La Audiencia obliga al juez a que impute al alcalde León un delito de desobediencia por los áticos de su casa
La Audiencia Provincial ha desenterrado el caso de los áticos del alcalde de Valladolid con un demoledor auto que cuestiona abiertamente el archivo decretado por el juez instructor (César Gil Margareto) y coloca al primer edil, Javier León de la Riva, a un paso del banquillo de los acusados para que responda de un delito de desobediencia a los tribunales de justicia.
La Sala, que ha atendido los recursos presentados por la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado y la propia Fiscalía, considera que “no nos encontramos ante una mera posibilidad o sospecha de que se haya podido cometer por parte del imputado [el alcalde] un delito de desobediencia, sino que su actuación (documentalmente acreditada), sí es probable de ser considerada como delictiva”.
Este auto ubica a Javier León en una más que delicada situación, ya que otros miembros de su partido y de su propio grupo municipal, en similares circunstancias, han presentado su dimisión. Una posibilidad que el alcalde ha descartado esta misma mañana, arropado por los concejales de su grupo que tienen responsabilidades en el equipo de Gobierno, al asegurar que no dimitirá y mantener su candidatura para los comicios de 2015, tras haber consultado a los máximos dirigentes de su partido en la provincia y la Comunidad: Ramiro Ruiz Medrano y Juan Vicente Herrera, respectivamente.
Javier León, sin el peculiar gracejo que usa habitualmente en sus comparecencias, se ha esforzado en dejar claro que el delito que ahora se le imputa “nada tiene que ver con la corrupción”, que en este caso “no ha habido enriquecimiento personal” de ningún tipo y que fueron “problemas técnicos” los que le impidieron dar cumplimiento a la sentencia del TSJ que lo obligaba y le hacía responsable directo de la demolición de lo construido en el inmueble donde él mismo reside y que fue declarado ilegal.
El auto de la Audiencia es contundente y desarma el argumentario del alcalde punto por punto cuando afirma, entre otras cuestiones, que “lo realmente acontecido es que la Sala de lo Contencioso Administrativo se ha visto obligada a ‘dirigir’ paso a paso la ejecución –forzosa- de las obras para, en cumplimiento de su misión constitucional, hacer ejecutar lo juzgado”.
La Audiencia no pierde la ocasión de cuestionar el trabajo desarrollado por el juez instructor, al que recrimina que en su auto de archivo se olvidara de señalar que en el fallo del TSJ “se le concedía un plazo de tres meses para hacer efectivo el cese de utilización de las construcciones amparadas por las licencias de ocupación anuladas”, así como que interpretara que el comportamiento del alcalde era el “lógico y habitual” de todos los que son obligados a cumplir una sentencia judicial.
“Parece difícil justificar, como ‘lógico y habitual comportamiento’ que una Administración Pública, en este caso, el Ayuntamiento de Valladolid, retrase o dificulte la ejecución de una resolución judicial pero, en todo caso, tanto la actuación del sujeto requerido, como los acuerdos adoptados por el sujeto obligado, empleando la terminología del auto, constituyen motivos bastantes para entender que existe la intención de desobedecer, como negativa u oposición voluntaria, tenaz, contumaz y rebelde, obstinada y recalcitrante de acatar el mandato judicial, que revela el propósito de desconocer deliberadamente la decisión de la autoridad judicial”, afirma literalmente la Audiencia en su auto de reapertura del caso.
Refiriéndose de nuevo al auto de archivo del juez cuando afirma que el alcalde “no tiene en su mano ejecutar, pero sí promover la ejecución y los trámites precisos para ello” la Audiencia entiende que “León de la Riva, después de haber sido designado como órgano responsable del cumplimiento, y requerido por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en los términos que se han señalado más arriba, como consta documentado en autos, se ausentó de las sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando se iba a tratar la aprobación de los distintos proyectos a que se ha hecho referencia, para no participar en el debate y votación de ese punto del orden del día”, cuestión que “también revela una reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo, no dando cumplimiento al mandato judicial”.
El auto también rebate el intento del alcalde de ampararse en supuestas dificultades técnicas para cumplir el mandato del TSJ: “Como se ha certificado por la Sala, el Ayuntamiento nunca pidió aclaración alguna acerca de las obras que debía llevar a cabo, y no puede atribuirse tal carácter a la aprobación de sucesivos proyectos –nunca precedidos de consulta al órgano judicial- que hubieron de ser anulados precisamente por incumplir el mandato judicial”.
Dimisión
A la espera de que la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Antonio Machado’ reúna a su junta directiva para valorar este pronunciamiento de la Audiencia, el Grupo Municipal de IU ha hecho público un comunicado en el que “considera que el alcalde debe dimitir y dejar su puesto a otro miembro de su grupo político”.
“En el momento actual se acumulan todo tipo de sentencias contra el Ayuntamiento que condicionan gravemente la política municipal, tanto por su amplitud y diversidad (hay sentencias negativas recientes en las áreas Hacienda, Urbanismo, Movilidad, Seguridad, Presidencia, Participación), como por poner en tela de juicio directamente el comportamiento del alcalde frente a la justicia. Un panorama distorsionador que impide actuar con la suficiente serenidad y merma el tiempo que, en estos momentos de grave crisis, reclama el gobierno de la ciudad. No se puede gobernar en estas circunstancias y tampoco se debe hacerlo, por más que el alcalde diga que los órganos de su partido le avalan”, sostiene el portavoz de IU, Manuel Saravia.
IU entiende que “el auto conocido hoy pone en su lugar” al alcalde. “No tiene escapatoria y tendrá, finalmente, que dar esas explicaciones públicas a las que se resistía” cuando recomendó a los concejales de IU “dedicarse al circo” cuando éstos le pidieron explicaciones sobre este mismo caso.
Tan sólo unos meses después de pronunciar aquella frase ha sido la Audiencia quien ha convertido al alcalde de Valladolid, Javier León, en único protagonista de un “circo judicial” que tiene instalada su carpa en los áticos del inmueble donde él mismo reside.
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