El Gobierno ha aprobado la reforma de la ley del aborto, que retrotrae España 30 años atrás y supone un marco legal más restrictivo, incluso, que el de países tradicionalmente católicos como Italia o Polonia.
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Protestas ante las sedes del PP contra la reforma de la ley del aborto que aprueba hoy el Gobierno
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Gallardón asegura que el PP defiende a las mujeres con su contrarreforma de la ley del aborto
El Gobierno de Mariano Rajoy ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada, que sustituirá la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva. El aborto pasa de ser un derecho a considerarse delito excepto en dos casos: la violación y el riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer. La norma es aún más restrictiva que la rigió en España entre 1985 y 2010, que añadía un supuesto más: el de la malformación del feto. En ese caso, Gallardón sólo ha concretado que si «existe riesgo psíquico para la mujer» por la existencia de anomalías fetales «incompatibles con la vida», se requerirán dos informes: uno sobre el riesgo de daño para ella —debe suponer «un menoscabo duradero» de su salud— y otro sobre el estado del feto, en el que «quede probada» dicha incompatibilidad con la vida. Dichos informes tendrán deberán ser elaborados por dos médicos que no trabajen en el centro donde se vaya a realizar el aborto.
Actualmente, y desde el año 2010, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva garantiza a las mujeres el derecho a decidir libremente la maternidad. Pueden abortar sin dar explicaciones hasta la semana 14 de embarazo. A partir de entonces, y hasta la semana 22, pueden hacerlo sólo si se aprecian malformaciones fetales o si hay riesgo para la salud de la madre. Después de este tiempo, la interrupción del embarazo sólo está permitida si un comité médico determina que hay una malformación grave o incompatible con la vida.
Según ha explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la ley «libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal» y obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno antes de interrumpir el embarazo. «Recupera el equilibrio marcado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985», ha dicho el ministro, quien ha asegurado que también aporta mayor seguridad jurídica a los profesionales que practican el aborto. «En el supuesto dramático del aborto, la mujer nunca es culpable, es víctima», ha sentenciado el ministro.
Protesta en Moncloa contra la «pérdida de derechos de las mujeres»
Una veintena de mujeres de la plataforma Decidir nos hace Libres se han concentrado este viernes frente al complejo del Palacio de la Moncloa con pancartas en favor del derecho a decidir sobre su maternidad, en las que reivindican el «aborto legal y seguro» frente a la reforma de la legislación actual. Las manifestantes han representado una performance para tender una alfombra roja a «los derechos sexuales y reproductivos», derechos que con la nueva legislación, estarán en su opinión, comprometidos, informa Europa Press.
La portavoz y presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha afirmado que la reforma «va a suponer un retroceso muy importante no solamente sobre los derechos de las mujeres sino sobre la propia regulación del aborto». «Si se cumplieran todos los anuncios que el Gobierno ha hecho al respecto, estaríamos ante una legislación incluso peor que la que había antes en España. Llevamos dos años trabajando y vamos a seguir haciéndolo para que cualquier modificación que se quiera hacer se corresponda con la realidad social y las opiniones sociales que existen sobre este tema, y no sobre planteamientos meramente ideológicos», ha afirmado.
No es la única protesta prevista para esta jornada en la que verá la luz, después de dos años desde que se anunciara, la propuesta del Gobierno para reformar la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las organizaciones de mujeres se han movilizado para convocar protestas en distintas ciudades del país frente a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, sedes locales del PP y en plazas significativas. La concentración central tendrá lugar a las siete de la tarde en Madrid, frente al Ministerio de Justicia.
Detrás están distintas entidades, muchas aglutinadas bajo la llamada marea violeta, junto a plataformas como la citada Decidir nos Hace Libres, de la que forman parte 328 asociaciones, redes y ONG de todo el Estado, como la Federación de Mujeres Jóvenes o la de Mujeres Progresistas, Católicas por el Derecho a Decidir, UGT y Comisiones Obreras o Médicos del Mundo.
El manifiesto de esta plataforma denuncia que la reforma acarreará «una pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva» que «expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las mujeres». Asimismo, condena «la lamentable argumentación decimonónica que enfatiza como único derecho de la mujer el de la maternidad sin libre elección» y «la arbitrariedad» que, aseguran, reina «en el manejo y uso del concepto ‘derechos'» cuando se trata de aborto. «Denunciamos que la negación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres conlleva el retroceso en cuestiones tan básicas como la educación sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia. Afirmamos, por el contrario, que sí hay derechos específicos de la mujeres en salud sexual y reproductiva y debe haber, por tanto, derecho a prestaciones específicas en la cartera nacional básica de servicios sanitarios», reza el texto.