El jefe de la unidad central de grandes contribuyentes Ignacio de Ucelay y varios inspectores más, presentaron su dimisión al entender que el cese de la inspectora es una decisión política al negarse ésta a retirar una sanción a la empresa multinacional CEMEX, cuyos asesores según diversas informaciones podrían haber trabajado con Montoro antes de ser Ministro.
La unidad de grandes contribuyentes se dedica a la fiscalización de las empresas más importantes. Dentro de este trabajo de fiscalización la inspectora cesada abrió, en Julio de 2011, un acta de inspección a la multinacional CEMEX que previsiblemente iba a desembocar en una sanción importante, de hecho la propia multinacional había provisionado siete millones de euros para pagar las posibles sanciones.
Los hechos han trascendido a la opinión pública tras emitir la organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) – que agrupa al 90% de los inspectores – un comunicado en defensa de la trabajadora, en el que lamentan la injerencia de decisiones políticas por encima de los criterios técnicos. Según el comunicado esta decisión traspasa todas las líneas rojas y podría proyectar una imagen de repudio público al colectivo de inspectores.
Desde el gobierno se han limitado a comunicar que el cuestionamiento de esta decisión «no ayuda» a luchar contra el fraude fiscal.
El fraude fiscal en el estado español asciende a unos 70.000 millones de euros al año y según los propios técnicos de hacienda, el 71% corresponde a grandes fortunas y grandes empresas. A pesar de ello, estos mismos profesionales han señalado en repetidas ocasiones que se dedican muchos menos recursos a perseguir este tipo de fraude que a controlar a los pequeños autónomos y las pymes.