se han planteado últimamente, como la del Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana, generando la imagen del ‘enemigo’, algo que aparece como fundamental de cara a justificar la lógica del ‘derecho penal del enemigo’ que está intentando desarrollar el Minis­terio de Interior”.

Prosigue López: “Si nos fijamos en las últimas declaraciones de Cifuentes, aparece una cierta contradicción. Según los datos aportados por la delegada del Gobierno, sólo en un 8% de las manifestaciones ha sido necesario desplegar material antidisturbios, dato por el cual no se justifica una reforma legislativa de tan amplio calado como la que se plantea desde Interior”.

El fantasma antisistema

Cuando preguntamos a López sobre la motivación última de la puesta en marcha de estas estrategias por parte de la Policía y los medios de comunicación, explica que “da la sensación de que necesitan volver a inflar un fantasma muy específico, lo que comúnmente denominan como antisistema. Incluso pareciera como si desde Delegación del Gobierno se estuviesen fabricando escenarios de cara a la ejecución de una obra de teatro que están preparando.

Por ejemplo, en la manifestación del pasado 14 de diciembre, que se convocó bajo el lema ‘Rodea el Congreso’, había un supuesto periodista empotrado en el cordón policial para que grabase los disturbios. Dejaron un coche de Policía en mitad de la manifestación, con un bloque de antidisturbios a pocos metros, que no hace nada por rescatarlos, una imagen que nos recuerda los trágicos sucesos que acabaron con la vida de Carlo Giuliani en Génova en 2001. Sólo en el último momento es cuando actúan los antidisturbios”. Para concluir, se pregunta: “¿Por qué no intervinieron previamente? ¿Acaso buscaban una foto que legitimara la reforma legislativa que están poniendo en marcha?”.

Campañas de criminalización

En un reciente comunicado, la Coor­dinadora 25S manifestaba su preocupación ante los mencionados informes policiales al afirmar que si para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prima la persecución de colectivos sociales antes que los gravísimos problemas de corrupción: “Estamos ante un tremendo problema de perversión en la elaboración de las prioridades de esta institución”.

Según René Otaduy Paz, que participa en la Coordinadora 25S, la estrategia no es aislada y se basa en un historial de montajes policiales: “Ha habido muchas en Madrid. Algunas han coincidido con momentos como las huelgas generales. Recordemos el caso de Alfon, o la primera convocatoria de Rodea el Congreso, el 25 de septiembre de 2012, en la que varias personas tuvieron que declarar ante la Audiencia Nacional, pero también con los escraches realizados por la PAH o la oleada de detenciones en el seno del antifascismo en la llamada ‘caza de brujas’. Estas nuevas campañas de criminalización y represión se enmarcan en un contexto de aumento de las respuestas populares frente al tsunami que vivimos en forma de agresiones neoliberales”.

En la medida en la que aumenta la respuesta popular organizada, también aumenta la respuesta por parte del Estado tratando de impulsar toda una serie de reformas en el ámbito penal y legislativo Respecto a los motivos que impulsan la última campaña, comenta: “Las campañas de criminalización pueden cubrir varios objetivos de forma simultánea. En la medida en la que aumenta la respuesta popular organizada, también aumenta la respuesta por parte del Estado tratando de impulsar toda una serie de reformas en el ámbito penal y legislativo encaminadas a  dificultar el ejercicio de la resistencia popular. No es descartable que los ataques cobren nuevas formas ante la llegadas de las Marchas de la Dignidad el 22 de marzo”.

Por otro lado, señala Otaduy, “a la hora de analizar esta campaña especialmente centrada en la Coor­di­nadora 25S e Izquierda Caste­llana, habría que tener en cuenta varios elementos. Por un lado, que hemos sido capaces, junto a otros colectivos, de impulsar una serie de movilizaciones en una línea de ruptura con el régimen monárquico del 78 en clave destituyente-constituyente. Por otro lado, que estas acciones desde la desobediencia civil han logrado, según creemos, poner muy nerviosos a los poderes políticos y mediáticos y, en ese sentido, la campaña la interpretamos como el intento de poner freno a esa línea política y de movilización”.

Búsqueda de división

Conversamos también sobre la estrategia represiva y la legitimidad de las acciones de desobediencia. “La estrategia represiva sigue unos pasos que buscan generar contradicciones y divisiones en el seno de los movimientos. En este momento estamos viviendo un proceso de maduración de los movimientos sociales, así como un proceso de acumulación de fuerzas, y también asistimos a un debate sobre la contradicción entre reforma y ruptura.

En paralelo, está aumentando el ejercicio de diferentes formas de autodefensa frente a toda la batería de agresiones en forma de desahucios, recortes o despidos que sufrimos, como, por ejemplo, en Gamonal, en la huelga de la recogida de basuras de Alcorcón o en el último desahucio en Lavapiés. Éstos podrían ser indicadores claros en este sentido. Porque más allá del marco legal para ejercer la protesta en defensa de nuestros derechos, aumenta la percepción de que es necesaria y legítima la puesta en práctica de formas de lucha desobedientes que vayan más allá de esa legalidad impuesta”.

Una lógica a la que no son ajenos los medios de comunicación, según opina Otaduy: “Los grandes medios responden a unos intereses económicos y políticos y van a continuar jugando el papel de generar una realidad favorable a esos intereses. Ahora bien, gracias a las redes sociales y a numerosos medios de comunicación populares como DIAGONAL existe la posibilidad de acudir a consultar las propias fuentes y las voces de los sujetos colectivos que son objeto de la criminalización y la represión. Pero, obviamente, los medios de comunicación de masas siguen teniendo un gran poder que no deberíamos despreciar. Por lo que el apoyo de las redes y herramientas de comunicación libre y al servicio de los intereses de la mayoría social sigue siendo algo prioritario para los colectivos que estamos por la trans­for­ma­ción social y política”.