La última comunidad que ha eliminado la paga extra en la administración ha sido Murcia. El 21 de noviembre, el PP de la comunidad presidida por Ramón Luis Valcárcel rechazaba las enmiendas de la oposición y seguía adelante con su intención de rebajar –otra vez– el poder adquisitivo de funcionarios, personal del Servicio Murciano de Salud, personal eventual, empleados de universidades públicas y la plantilla de organismos dependientes de la comunidad. El día 25, la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia denunciaba que más de 2.000 maestros y maestras no podían celebrar el «día del docente» como consecuencia de los recortes. Hoy, 26 de noviembre, el Ministerio de Hacienda trasladaba a distintas comunidades autónomas –entre ellas Murcia– el rapapolvo que la Unión Europa lanzaba el viernes pasado. Más recortes, más ajustes, más rigor o, dicho de forma aséptica, medidas adicionales. Dos feudos del PP y dos comunidades en disputa, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la citada Murcia, deben congelar partidas en los presupuestos según el ministerio de Montoro, con el objetivo de ajustarse a los objetivos de déficit, que las cuatro comunidades incumplieron al final de 2012.
La supresión de pagas extra o la amortización de plazas, es decir, la destrucción de empleo público, son algunas de las medidas con las que las distintas administraciones intentan cumplir los férreos objetivos marcados por instancias superiores. Los 390.000 puestos de trabajo eliminados por el Gobierno y las comunidades autónomas desde la llegada de Rajoy al Gobierno y el bocado del 25% a las partidas de los distintos ministerios no han sido suficientes para la Unión Europea a la hora de exigir más ajustes. La comparecencia del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el pasado 22 de noviembre, dejó una nueva cifra: el Gobierno español se compromete a recortar otros 2.500 millones de euros a cambio de cierta benevolencia en el incumplimiento del déficit. En el juego de pregunta-respuesta entre la Comisión Europea, brazo fuerte de la troika en estos momentos, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicaba el lunes 24 que el Gobierno sigue adelante con la reducción de sociedades públicas y está procediendo a la eliminación de 738 empresas. Junto con esto, Sáenz de Santamaría aseguró que se seguirán vendiendo inmuebles del patrimonio que “no se usan” o se “infrautilizan”. Los presupuestos de Economía para 2013 avalan el adelgazamiento exhibido por la vicepresidenta: el gasto de los entes públicos cae 300 millones con respecto a 2012, al tiempo que los ingresos patrimoniales aumentan de 13 a 20 millones.
Reformas “de calado”
Sin embargo, al margen de las reformas de «segunda generación», que afectan a administraciones locales, de la reforma de los ERE del pasado agosto y de otras como las del aborto (postergada al menos hasta 2014), o la Ley de Seguridad Ciudadana, la comparecencia de Dijsselbloem dejó un titular inquietante: la Comisión Europea habla de una “segunda reforma laboral”, sin especificar sobre su sentido tras «la reforma de la reforma» llevada en materia de negociación y despido colectivo. El País recogía unas declaraciones en las que el titular de Economía, Luis de Guindos, aseguraba que no se tocarán las prestaciones, y que la reforma se dirigirá a “la simplificación de contratos y la ampliación del contrato definido de apoyo a emprendedores y a trabajadores a tiempo parcial”; medidas que fueron avanzadas por Fátima Báñez en el último gran incendio generado en torno al modelo laboral para, posteriormente, dejar el tema en barbecho. Lo cierto, es que, pese a las manifestaciones, la reforma de julio de 2013 sí que supuso un recorte a las prestaciones y a los subsidios por desempleo mediante el endurecimiento del régimen sancionador.
Junto a este ajuste del ajuste del ajuste, el Gobierno mantiene cerrado el campo de la negociación de la reforma de las pensiones, otro punto rojo en la agenda de Bruselas para los Estados en deuda. Una reforma que no está siendo consensuada y que puede suponer una reducción de hasta el 28% del poder adquisitivo de los pensionistas, según CC OO. El miércoles pasado, el Congreso aprobaba una reforma, con pocas enmiendas, que seguirá a partir de ahora su trámite en el Senado para volver al Congreso en lo que será el segundo “pensionazo” después del Acuerdo Social de 2011.
Tras la llamada de atención de Bruselas, es previsible que el Gobierno incremente la presión sobre la mayoría de la población mediante una reforma de las pensiones que, paradójicamente, sigue apuntando a uno de los fondos más estables del Estado. Ahora mismo, y teniendo en cuenta que navidad es, como consecuencia de la paga extra, una época de adelgazamiento de los fondos para estas rentas, la llamada «hucha de las pensiones» dispone de más de 60.000 millones de euros, el equivalente al 5,77% del PIB. A pesar de ello, la presión sobre éstas continúa: hoy mismo la OCDE emitía un informe sobre la edad de retiro que acaba concluyendo que es «importante» que se fomente los sistemas privados. Dicho y hecho, la principal entidad beneficiada del rescate financiera emite estos días una campaña retro dedicada a convencer a la generación de los seis millones de parados de las bonanzas de sus planes de pensiones.
Las pensiones, siempre en el punto de mira
por Carmen Manssour
Después de la Ley La Ley 27/2011 de 1 de agosto, se acometieron los siguientes cambios: ampliación del número de años cotizados para tener derecho a la prestación, de 34 años se pasó a 37; se fijó la nueva edad de jubilación en 67 años y en caso de jubilación anticipada ahora es posible a los 61 años siempre que se tengan 33 años cotizados y el objeto del despido haya sido una situación de crisis de la empresa (anteriormente era a los 61 años, siempre que hubiese sido despedido por cualquier causa y tuviera 30 años cotizados). Por lo tanto, la ya actual Reforma de las Pensiones, además de retrasar la edad de jubilación en dos años, provoca la reducción del 9% en su pensión de jubilación definitiva.
Con la nueva reforma que el Gobierno tramita al margen del Pacto de Toledo, las pensiones se actualizarán con un nuevo índice de revalorización, al margen del IPC y en función de los ingresos y gastos del sistema, esto es: un nuevo indicador que fijará la cuantía en que subirán cada año las pensiones, lo que puede provocar una devaluación de las pensiones siempre que el índice de revalorización resulte inferior al IPC de ese ejercicio. Se establece, además, un criterio de ajuste de las pensiones a partir de los 67 años, de forma que la cuantía inicial de la pensión se recorte progresivamente.