La huelga indefinida del servicio de recogida de basuras de Alcorcón, contra los planes de privatización de parte de la empresa pública ESMASA, ha entrado en su tercera jornada con un seguimiento del 100% de la plantilla. La jornada ha estado marcada por la orden del gobierno de David Pérez (PP) de que los servicios mínimos –que afectan a un 50% de la plantilla- recojan toda la basura que se acumula en la ciudad sin proceder a su separación entre reciclable y orgánica.
David Pérez (PP), alcalde de Alcorcón, afirmaba el pasado jueves que la huelga iba a ser “un fracaso antes de producirse”, al tiempo que acusaba a los trabajadores de hacer una “huelga por motivos políticos”. Tan sólo han tenido que transcurrir tres jornadas de huelga, con una participación del 100% de los trabajadores de la empresa pública ESMASA que realizan la recogida de basuras, para que David Pérez haya tenido que decidirse a “ayudar” a que se cumpla su vaticinio de fracaso. Para reventar la huelga ha ordenado que los servicios mínimos recojan la basura mezclando orgánica y materiales reciclables, una orden que vulnera directamente la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados donde se establece que las Entidades Locales habilitarán espacios, establecerán instrumentos o medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso, comerciales a los que es preciso dar una gestión diferenciada bien por su peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar los residuos para su reutilización.
Las órdenes impartidas por el alcalde también vulneran numerosas disposiciones legales sobre seguridad laboral y prevención de riesgos laborales y son un claro atentado contra el derecho constitucional de huelga, ya que ha obligado a los trabajadores designados como servicios mínimos –el 50% de la plantilla- a realizar el trabajo de sus compañeros en huelga.
Presión sobre los trabajadores.
La dirección de Esmasa, con los cargos de confianza del Ayuntamiento a la cabeza, está obligando a salir a los trabajadores en camiones no aptos para circular, con el objetivo de presionar a los servicios mínimos y mostrar mano dura haciéndolos trabajar en condiciones insalubres. Esta práctica, que puede calificarse como pistolerismo empresarial, ha sido denunciada por el Comité de Empresa a la Inspección de Trabajo.
A la presión física se ha sumado también la que ejercen los medios de prensa al servicio del Partido Popular que, como es habitual, se han lanzado de inmediato a una campaña mediática para descalificar y difamar a los trabajadores. ABC, La Razón o Telemadrid son algunos de los medios que hoy tildan el conflicto como una huelga política contra el Partido Popular, sin hacer mención alguna al incumplimiento del acuerdo firmado el año pasado por el que los trabajadores reducían su salario a cambio de que no se privatizase ningún servicio.
