La participación en una protesta pacífica contra los recortes educativos puede suponer pena de cárcel para cuatro docentes y un ciudadano de Guadalajara, toda vez que la acusación particular que representa a varios policías municipales de Guadalajara solicita dichas penas, además de fuertes multas. A través de este enlace puedes firmar una petición al alcalde de Guadalajara para que evite que cinco ciudadanos vayan a la cárcel por expresar su oposición a las políticas de recortes del PP.
Antonio Román Jasanada, alcalde de la ciudad Guadalajara y diputado nacional del Partido Popular por la misma provincia en el Congreso, puede evitar esta barbaridad mediando ante la acusación particular -el Jefe de la Policía local y varios subordinados- para que retire los cargos contra las personas imputadas, pues él mismo fue testigo directo de los hechos e incluso conversó pacíficamente con varias personas que no hacían más que expresar su desacuerdo con las políticas educativas del Partido Popular.
Se hace necesario explicar con detalle los hechos para comprender el sinsentido que supone pedir fuertes multas y unas penas de cárcel que impican ingreso en prisión, incluso careciendo de antecedentes penales. El pasado 7 de septiembre de 2011, centenares de docentes y ciudadanos de Guadalajara interrumpieron el pregón oficial de las fiestas locales, que transcurría en el teatro Buero Vallejo, para expresar su oposición a las medidas de recorte en la educación pública, publicadas por la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ese mismo día.
Dichas medidas implicaban reorganizar el curso en un breve plazo de 48 a 72 horas, el traslado forzoso de miles de profesores interinos de la región, el desempleo para 800 de estos profesores así como el fin de muchas horas de refuerzo, desdobles, laboratorios, bibliotecas, etc. en perjuicio de los alumnos castellano-manchegos.
Tras una concentración de más de medio millar de personas -mayoritariamente docentes, pero también padres y alumnos- ante los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de la Junta para protestar contra estas medidas, los presentes decidieron de forma espontánea continuar con su protesta en el teatro Buero Vallejo al encontrarse allí las autoridades locales con motivo del pregón oficial que daba inicio a las fiestas de Guadalajara. La protesta interrumpió dicho pregón a base de voces, zapateados, pitos y lemas contra los recortes, pero en ningún caso los llamados “sucesos del Buero Vallejo”, tuvieron un carácter violento más alla de leves forcejeos en algunas puertas de acceso a la sala por la aglomeración de gente. Incluso, una vez cancelado el acto, varios políticos locales y manifestantes debatieron tranquilamente en el hall del teatro sobre los motivos y la forma de la protesta.
Poco tiempo después, se produce la imputación de cuatro profesores y un ciudadano -identificados de manera poco clara- acusados de desórdenes públicos y atentado continuo contra la autoridad. En contra del criterio inicial de la fiscalía, la Audiencia Provincial de Guadalajara decidió continuar el proceso por la vía penal y la acusación particular ha pedido cuatro años de cárcel y multa de 1200 euros para cada uno de los encausados.
A lo largo de los últimos años, el colectivo docente ha expresado reiteradamente su rechazo a los recortes y, en ningún caso, puede achacársele comportamientos violentos ni desórdenes públicos. La protesta social es una forma legítima de actuación contemplada en el ordenamiento jurídico y político español y resulta a todas luces excesivo y desmesurado solicitar esas penas, salvo que su objetivo sea disuadir y amedrentar a todo el que no esté de acuerdo con determinadas políticas, ejerciendo un efecto disuasorio y ejemplarizante impropio de una sociedad democrática. Escoger para ello a cinco cabezas de turco, entre centenares de personas que protestaban, tampoco parece muy legítimo. Numerosos colectivos, empezando por los de carácter docente, han mostrado su apoyo y solidaridad con los imputados y han pedido que el sentido común y la cordura reconduzcan este proceso hasta llegar a la retirada de los cargos. Pero el proceso continúa su curso y la amenaza de cárcel sigue ahí.
Aunque el Ayuntamiento de Guadalajara dice no estar personado en la causa, parece que sí podría hacer algo para evitar que este demencial proceso continúe. Antonio Román Jasanada, como alcalde de la ciudad de Guadalajara y diputado provincial, tiene la oportunidad de mediar ante la Policía Municipal y evitar que este proceso, al criminalizar la discrepancia política, pueda suponer una quiebra de la convivencia entre los ciudadanos a los que representa.