La denuncia presentada por un vecino de Burgos contra empresa “Nuevo Hospital de Burgos S.A.”, que ya se ha traducido en la apertura de un expediente sancionador por parte del Ministerio de Economía, aunque sólo por no haber presentado las cuentas de 2011 a tiempo, pone de manifiesto el incumplimiento de, al menos, 7 directivas y 3 tratados europeos.
Así consta en la documentación que ha sido remitida a la Comisión de las Comunidades Europeas a la que ha tenido acceso últimoCero y en la que el vecino denunciante apunta como denunciados al Banco Europeo de Inversiones (BEI), a la Junta de Castilla y León, la Sociedad Patrimonial de Castilla y León S.A., la Gerencia Regional de Salud y la sociedad Nuevo Hospital de Burgos S.A., la empresa privada que se encarga de gestional el hospital y de cuyo accionariado formaron inicialmente parte la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos, Santander Infraestructuras F.C.R., Gerens Management Group S.A., Grupo Norte, Obrascón Huarte Laín S.A., Urbanizaciones Burgalesas S.L., Caja de Ahorros de Ávila, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Corsán Corviam S.A. y la empresa Invergestión Sociedad de Inversiones y Gestión S.A.
La denuncia, además de relatar minuciosamente todos los pasos administrativos dados para permitir la construcción del centro asistencial, relata cómo en 2011 “sin haberse terminado la construcción del nuevo hospital, la Junta de Castilla y León avala ante el Banco Europeo de Inversiones un crédito por valor de 128 millones, a favor de la Sociedad Patrimonial de Castilla y León S.A., con el objeto de que este capital sea destinado a su vez al apoyo financiero de la construcción del nuevo hospital”. Sin embargo, según se hace constar en la denuncia “no está dentro de los objetivos del BEI la financiación de iniciativas privadas” ni tampoco “dentro de los objetivos de la Sociedad Patrimonial de Castilla y León”, como tampoco estaba recogida en el pliego de concesiones la posibilidad de “alterar la propuesta económica de la concesionaria ni la modificación de su plan de financiación”.
Este último punto no ha sido impedimento para que la Junta de Castilla y León haya inyectado millonarias sumas de dinero a los gestores del hospital, a los que ha llegado a garantizar unos beneficios anuales del 7%, como ya informó y documentó últimoCero el 1 de marzo de 2013.
Para el denunciante, “a pesar de que la operación está declarada de especial interés, se contrapone a la normativa del BEI, la Sociedad Patrimonial de Castilla y león S.A., la Ley de Contratos Públicos y la normativa sobre competencia y ayudas estatales así como las normas de colaboración público-privada”.
Más ‘irregularidades’
Pero no acaban aquí las presuntas irregularidades. Aunque inicialmente estaba previsto que el nuevos hospital comenzara a funcionar en 2009, no fue hasta mayo-junio de 2012 cuando se inició la actividad “puramente asistencial” sin que se conozca “si se ha impuesto sanción por tal retraso, tal y como establecía el pliego de condiciones”.
Además, “parte del equipamiento del Hospital General Yagüe (sillas, estanterías, organizadores, palos de gotero, bombas de perfusión, instrumental quirúrgico, etc) ha sido trasladado para su uso en el nuevo hospital, dando así un uso privado de bienes exclusivamente públicos” y contraviniendo de esta forma el pliego de condiciones que disponía el completo equipamiento del hospital. El denunciante, en su comunicación a la Comisión de las Comunidades Europeas, asegura disponer de fotos que acreditan todo lo recogido en su denuncia.
A todos estos puntos, se suma la no entrega de las cuentas anuales de la sociedad que gestiona el hospital y que ya ha dado lugar a la apertura de un expediente sancionador por parte del Ministerio de Economía.
Para el denunciante, de todos estos puntos puede deducirse “una situación de ventaja y privilegio hacia la concesionaria (…) en contra delas condiciones publicitadas, en detrimento de candidatos a los que se les ocultaron estas ventajas y ayudas en el pliego de condiciones inicial, por lo que cabe deducir que se ofertaron unas condiciones poco atractivas para evitar candidatos y poder favorecer a posteriori a la empresa adjudicataria con total oscuridad”.
El denunciante, que ha intentado sin éxito que la Junta le facilite información relativa a las condiciones de licitación del contrato y sus posteriores modificaciones, también denuncia que “se niega información sobre planes de emergencias y prevención de riesgos laborales, planes de protección medioambiental y planes de eficiencia energética”.
Por si esto fuera poco, entiende que “se ejerce un abuso de posición dominante respecto del uso de los espacios complementarios que impiden la libre competencia (comercios de parafarmacia, ortopedia, farmacia, funeraria, hostelería y aparcamiento) ya que el hospital está aislado y alejado de otras zonas comerciales y áreas de aparcamiento, suponiendo esto unos precios muy por encima de los del mercado (hostelería y aparcamiento)”, sin que “ni enfermos ni familiares tengan la posibilidad de aparcar en ningún otro aparcamiento cercano”.
Este ciudadano de burgos, que ya ha solicitado información sobre todos estos aspectos que ahora incluye en su denuncia al presidente de la Junta de Castilla y León, el burgalés Juan Vicente Herrera, al Procurador del Común y al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ya sabe con qué numero ha quedado registrada su denuncia ante la Comisión Europea: CHAP(2013)02695.
Ahora sólo resta por saber si, a la luz de todos los datos aportados, la Comisión decide abrir un procedimiento de infracción o si, por el contrario, decide archivar la denuncia. En cualquier caso las autoridades europeas en la materia ya le hecho saber al denunciante que “el problema que plantea requiere un examen en profundidad” y que la decisión final sobre la denuncia se producirá “a más tardar, en un plazo de 12 meses”.