- Asaja Castilla y León ha pedido una reunión con el Consejero de Sanidad para que aclare algunas informaciones sobre la reducción de personal especializado
- Esta organización pide a los alcaldes que se rebelen contra las decisiones de la Junta que perjudiquen los servicios públicos del municipios
- En los próximos dos años se eliminarán 67 médicos y enfermeras del medio rural
La organización agraria Asaja de Castilla y León ha pedido una reunión urgente con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, para que aclare las “alarmantes informaciones que se han conocido estos días sobre el traslado y la amortización de plazas de médicos y enfermeras en el medio rural”. Para la OPA, “en este tema llueve sobre mojado”, porque apenas han transcurrido unos meses desde la polémica sobre la amenaza de suprimir de guardias nocturnas en diferentes comarcas dela Comunidad autónoma, que movilizó a cientos de habitantes del medio rural. También, hay que recordar que en 2013 se llevó a cabo una reducción de personal sanitario especializado en varias comarcas salmantinas.
La OPA recuerda que en muchos de los cientos de pequeños pueblos de la Comunidad, con una población envejecida y con una movilidad muy limitada, los servicios sanitarios se prestan un día a la semana, lo que es a todas luces insuficiente. Además, en los centros básicos de salud de las cabeceras de comarca las especialidades que se prestan son muy reducidas y para la mayoría de las pruebas diagnósticas se requiere el desplazamiento a la capital. Y a este problema se suma el del paulatino recorte del trasporte público en el medio rural, un serio problema para los ancianos que tienen cita médica para alguna especialidad o tienen un tratamiento diario que requiere de los servicios de un profesional sanitario.
“No se parte, por lo tanto, de una situación privilegiada, sino por el contrario de unos servicios sanitarios mínimos y muchas veces precarios, por lo que ahondar en los recortes es una absoluta falta de consideración para con los habitantes del medio rural”, subraya la OPA.
Asaja recuerda al Sacyl y en concreto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que la sanidad pública y de calidad es un derecho que asiste por igual a los habitantes de Castilla y León, y que los esfuerzos se han de dirigir a los más desprotegidos y necesitados, que en este caso es la población del medio rural en su mayor parte muy envejecida.
Es por ello que esta organización pide al presidente de la Junta que haga una política orientada al desarrollo rural que implique a todas las consejerías, ya que “no tiene sentido apoyar al campo o a las empresas, apoyar a los jóvenes para que se queden en los pueblos, y a la vez deteriorar servicios públicos como la sanidad, la educación o el trasporte público, sin los cuales el medio rural no puede ser atractivo para nadie”. Además, Asaja pide a los alcaldes que se rebelen contra las decisiones de la Junta que perjudiquen los servicios públicos del municipio, en particular los que tienen que ver con la salud, a la vez que se ofrece para apoyarles si determinan convocar actos de protesta.
Declaraciones de Esperanza Vázquez
La directora general de Recursos Humanos de la Junta de Castilla y León, Esperanza Vázquez, informó hoy en Palencia que las mesas sectoriales llevarán a cabo en los próximos meses y hasta el 31 de diciembre de 2015 la redistribución de 67 plazas de médicos y enfermeras en la Comunidad, que serán trasladados del medio rural al urbano para hacer un reparto equilibrado de las cargas asistenciales. Insistió que en ningún caso supondrá que “donde hay un médico y una enfermera dejará de haberlo porque serán sustituidos” y que lo que el plan persigue es repartir la carga. “Hay quien no tiene 78 tarjetas sanitarias cuando la media de la Comunidad ronda las 200 y otros médicos tienen que atender más de 2.000; de lo que se trata es de equilibrarlo”, puntualizó sin dejar de prestar el servicio ni reducir su calidad.
Asimismo, Vázquez informó que la segunda parte del plan de reestructuración de Atención Primaria, que incluía la amortización de 180 plazas en toda la Comunidad, se paraliza al menos hasta que concluya el plazo de vigencia de dicho plan, el 31 de diciembre de 2015.
De esta manera, confirmó que las 180 plazas se mantendrán y las personas que las ocupan “seguirán trabajando”. “Todo aquello que pueda tener efecto más allá de esa fecha se retira y será a partir de enero de 2016 cuando se vuelva a analizar y se tomarán decisiones en función de la nueva fotografía y necesidades que presente la Comunidad”, avanzó.