Los peritos analistas del Ministerio de Hacienda destacan, en un informe remitido al juez José Castro, que investiga el caso Nóos, que no existe ningún documento, testimonio, producto o explicación concreta del trabajo y función que desarrolló el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, como asesor y consejero de grandes empresas. Los empresarios que, le pagaron cifras de hasta 220.000 euros al año, dieron al juez “expresiones vaporosas“ de su función, según se refleja en el texto remitido al magistrado. «No sabemos cuál fue el motivo por el que se le contrató, es así de sencillo», resumía en su declaración de diciembre de 2006 Ignacio Valentín Millán, vicesecretario del consejo de Altadis, que pagaba anualmente 30.000 euros al yerno del Rey. Ese y otros testimonios figuran en el informe de Hacienda en el que, sin embargo, no aprecia delito fiscal en las cuentas de Aizoon.
En un informe de 192 páginas en el que resume las posibles cantidades no tributadas en los ejercicios penalmente imputables, la suma de las cantidades no tributadas sería 281.000 euros entre los ejercicios 2007 y 2010, que en ningún caso superaría los 100.000 euros anuales. El umbral del delito fiscal está en una retención de 101.000 euros anuales por ejercicio.
Sin embargo hay abundantes pruebas de que Urdangarin estaba contratado por su “exclusiva condición personal“ y “circunstancias familiares“ inherentes, según reseñan los expertos de Hacienda al analizar los testimonios judiciales de los empresarios. Por ser quien era. Hacienda también ratifica que ninguna de las compañías aportó un aspecto concreto de su labor. Sí especifican que facturó en 2007 desde los 220.000 euros de la firma Mixta Africa, los más de 100.000 euros anuales de Motor Press o Lagardére y hasta los 30.000 de Aceros Bergara. El esposo de la Infanta Cristina, imputado por supuesta corrupción por sus negocios bajo sospecha desde el Instituto Nóos, y denunciado por tres supuestos delitos fiscales, cobró hasta 700.000 euros al año como teórico consejero experto de marcas y sociedades nacionales e internacionales, en la búsqueda de nuevas áreas de negocios o inversiones. Estuvo en Altadis y en la compañía real estatal de Marruecos.
El duque de Palma facturó e ingresó esos emolumentos a través de la sociedad Aizoon para tributar el mínimo. Aizoon, dice Hacienda, nada aportó al consejero Urdangarin, porque era una compañía sin estructura ni funciones. Y Urdangarin no generó estudios ni análisis para las empresas que le contrataron. Aizoon es propiedad compartida a medias con la infanta Cristiana. En el informe de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda se analizan los impuestos de sociedades abonados entre 2003 y 2012. El juez rastrea la posible conexión penal personal de la infanta Cristina por el uso de fondos de origen generados por Urdangarin a través de sus negocios de Nóos.